Fiscalía investiga si el exalcalde Quintero prevaricó al donar estos equipos, y si hubo interés ilícito y hasta posible enriquecimiento ilegal en la contratación por $118.000 millones que hicieron con firma bogotana.
Una semana antes de que el alcalde de entonces, Daniel Quintero, expidiera un decreto para legalizar la entrega de 80.000 ordenadores a estudiantes de Medellín una abogada de la Secretaría General había advertido que ese paso no se podía dar así, porque era inconstitucional.
Sin embargo, el secretario general, Fabio Andrés García, siguió adelante con el trámite del decreto 412 que finalmente fue firmado por Quintero, acompañado de otros cinco subalternos de su gabinete.
Todo parecía indicar que había que revestir de legalidad a como diera lugar una suma de entuertos que ocurrieron alrededor de la compra de los que Quintero llamó Computadores Futuro, un negocio que le significó a la empresa Nueva Era Soluciones SAS (NES) poder facturar más de $118.000 millones, siendo la venta más grande de toda su historia. Esta es una firma particular que lleva más de un cuarto de siglo contratando sobre todo con entidades del Estado.
En el mundo de los contratistas de la ciudad circula la versión de que alguien recibió $1.200 millones de comisión por ese contrato y que, como estas transacciones se hacen en efectivo y por anticipado para no dejar huella, fue necesario tramitar un préstamo por esa gruesa cantidad con un empresario del sector de La Bayadera que se dedica a la importación de repuestos de frenos para motos y carros.
El decreto 412 del 12 de mayo de 2023, “por medio del cual se reglamenta el Valle del Software” no solo sirvió para que, por cuenta de la administración Quintero, aliados suyos como el exalcalde Luis Pérez y otros allegados a este valorizaran sus tierras al permitirles construir en condiciones que antes no podían en el sector de Las Palmas donde se suponía que se iba a construir la sede principal de este proyecto bandera, sino que, en el caso de los Computadores Futuro, pretendió legalizar la entrega de los aparatos a particulares, complementando otras normas que ya se habían dictado sobre la misma materia.
El artículo 39 crea los incentivos especiales para el fomento de la ciencia y la tecnología dirigidos a estudiantes de los grados primero al once de colegios oficiales. Además, establece que una vez entregados estos incentivos, que es el término general con el que nombran a los computadores, deben ser descargados del inventario distrital.
Inicialmente, el programa había definido que los rectores de los colegios serían los intermediarios para que las máquinas llegaran a los beneficiarios, para asegurar su buen uso y para que las devolvieran al final del año, pero ya con esta norma pasaban a ser una especie de donación.
En el expediente del caso que reposa en la Fiscalía aparecen varios correos en los que los abogados que estudiaron internamente el caso advierten que no se puede hacer.
Específicamente uno de ellos que le enviaron a García, el último secretario General que tuvo Quintero, y a la subsecretaria de Prevención del Daño Antijurídico, Rosa Delia Ramírez, una semana antes de la expedición del mencionado decreto, les decía de manera contundente que este era inconveniente porque “cuando se habla de incentivos no necesariamente se hace referencia a donaciones y al darse baja del inventario de la administración de bienes muebles y seguros del Distrito, se entendería que es una donación, que realmente no está autorizada en ninguna norma de manera expresa e iría en contravía de lo dispuesto en el artículo 355”.
Este artículo de la Carta Magna dice de manera literal lo siguiente: “ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado”.
Y por más loable que suene entregarle un computador a un estudiante, habría riesgo de que sea considerado un detrimento patrimonial y esto también se los advirtieron los profesionales del derecho, según lo advertía el concepto técnico.
EL COLOMBIANO conoció además que aunque los computadores fueron entregados en su totalidad, si a documentos fuéramos, todavía son de propiedad del Distrito porque jamás fueron descargados del inventario.
Era tan evidente que conocían que la habían embarrado que casi en las postrimerías del periodo de Quintero, el 28 de diciembre de 2023, el secretario de Educación, Alexánder Arias, solicitó dar de baja los computadores, pero los cogió la noche y la nueva administración se ha negado después a finiquitar el trámite.
En este momento el equipo jurídico de la Alcaldía evalúa el galimatías jurídico, porque por un lado sería imposible recoger uno a uno los ordenadores, o si los poseedores se niegan a entregarlos resulta inviable demandarlos a todos; pero por otra parte, la administración actual podrían incurrir en un prevaricato si legaliza el traspaso de la propiedad a personas particulares.
Eso no quiere decir que simplemente el tema se vaya a echar en el cajón del olvido. De hecho, en este momento existe una denuncia en la Fiscalía General de la Nación y los investigadores han estado recolectando pruebas sobre el rosario de irregularidades que habrían sucedido antes y durante la ejecución del programa Computadores Futuro.
De acuerdo con el encabezado de la denuncia, los presuntos delitos detrás de los cuales van son contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción. Sin embargo, fuentes cercanas al caso indicaron que la terquedad de algunos funcionarios para sacar adelante este contrato con NES fue tanta que solo se explicaría por un interés indebido y, si los cargos previamente dichos salen adelante, la misma firma contratista podría ser señalada de enriquecimiento ilícito.
La firma que salió ganadora Nueva Era Soluciones ha estado bajo el control de Luis Andrés Rey Méndez, un joven empresario que comenzó vendiendo al menudeo componentes tecnológicos en el centro comercial Unilago, en el norte de Bogotá; después se independizó aprovechando que un tío suyo que le ha dado la mano es uno de los más grandes distribuidores mayoristas de tecnología en el país y empezó a escalar hasta hacer una fortuna.
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En registros, Rey ha declarado no solo el control de NES sino de cinco compañías más: Capitales MRR SAS, Laland Capital SAS, SMR Finance SAS, Inversiones MRR y Grupo Constructor Horizonte. A partir de ellas también ha liderado por lo menos un par de consorcios para contratar en Casanare y Arauca.
Los años en que ejecutó el contrato con el Distrito de Medellín marcaron la gran época para NES, pues duplicó sus ventas y ganancias al pasar de facturar $130.389 millones entre 2020 y 2021, ganando $15.183 millones en ambos años, a facturar $255.067 millones con utilidades por $32.706 millones en los dos años siguientes, de acuerdo con reportes contables a los que tuvo acceso este diario.
En su página web la firma tiene una galería con los logos que representan sus casos de éxito y está encabezada por el escudo de la Alcaldía de Medellín, aunque también están los del Distrito de Bogotá, la Policía y la Gobernación de Antioquia.
Todo eso no pasaría de ser algo anecdótico sino es porque coincide con los señalamientos que investiga la Fiscalía en el sentido de que esta compañía habría recibido un trato especial por parte del Distrito de Medellín, perjudicando de paso a los demás “jugadores” del concurso y yendo en contra de los intereses de los ciudadanos.
Para empezar, en el año 2020, cuando se sacó la subasta inversa para elegir al contratista que suministraría los equipos de cómputo para fortalecer la “transformación educativa y digital de Medellín”, todo por un valor de $80.000 millones, otra firma, Colsof, presentó la mejor oferta económica, pero fue descalificada porque supuestamente era “artificialmente baja” y por lo tanto no ofrecía garantías suficientes de una correcta ejecución. Y aunque existían sospechas de que NES también había incurrido en la misma falla, el Distrito le aceptó sus explicaciones como válidas.
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Solo que tan pronto se firmó el contrato 4600091573, el 3 de septiembre de 2021, la empresa elegida solicitó cambio de las especificaciones técnicas que habían sido consignadas en el pliego de condiciones y luego se reajustó además el valor en varias ocasiones, pasando de costar cada computador $1’098.370 antes de IVA a $1‘497.056, es decir que el sobrecosto habría sido superior al 36%. Así fue como un contrato de $80.000 millones terminó en $118.000 millones, supuestamente debido a que la adquisición se había complicado por el encarecimiento del dólar.
Los funcionarios del Distrito, en este caso la antecesora de García en la Secretaría General, Natalia Andrea Jiménez, y la de Suministros y Servicios, Karen Bibiana Delgado, quien fungía como supervisora del contrato, “compraron” los argumentos de NES sin chistar.
A juicio de expertos consultados por EL COLOMBIANO, el camino correcto habría sido reversar el proceso para volver a darles oportunidad a las empresas que resultaron eliminadas en razón del precio. Y si no se dio una demanda posterior habría sido porque parte de esta información no se publicó en la plataforma oficial a tiempo y cuando las firmas perjudicadas (Colsof, Uniples, Summas y Unión Temporal Nexcomutel) se enteraron ya había pasado el tiempo legal del pataleo.
“Cada que nosotros le hacíamos alguna pregunta (sobre el tema) al área de Informática de la Alcaldía ellos se salían por la tangente diciendo que era información reservada”, contó uno de los afectados.
Efectivamente, la tasa representativa del mercado (TRM) en septiembre de 2021, cuando se adjudicó la licitación, estaba en $3.790 y subió a más de $5.000 en noviembre de 2022. Pero en cambio, cuando la divisa se puso de nuevo a $4.000 y hasta menos en el segundo semestre de 2023 —y que, aparte, al ceder la pandemia también se redujeron los precios internacionales, de manera que equipos que costaban 280 dólares se pusieron hasta a 180— esto no se vio reflejado en el valor de los aparatos.
Ni la empresa dijo nada ni las altas funcionarias lo sugirieron o por lo menos no consta en documentos.
Eso quiere decir que NES recibió $38.000 millones más de lo previsto y la cantidad podría ser incluso mayor porque una buena parte de los equipos habrían tenido especificaciones menores a las acordadas y algunos llegaron incompletos o con piezas dañadas, según la denuncia.
Por ejemplo, una de las planillas que están adjuntas al expediente, del 28 de noviembre de 2023, plantea un caso en el que “el estudiante manifiesta que el equipo no enciende, le conecta el cargador y el equipo muestra que está cargando pero no enciende desde el lunes 20 de noviembre”.
Ya en febrero de 2021 el propio alcalde Quintero había quedado en ridículo en una de las entregas que programó en el estadio Atanasio Girardot por cuenta de la mala pasada que le jugó uno de estos aparatos.
Resulta que tenía su micrófono de diadema para poder gesticular dándole más vehemencia a su expresión, a modo de rockstar, y justo estaba diciendo que “estos computadores son realmente muy, muy buenos”, cuando se le cayó el que tenía entre las manos rompiéndosele la pantalla. Se suponía que estos aparatos debían estar hechos para el uso y el abuso.
Otra cosa que se puso en evidencia en esa etapa fueron las inconsistencias en la entrega de los computadores que se compraron con recursos del Presupuesto Participativo.
Entre los hallazgos que el equipo de la Alcaldía puso en manos de la Fiscalía para que esta los investigue figuran 665 estudiantes a los que, según papeles, les entregaron dos o más computadores, 403 que recibieron aparatos con la misma serie y 910 con serial duplicado. Aparte, había 326 cuyos beneficiarios fueron jóvenes que no estaban matriculados en colegios y 24 en los que el acudiente que firmó portaba una cédula falsa.
Después resultó escandaloso cuando, a principios de este año, los medios mostraron prenderías feriando a $400.000 los computadores por los que el Distrito pagó casi millón y medio.
Este diario contactó el viernes pasado a Rey para conocer sus explicaciones y este pidió que se le enviaran las inquietudes a un correo empresarial.
Tras remitirle un cuestionario con ocho preguntas que incluían el asunto de las presuntas coimas, el supuesto trato preferencial hacia ellos y los cargos contra funcionarios, indicó que la información sobre el desarrollo del contrato estaba en la plataforma Secop.
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Así mismo, aclaró que su empresa “no ha sido requerida o notificada por parte de autoridad judicial u organismo de control sobre el inicio y/o vinculación a investigación o proceso judicial o administrativo alguno”. Puntualizó que darán las explicaciones respectivas cuando una autoridad competente los requiera.
