Luego de la frustrada instalación de la mesa de diálogos entre el Gobierno y el Estado Mayor Central de las Farc-EP el 8 de octubre pasado, ayer las delegaciones de ambas partes firmaron en Tibú, Norte de Santander, el documento que reglamentará el segundo proceso de paz en el que se embarca el presidente Gustavo Petro, luego de hacer lo mismo con la guerrilla del ELN.
Recordemos que los intentos para lograr sentar a esta guerrilla no han sido fáciles y justo hace ocho días, cuando la opinión y las comunidades de diferentes zonas del país proyectaban el inicio de las conversaciones, los actores se levantaron de la mesa sin concretar nada. El presidente Petro tuvo que salir un paso adelante al día siguiente para calmar los ánimos, decretando un cese al fuego que justo regía hasta ayer lunes.
Mejor dicho, fue una gabela de ocho días para evitar enfrentamientos entre las fuerzas armadas y la guerrilla liderada por alias Iván Mordisco, y que de esa forma no se echara para atrás un proceso de acercamientos que ya ajusta meses. Y el lapso surtió efecto porque ayer desde Norte de Santander las delegaciones del Gobierno y esta guerrilla, además de actores internacionales y de oposición, sellaron el acuerdo que le da pies jurídicos a este nuevo proceso. Aunque no asistió a la instalación de la mesa, el presidente Petro hizo el anuncio a través de X (antes Twitter), donde expresó: “Se inicia el segundo proceso de paz en Colombia después del proceso con el ELN: el proceso con el Estado Mayor Central. Comienza el cese al fuego y la suspensión de hostilidades contra la población civil en todo el país”. Luego, desde la cuenta oficial del Alto Comisionado para la Paz, se presentaron los dos primeros artículos del decreto.
El capítulo I del documento, que se concentra en las garantías para la población civil y el cese al fuego, se detiene justo en esto último y aclara que no deberán registrarse hostilidades entre la madrugada de este martes y el cierre del 15 de enero de 2024. “Cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con impacto territorial sobre la base de un acuerdo para la población civil”, fue el nombre que se presentó en el primer artículo del decreto que además acota que dicho cese de hostilidades podría prorrogarse en tanto sea necesario.
Luego, desde Tibú, el alto comisionado para la Paz, Camilo Rueda, confirmó el alto al fuego por tres meses y asentó formalmente la mesa de diálogo con el EMC. “Hace ocho días anunciamos aquí el inicio de una terminación de la guerra. Y hoy suscribiremos delante de ustedes unos compromisos concretos, precisos y específicos que no se habían suscrito en el desarrollo de ningún proceso de paz”, sostuvo Rueda.
Y luego afirmó: “Hablamos de un acuerdo especial de protección de la población civil y de cese de fuegos. Tenemos un tiempo corto: tres meses en los que nos pondremos a prueba, ustedes y nosotros, al lado de las comunidades, para hacer creíble esta construcción de paz en medio de poderes que todavía quieren más muertos y violencias”. El segundo artículo del decreto presentado por la oficina que lidera Rueda se concentró en fijar las condiciones básicas para que este nuevo proceso de paz que emprende el gobierno Petro se mantenga a flote. Allí se habla de respetar todas las formas de vida; evitar las afectaciones y vulneración de derechos de la población civil; promover la pedagogía y la participación de la población; y mantener, a toda a costa, el cese de hostilidades.
Y es que las precisiones se hicieron en su justa medida porque, durante 14 meses de acercamientos, las poblaciones más vulnerables de Cauca, Nariño, Caquetá e incluso Antioquia han padecido las fricciones entre esta guerrilla —que se resistió a la Paz del expresidente Juan Manuel Santos y por eso mantiene estatus político— y las fuerzas legítimas del Estado. Justo en Tibú, donde hubo luz verde para el proceso, los civiles han padecido los atentados del EMC.
En ese espacio, liderado por el comisionado Rueda, también hicieron presencia las ministras de Ambiente, Susana Muhamad; Trabajo, Gloria Inés Ramírez; y Agricultura, Jhenifer Mojica. Hubo representantes de diferentes comunidades del país afectadas por esta guerrilla, además de garantes internacionales de Venezuela, Irlanda, Suiza y Noruega. Se precisó, además, que la delegación del gobierno será liderada por Camilo González Posso (presidente de Indepaz), la del EMC por Andrey Avendaño y la de la oposición por Fabio Valencia Cossio.
En total, por parte del EMC, serán ocho los negociantes. Avendaño, quien es el delegado de los duros de este grupo, fue el encargado de emitir ayer el compromiso de respetar los acuerdos del cese al fuego y no vulneración de la población civil. “Llegamos con la esperanza de tener logros importantes para el pueblo víctima de una guerra sin cuartel. Llegamos a este apartado municipio para empezar a construir desde las regiones olvidadas”, afirmó. Que cada palabra se cumpla, las del nuevo decreto y la de los delegados, eso es lo que esperan quienes viven esta guerra en carne propia.
