Sin decir ni cómo, ni cuándo, ni dónde, desde la mesa de paz de Itagüí anunciaron que se hará un nuevo piloto contra la extorsión en el Valle de Aburrá, luego del que se ejecutó entre el 19 de diciembre y el 19 de enero en la comuna 4 (Aranjuez) y 11 barrios de Bello. El anuncio se hizo después de que presentaran el informe del piloto en cuestión, del cual si bien lo calificaron como exitoso, quienes analizaron el proceso encontraron vacíos en su desarrollo.
Jorge Vallejo, secretario de la Mesa de Paz, manifestó después de hablar de todas las bondades de este proceso en el auditorio Camilo Torres, de la Universidad de Antioquia: “Anunciamos ante ustedes que, atendiendo a una solicitud de la delegación del Gobierno y luego de diferentes consultas, nos da mucho gusto comunicar a la sociedad civil y a la delegación del Gobierno que se ha decidido prolongar durante tres meses más este piloto para que la paz tenga una oportunidad irreversible”.
Sí se cumplió, pero...
En cuanto a las fechas o si se hará en los mismos territorios de la vez pasada o si se efectuará en nuevas zonas, desde la mesa indicaron que por ahora se encuentran analizando la situación y en próximos días harán el anuncio completo de este nuevo piloto, que se extendería por más tiempo que el anterior. En medio de los halagos del comité negociador de la paz urbana en el Valle de Aburrá, los encargados externos de su estudio encontraron que en algunos casos sí se suspendieron los cobros, pero también vieron el temor de algunas comunidades ante esta suspensión.
Alejandro Sierra, docente de la Universidad de Antioquia y encargado del equipo de sistematización de acciones de paz, señaló que entre las valoraciones que realizaron se encontraron con que sí se produjo una reducción en las extorsiones, principalmente a las viviendas, aunque reconoció que hay un subregistro en cuanto a este delito se refiere.
“Como no existe una línea base para determinar si la extorsión aumentó o disminuyó, hemos logrado conversar con los habitantes y dicen que los cobros extorsivos en viviendas y en comercio se redujeron ostensiblemente y de pronto con algunas excepciones que también fueron denunciadas”, señaló el docente.
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Entre las excepciones mencionadas hacía mención a que muchas personas continuaban pagando voluntariamente las extorsiones, argumentando que el no pago de estas cuotas las podría dejar vulnerables a hechos delictivos que no ocurren bajo la tutela de estas estructuras. “Muchas personas de la comunidad incluso lo hacían voluntariamente por temer perder ese servicio de seguridad”, explicó el docente.
También reconoció que se presentaban las extorsiones mediante el monopolio de los alimentos, es decir, cuando se les obliga a tenderos y comunidades a comprar una determinada marca de arepas o huevos, por mencionar los productos más recurrentes, porque beneficia las rentas de estas estructuras.
Los cobros navideños se mantuvieron
A esto se sumó el cobro de cuotas navideñas, las cuales exigían a tenderos y algunos residentes para realizar marranadas y jornadas para los niños. Tal como mencionó en su momento EL COLOMBIANO, los cobros llegaban en algunos casos a estar entre los $5.000 y los $150.000, dependiendo si era una vivienda o un gran establecimiento. Incluso, si no tenían para hacer estos pagos, las bandas ponían a su disposición a los gota a gota para que pudieran cumplir con esta obligación
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“No es claro si el aporte es de manera voluntaria o no, o hay una coacción diferente detrás de todo esto”, explicó el profesor Sierra sobre los cobros navideños que se realizaron y que fueron reconocidos durante este balance.
Se mencionó que durante la primera semana de la suspensión de estos cobros hubo algunos integrantes que intentaron hacer caso omiso y seguir pidiendo dinero, pero apenas fueron reportados de la situación, debieron suspenderlos inmediatamente, aunque solo en algunos rubros y no en todos.
Para los negociadores con los cabecillas de las estructuras criminales del Valle de Aburrá, lo que se hizo en diciembre y lo que se pretende hacer próximamente, “se debe leer como un gesto de buena voluntad, que reafirma el compromiso irreversible con la salida negociada y pacífica a los conflictos urbanos que se viven en esta región del país”, explicó Vallejo.
No obstante, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín, las denuncias ante la línea de emergencias 123 por extorsión en la comuna 4 (Aranjuez) entre el 19 de diciembre y el 17 de enero se incrementaron, si se compara tanto con el periodo entre el 19 de noviembre y el 18 de diciembre del año pasado o entre el 19 de diciembre de 2023 y el 17 de enero de 2024. Lo primero es que desde los barrios de esta comuna se reportaron 10 denuncias de extorsión, mientras que un año antes solo se reportaron cinco casos. En el mes anterior al anuncio de la mesa de paz de la cárcel de Itagüí se reportaron nueve casos.
Se estima que las estructuras criminales del Valle de Aburrá perciben anualmente hasta $100.000 millones solo por la extorsión en todos los municipios de la región metropolitana y para este piloto solo se efectuó en el 5% de los barrios de Medellín y el 13% de los de Bello.
