En el proceso para elegir presidente de ISA sucedió algo escandaloso: el catalán Manuel Grau Pujadas citó a uno de los candidatos que aparecía entre los favoritos y se presentó diciendo: “Nos han pedido concepto y queríamos conocerte”.
Hablaba en plural a pesar de estar solo, su interlocutor nunca entendió por qué.
Grau, al que en el círculo del presidente Gustavo Petro le dicen ‘Manel’, es uno de los dos catalanes (el otro es Xavier Vendrell) que está en el ojo del huracán por los negocios que estaría haciendo gracias a que se ha sabido meter en el corazón de los Petro Alcocer.
Grau le dijo al candidato: “Si estás allá”, refiriéndose a que si llegaba a quedar en ISA, “nos gustaría participar”, e hizo referencia específica a una filial en otro país. También le habló con cierta propiedad de Internexa, una empresa de ISA: “Lo de Internexa toca mirarlo porque de esa empresa hay que salir, hay que venderla”.
EL COLOMBIANO se comunicó con Grau, para preguntarle por este tipo de reuniones, y contestó: “es falso rotundamente”. “Yo no cito candidatos de nada, la verdad”. Sin embargo, las fuentes de este diario, que participaron en la reunión, se sostienen en su relato de los hechos.
En ese contexto cobra importancia el dato de que Manuel Grau vive en un lujoso apartamento que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tiene en Bogotá, por la zona de la Cabrera, según lo reveló hace unos meses la Unidad Investigativa de El Tiempo.
¿Fue Roa el que le pidió entrevistarse con los candidatos? ¿O fue Petro? ¿O fue decisión del propio Grau? Lo cierto es que la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA se produjo en la madrugada de este jueves, gracias a los votos de los miembros de la junta directiva de Ecopetrol, nombrados en marzo por Ricardo Roa y por el presidente Gustavo Petro.
¿Carrillo también tuvo que pasar al tablero con el catalán Grau? Tal vez no. Porque ellos dos ya se conocen bien. Fue Jorge Carrillo, como gerente de EPM, el que hizo todas las gestiones para que Emvarias (la empresa de aseo de Medellín que pertenece al grupo EPM) le diera contra viento y marea a una empresa de Grau un polémico contrato por 200.000 millones de pesos para un “piloto” de camiones recolectores de basuras de cargue lateral.
La elección de Jorge Carrillo como nuevo presidente de ISA fue difícil de concretar en la Junta de Ecopetrol. Prueba de ello es que desde el 2 de enero estaba vacante el cargo. Entre Petro y Roa tenían diferencias: según fuentes de la junta, Petro quería a Carrillo y Roa no. El cambio de junta directiva, a finales de marzo, la cual quedó conformada en su mayoría por fichas de Petro, comenzó a abrir el camino a una decisión.
Un sector importante de la junta de Ecopetrol trataba de evitar a toda costa que fuera Jorge Carrillo el que llegara a ISA debido a las irregularidades que se denunciaron contra él por su gestión como gerente de EPM. Pero, finalmente, perdieron el pulso.
Los ‘torcidos’ de Afinia
La de Afinia es tal vez la historia más triste. La oportunidad que se dio de mejorar la prestación del servicio de energía en Bolívar, Córdoba, Sucre y César, gracias a que EPM tomó las riendas, la echó por la borda Jorge Andrés Carrillo poco después de ser nombrado por el alcalde Daniel Quintero como gerente de EPM.
Cuando EPM tomó el control de Afinia pusieron al frente de ese enorme desafío a Blanca Liliana Ruiz, una técnica con 25 años de trayectoria en EPM, y gracias a su gestión, rápidamente los indicadores mejoraron: la Superintendencia reportó en el primer semestre de 2021 cumplimiento de metas del 94% y mejoría en la prestación del servicio a cerca de 1 millón de personas por obras e inversiones.
Pero cuando Carrillo llegó a EPM en abril de ese 2021, no solo sacó a Ruiz de Afinia sin dar explicación, sino que puso de gerente a Javier Lastra Fuscaldo, un personaje turbio que había perdido su investidura como concejal de Bogotá y había salido por la puerta de atrás como interventor de Electricaribe, por investigaciones de la Contraloría.
¿Por qué Carrillo y Quintero pusieron a una persona cuestionada a manejar 8 billones de pesos en inversión y, sobre todo, el suministro de energía de 6 millones de colombianos? La respuesta podría estar en la grave denuncia que hizo el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez hace tres meses. El mandatario dijo haber recibido información directa de un testigo en el sentido de que en su momento el alcalde Daniel Quintero había “vendido” la gerencia de Afinia al excongresista William Ortega por 8 millones de dólares. El negocio consistía en darle el manejo de esa firma a unos privados que podrían así hacer usufructo de los multimillonarios contratos de la empresa.
El efecto Lastra se sintió rápidamente. Desde su llegada se desplomaron los indicadores, comenzaron a llegar denuncias incluso con documentación escrita sobre presuntos malos manejos en los contratos, y el país ha sido testigo de las protestas masivas en capitales como Valledupar en contra de Afinia.
Una empresa que habría podido ser rescatada en manos de los técnicos de EPM, no solo se convirtió en un tremendo dolor de cabeza para los habitantes de la Costa, sino también en un lastre para EPM: solo en 2023 tuvo que girarle $1,15 billones producto de dos capitalizaciones de $350.000 millones y un crédito por $450.000 millones.
Pliegos sastre de Hidroituango
Otro gran frente de críticas para Jorge Carrillo como gerente de EPM fue el tortuoso proceso para entregar un nuevo contrato para terminar las obras de Hidroituango. Desde agosto de 2020, la presidenta del Sindicato de Profesionales de EPM, Olga Lucía Arango, advirtió al país que el verdadero propósito del alcalde Daniel Quintero con una demanda que interpuso en contra del consorcio constructor de Hidroituango era entregarle el contrato de la megaobra a una firma china.
Y poco más de dos años después así ocurrió. A Jorge Carrillo no le importó poner en vilo la continuidad de la hidroeléctrica y demorar la generación de energía, no le importó abrir y cerrar, y volver a abrir la licitación, porque después de varios intentos fallidos, en octubre de 2023, logró lo que el sindicato había pronosticado: darle el contrato a la china Yellow River.
No solo parecía estar señalada a dedo desde el día uno por el alcalde Quintero, sino que al final fue la elegida a pesar de ser la firma con menos experiencia de las tres que se presentaron en la licitación definitiva y la que había pedido más plata: 200.000 millones de pesos más que la italiana Todini, por ejemplo. Es decir, casi 20% más costosa.
Y lo que resultó aún más extraño es que cuando descalificaron a las dos competidoras de la china Yellow River, curiosamente aumentó en 135.000 millones de pesos lo que había pedido ocho meses antes en una licitación fallida. EPM aceptó ese incremento para un contrato que antes valía poco más de 900.000 millones de pesos, diciendo que con la demora los precios de los insumos habían aumentado.
Hubo un primer intento de licitación fallido. En él también participó la misma firma china, Yellow River, y ocurrió algo ciertamente escandaloso: luego de que se conocieron los pliegos, le pidió a EPM hacer cambios en los requisitos, en particular que le bajara las exigencias a la socia local. EPM aceptó esos cambios, como si se tratara de un pliego sastre hecho a la medida de la colombiana Schrader Camargo, que terminó siendo la socia de la constructora china.
Esa denuncia la hizo EL COLOMBIANO, y los documentos eran tan contundentes, que no solo la Procuraduría intervino y le pidió cuentas al gerente Jorge Carrillo sino que él mismo decidió abortar esa licitación para evitar problemas. De todas maneras, en la otra licitación que abrió, ganaron los mismos chinos de Yellow River y la colombiana Schrader Camargo, que habían sido beneficiados por el cambio de requisitos.
A Hidroituango solo le faltaba construir cerca del 8%, pero hoy, en manos de los chinos, no está cumpliendo las metas con las que se comprometió.
Las otras pifiadas
Por no hablar de otro contrato escandaloso: el de la compra de gas a Canacol por una cifra nunca estimada pero que expertos calculaban en 5 billones de pesos. Como lo publicó en su momento EL COLOMBIANO, existen testimonios de que detrás de ese contrato, y sobre todo para la construcción del gasoducto, se movió una multimillonaria comisión.
Sin embargo, días antes de las elecciones para elegir alcaldes, en octubre del año pasado, cuando el equipo de Quintero ya se sabía perdido, ese contrato se canceló.
Como si fueran pocas las dudas sobre la transparencia del recién elegido presidente de ISA, otros capítulos complicados tienen que ver con la manera cómo este administró las finanzas de EPM.
Carrillo decidió pagar de manera anticipada una deuda de $1,7 billones al BID para no tener que rendir cuentas a la banca multilateral que le había lanzado advertencias por el mal manejo que habían hecho del gobierno corporativo en EPM cuando el alcalde Quintero pisoteó a la junta directiva y tomó por su cuenta la decisión de entablar demandas que si bien le servían a su propósito de propaganda contra los constructores de Hidroituango, iban contra los intereses de EPM.
Esa, tal vez, es una de las razones por las cuales Carrillo dejó a EPM con la caja más que raspada: según el entrante gerente, John Maya, recibió un déficit de caja de 5 billones de pesos, algo nunca antes visto en la empresa.
También, Carrillo y Quintero habrían dejado perder plata cuando hicieron un acuerdo con las aseguradoras de Hidroituango para que tuvieran que pagar solo una parte de la póliza por la contingencia que sufrió la obra. EPM, según denunció el gobernador de entonces, Aníbal Gaviria, negoció el pago de los seguros por 4 billones pesos cuando la cobertura era de más de 10 billones de pesos.
Hay que decir que muchas de estas presuntas irregularidades las habría podido cometer Carrillo porque lo primero que hizo fue acabar con buena parte del carácter técnico del equipo directivo de EPM. Prácticamente barrió con las casi 20 vicepresidencias, que venían siendo ocupadas por profesionales con hasta 25 años de trayectoria en la empresa y puso cuotas políticas, algunos con poca experiencia como el vicepresidente jurídico, Johnatan Villada, a quien le tuvieron que remendar su hoja de vida para completar requisitos, o Wilder Echavarría que dejó al borde de la quiebra a la EDU y lo acogieron en la vicepresidencia que se encarga de Hidroituango.
Otro de los asuntos menores, pero que en sí mismo es un gran escándalo, es el caso ya mencionado de Emvarias, en donde en vez de agilizar las obras para construir un nuevo vaso de recolección de basuras y evitar a tiempo una catástrofe ambiental para Medellín y cerca de 43 municipios que depositan sus basura allí, se concentró en hacer el mencionado contrato de camiones por 200.000 millones de pesos, para beneficiar al catalán cercanos a la familia Petro.
Ese contrato tenía tantas flaquezas y cuestionamientos que el nuevo gerente de EPM, John Maya, y el alcalde Federico Gutiérrez, pudieron echarlo para atrás.
Se trata del mismo catalán que estuvo haciéndoles a ciertos candidatos a la presidencia de ISA una entrevista informal en la que les hablaba de posibles negocios.
