Lo que ha sucedido esta semana respecto al uso del herbicida glifosato para fumigar en tierra los cultivos de uso ilícito —no por aire, como está prohibido desde 2015 a raíz de un fallo de la Corte Constitucional— evidencia un episodio más de desarticulación entre miembros del alto Gobierno, empezando por el propio jefe de Estado.
Este jueves, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en la red social X que ratifica el cruce de versiones: “Así erradicamos el narcotráfico de Colombia. Con el apoyo voluntario del campesinado sustituyendo los cultivos de hoja de coca. Aquí campesinos de Renacer Catatumbo. Observen que es mejor arrancar la mata de raíz que fumigar. Si se fumiga vuelve a crecer”, señaló junto a un video institucional en el que se ve a cultivadores de hoja de coca en el Cauca.
Este mensaje y otros de las últimas horas van en contravía de lo firmado por el Ministerio de Defensa. Hay documentos ordenados por el exministro Iván Velásquez para que la Policía Antinarcóticos adelante un proceso contractual por $7.700 millones para la ejecución del proyecto que incluye la compra de glifosato.
EL COLOMBIANO accedió a la documentación de 76 páginas, que incluye estudios previos, y detalla que esos recursos irían destinados para la adquisición de 128 canecas de 200 litros del plaguicida y 695 bidones (recipientes) de 20 litros.
Se precisa también que podrán participar en el proceso de selección abreviada personas naturales o jurídicas de origen nacional o extranjero que “tenga dentro de su objeto social la distribución de bienes o servicios” relacionados con plaguicidas.
El herbicida sería distribuido en comandos, batallones, brigadas y aeropuertos de municipios de Antioquia, Santander, Cesar, Valle del Cauca, Vichada, Nariño, Chocó, Caquetá, Tolima, Cauca, Boyacá, Guaviare, Arauca, Meta, Casanare y Putumayo.
Además, la cartera de Defensa expone la necesidad de intervenir cultivos de uso ilícito y combatir el narcotráfico: “se hace necesario utilizar un agroquímico que cumpla con los mejores estándares de calidad” de cara a aplicar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión terrestre.
“En el año 2020 se presentó una considerable reducción en cuanto al área afectada por cultivos ilícitos de coca (142.783 hectáreas); estos datos no resultan ser alentadores en comparación con el año 2023 que se registró la cifra más alta en la historia de los cultivos ilícitos en el país, con un área afectada con cultivos de coca de (252.572), lo que indica un aumento del 77 % (109.789 hectáreas) comparado con 2020”, dice el documento.
En contexto: Así es el plan de aspersión terrestre con glifosato: se aplicaría en 16 departamentos y costaría $7.700 millones
Precisa también que la aspersión terrestre permite “una aplicación más precisa del glifosato, minimizando el impacto en cultivos lícitos y el medio ambiente”. Además, su implementación es viable donde la aspersión aérea “está restringida por razones legales o ambientales”.
La polémica por el uso de glifosato es amplia. Desde la sentencia de la Corte Constitucional de hace una década hay evidencia médica y científica de los daños que produce ese herbicida para la vida de las personas que lo manipulan, ocasionando graves enfermedades y el efecto nocivo para el medio ambiente.
¿El plan tiene que ver con Estados Unidos?
Más allá del cruce de versiones entre el presidente Petro y sus funcionarios —que salieron este jueves a intentar matizar la medida diciendo que el glifosato “debe ser un último recurso”— vale la pena preguntarse si ese plan tiene que ver con la posible ‘descertificación’ de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
Esto es clave, además, por la crisis diplomático reciente que tuvieron Donald Trump y el mandatario colombiano. El Gobierno ha intentado evitar el escenario en el que EE. UU., aliado histórico, no descertifique al país.
¿Por qué? Se trata de un mecanismo implementado para evaluar la cooperación de países productores o de tránsito de drogas en la erradicación de cultivos ilícitos y el combate al narcotráfico. Si Colombia pierde esa certificación dejaría de recibir recursos económicos, incluso hasta del 50 % de la asistencia de EE. UU., pero también recibiría la oposición de ese país a préstamos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), por solo citar dos grandes efectos.
De hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió este jueves al respecto: “La idea es que de aquí a agosto existan unas 30.000 hectáreas ya erradicadas para completar en este año las 50.000, o sea que con eso se cumpliría la meta con los Estados Unidos”.
¿Qué sigue?
El escenario para Colombia es adverso, según expertos. La investigadora Estefanía Ciro, experta en política de drogas, explica que “estamos en un escenario absolutamente adverso en el cual hay récord de cultivos, récord de producción, con una política fallida de incautaciones (...) en la era Trump lo que quieren es erradicación. De hecho, hay decisiones del Gobierno que coinciden con volver a utilizar glifosato así no sea por vía aérea”, dice la experta en diálogo con EL COLOMBIANO.
Además, Ciro anticipa que en medio de una crisis presupuestal “va a haber plata para repartir químicos en todo el país, pero no para satisfacer necesidades urgentes de las regiones. ¿Si los campesinos se niegan qué va a pasar?”, se pregunta.
