Toda una polémica generó el video que publicó la exministra de salud Carolina Corcho en el que defiende el polémico aumento del 5,36 % a la unidad de pago por capitación (UPC) –el dinero que garantiza la atención de los usuarios–, que ha sido rechazado por varios sectores en el país que aseguran que el incremento es menos de lo esperado y agudizaría aún más la crisis en la salud del país.
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La primera ministra de Salud del Gobierno de Gustavo Petro señaló inicialmente, en un video publicado en su cuenta de X, que “no es cierto que el gobierno haya desfinanciado la salud. De hecho, en términos reales el crecimiento en el monto en salud que se entrega a las EPS para la atención a los ciudadanos ha estado siempre por encima de la inflación”. Luego dio ejemplos año a año sobre el supuesto aumento de la UPC por encima de la cifra de inflación hasta llegar al 2025.
“Este año el aumento es por 5,36 % por encima de la inflación que se espera que es del 3,0 a 3,5 % de acuerdo a diversos datos. Entonces no es cierto lo que han repetido de que hay una desfinanciación de la salud por parte del gobierno de Gustavo Petro”, agregó.
Y continuó: “Lo que sí es cierto es que la información con la cual se hacen estos cálculos provienen de las propias EPS. Son 28 EPS de las cuales solo ocho han sido intervenidas, la mayoría solamente intervenidas este año. El calculo para ese monto –UPC– se hace con datos del 2023 y solo 15 EPS reportaron datos. Y de esas 15 solo ocho cumplieron con entregar información idónea, reportada y certificada por los revisores fiscales y de esas ocho hay tres que tenían inconsistencias internas. Con esas cinco era imposible hacer el aumento que estaban solicitando, no sabemos con qué información, los gremios de la Andi y la Acemi”.
Ahí fue entonces cuando Corcho hizo la polémica declaración: “Por tanto, se hizo un aumento por encima de la inflación esperada de 5,3 % que equivale a más de 95 billones de pesos. Un presupuesto per cápita por persona superior, inclusive, del Reino Unido y varios países del mundo”.
La afirmación ha generado un sinnúmero de críticas y el rechazo de diferentes expertos, quienes han desmentido lo dicho por la exministra.
Uno de ellos fue el también exministro de Salud y exministro de Educación del gobierno Petro, Alejandro Gaviria que, con una gráfica, indicó que el Reino Unido compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, “gasta cinco veces más” en el sistema de salud que Colombia, contradiciendo lo expuesto por Corcho.
Así mismo, Andrés Vecino, PhD de la Universidad Johns Hopkins de la que también es profesor e investigador, explicó en su cuenta de X que “la exministra compara solo inflación (crecimiento en precios) con el crecimiento de UPC, que incluye tres factores: precios, frecuencias, inclusiones”, con los que se calcula la UPC y de los cuales Corcho no hizo referencia en el video, por lo que considera que la exministra “miente sin remordimiento”.
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Además, sobre la comparación con Reino Unido, Vecino sostuvo que solo el presupuesto del National Health Service (NHS), o Servicio Nacional de Salud por su traducción al español, en Inglaterra –uno de los cuatro países de Reino Unido– son 181 billones de libras esterlinas.
Desde que se conoció la cifra de la UPC para 2025 diferentes sectores lanzaron su voz de preocupación ante lo que podría ser un complejo panorama para el sistema de salud del país.
La organización Pacientes Colombia expresó que “de múltiples formas se hizo un llamado” al Ministerio de Salud para que el incremento fuera del 16 %.
“Ampliar la brecha entre lo que se necesita y lo que se decreta aumenta los graves riesgos para el sistema de salud colombiano y para la vida de millones de colombianos”. De igual manera, advirtió que la UPC seguirá siendo insuficiente y el aumento del gasto de bolsillo será inminente para los pacientes y usuarios del sistema.
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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, indicó, por su parte, que esta medida aumenta la incertidumbre para la operación del sector salud, además de representar una amenaza tangible para la garantía de los derechos fundamentales de los pacientes, especialmente aquellos con protección constitucional reforzada.
En ese sentido, expresaron que el cálculo inadecuado de la UPC en los últimos dos años han generado un déficit acumulado cercano al 1 % del producto interno bruto (PIB), poniendo al sistema en una crisis sin precedentes.