Aunque la Corporación Universitaria de Servicios (CIS) existe desde 1995 y en estos casi 30 años ha ejecutado cientos de miles de millones del presupuesto de Medellín y de Antioquia, son pocos los que la conocen, esto a pesar de que sus socios fundadores son algunas de las universidades más reconocidas de la ciudad: la Universidad Nacional, la UPB, la U. de A., el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y, hasta 2017, la Universidad Eafit.
Aunque esta corporación nació con el propósito de capacitar a los conductores y operarios del metro, con el paso del tiempo se convirtió en una entidad a cargo de millonarios convenios interadministrativos con entidades del conglomerado público de todo el país, especialmente de Medellín.
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Solo el año pasado tuvieron ingresos, según la Cámara de Comercio, por más de $170.000 millones, $84.000 producto de contratación estatal con entidades del distrito de Medellín, especialmente con el Inder y el Área Metropolitana. La cifra, sin embargo, podría ser mayor, puesto que en los últimos años la organización también tuvo varios convenios con la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín (ESU). El problema es que de esos contratos no hay registro en el Secop ni en ninguna plataforma pública de consulta. Hace más de una semana les pedimos a las nuevas directivas de la entidad la información acerca de los convenios que habían firmado con la CIS, pero al momento de la publicación de este artículo no habíamos recibido respuesta.
En este punto hay que aclarar que aunque la CIS lleva ejecutando algunos contratos a través de las universidades casi desde su fundación, como contratista directo apenas lleva desde el 2020, pues por un fallo del Consejo de Estado pasó de regirse como una entidad privada a ser de segundo orden, por lo cual pudo empezar a firmar convenios interadministrativos a manos llenas.
Y si bien la contratación de la CIS con el distrito hasta el momento no ha prendido las alertas de las autoridades, y como bien dice su director ejecutivo, Juan Alberto Gallego, ha pasado las supervisiones de los informes de la Contraloría, sí resulta llamativo lo variopinto de los objetos contractuales que adelantó durante la pasada administración de Medellín, que iban desde la operación logística de todas las actividades y eventos del Inder Medellín, consultorías en proyectos para el Instituto de Vivienda de Medellín (Isvimed), el “fortalecimiento de los procesos de seguridad, convivencia y paz del Área Metropolitana”, y hasta contratar el personal para el sistema de bicicletas EnCicla.
Para el exconcejal y excandidato a la alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos, la CIS fue en el pasado cuatrienio una especie de “De todito” que se le medía a contratar y operar lo que le tocara, sin miramiento en las especificidades o en la experiencia requeridas.
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Ramos fue el primero en prender las alarmas sobre la contratación de la CIS con la ESU, e incluso, desde muy recién empezada la administración de Daniel Quintero señaló un presunto favorecimiento a esta entidad. En julio del 2020, cuando la administración llevaba apenas siete meses, Ramos publicó que de las 26 personas que aparecían como donantes a la campaña a la alcaldía de Quintero, la mitad tenían contratos con la Alcaldía de Medellín o alguna de sus entidades, de las cuales dos estaban contratadas por la Corporación Interuniversitaria de Servicios.
Más tarde, en diciembre de ese mismo año, Ramos volvió a poner la lupa sobre la CIS, pues en una movida que no suele ser habitual en la contratación pública, la ESU la contrató no para que ejecutara algún trabajo que esta no pudiera hacer por sí misma, sino para que realizara “el proceso de calificación de las ofertas presentadas en las solicitudes públicas de oferta SPO 2020-5 Y 2020-6” por un valor de $160 millones. Es decir, la ESU contrató a la CIS para que esta le escogiera los contratistas para otro proceso, cuando son normalmente las propias entidades las que se encargan de llevar los mismos.
Pero eso le permitió a la ESU estar libre de cuestionamientos en dicho contrato, pues lo que hizo la entidad fue cambiar el pliego de condiciones con el que se venía escogiendo a los contratistas para la seguridad privada del conglomerado público de Medellín para supuestamente, según Ramos, favorecer a algunas empresas que no cumplían con los requisitos técnicos. Aunque los contratos entre la CIS y la ESU no son públicos, a través de un derecho de petición Ramos denunció en 2022 que entre ambas entidades se habían entregado, a través de contratos, más de $22.000 millones.
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Esa es precisamente una de las críticas más recurrentes a los procesos de contratación de la CIS, que muchos de ellos se tratan de labores administrativas de las cuales se deberían encargar las mismas entidades del conglomerado, sin necesidad de gastar recursos en gastos de administración.
Otra de las alianzas que resultan cuando menos llamativas entre la CIS y el conglomerado público de Medellín fue la que tuvo en el pasado cuatrienio para la “operación logística de las actividades y eventos que ejecutan las dependencias, programas y estrategias del Inder de Medellín”, una de las entidades más investigadas por presunta corrupción. En el 2021, por este concepto, el Inder le pagó a la CIS $13.387 millones; en 2022, $43.745, un aumento del 226%, y en 2023, $32.673, en total fueron casi $90.000 millones en tres años.
Cuando el nuevo director del Inder, Eduardo Silva, llegó a la entidad en enero pasado se dio cuenta de que no solo el 71% de los escenarios deportivos de la ciudad estaban en malas o regulares condiciones sino que solo le habían dejado recursos aprobados para funcionar hasta agosto. Esto, sumado a una planta de personal que estaba sobrevalorada en unos $5.000 millones al año por cuenta de una excesiva contratación de burócratas que, al parecer, no se necesitaban: en enero el Inder tenía contratados 37 abogados, cuando para operar, según Silva, necesitaba solo 20.
Además, la nueva dirección se encontró con que en sus programas deportivos se habían ampliado los perfiles, de manera que los entrenadores ya no solo eran profesionales en actividad deportiva sino abogados, ingenieros y administradores. Esto sumado a que el promedio de los contratos de estos profesionales durante los últimos años fue de solo mes y medio.
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Según dijo entonces Silva, la principal razón para esa crisis financiera fue que durante los últimos años el Inder dejó de operar por sí mismo su objeto social y lo subcontrató casi todo a través de convenios con Metroparques y luego con la CIS. En total, entre 2020 y 2023, el Inder entregó $346.216 millones en 49 contratos vía convenios interadministrativos. Si hubiera contratado esos proyectos y actividades directamente como lo había hecho y no lo hubiera tercerizado, se hubiera ahorrado más de $27.000 millones que tuvo que pagar en comisiones y gastos administrativos a Metroparques y la CIS.
Pero no solo del Inder fue la mano derecha la CIS en los últimos años, también del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), otra entidad plagada de denuncias de malos manejos y proyectos muy deteriorados, entre ellos el del sistema de bicicletas públicas EnCicla, que fue operado por la CIS el año pasado por $5.612 millones. Durante los últimos años, a pesar de aumentar el número de bicicletas, los usuarios de EnCicla cayeron más del 30% y para volver a poner a rodar el sistema la administración entrante ya anunció una inversión de $15.000 millones. Solo el 42% de las bicicletas están funcionando y el 87% de las 158 estaciones tienen algún daño físico.
Entre otras cosas, la CIS contrató con el Amva la encuesta de calidad de vida 2023, el programa de gestión catastral, la gestión documental, el observatorio inmobiliario, los proyectos de movilidad colectiva, la gestión de la subdirección ambiental, entre otros. Como dicen: sirvió hasta para remedio.
