La Superintendencia de Salud anunció que prorrogó por un año más la medida de intervención forzosa administrativa para administrar en contra de la EPS Sanitas, que fue objeto de esta medida en abril de 2024. Según la entidad, persisten las causas que dieron origen a la medida.
Le puede interesar: Nueva EPS: a un año de su intervención, subieron deudas con IPS y quejas de usuarios.
Según informó esa entidad, se prorrogó la medida contra la aseguradora porque en el momento actual persisten los incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y de prestación de servicios a sus usuarios, por lo cual “se mantienen los causales de intervención contemplados” en la ley.
Hay que recordar que Sanitas cuenta con 5,6 millones de afiliados y maneja alrededor de $10 billones para la atención en salud de esta población, pues el sistema de salud le paga alrededor de $1’200.000 anuales por cada persona a la que le presta servicios. También que la superintendencia, días antes de intervenirla, le abrió una investigación por problemas en los pagos de medicamentos, luego de que el gestor farmacéutico Cruz Verde anunciara que no podría dispensarle medicamentos a sus usuarios.
Para entonces, el abogado del grupo Keralty —multinacional española con base en Colombia propietario de Sanitas—, Juan David Riveros, esta decisión fue “una expropiación indirecta”, pues “a través de alguna decisión de la administración se priva a unas personas y a unos particulares de los derechos que se desprenden de la propiedad sobre una cosa”.
A raíz de la intervención, ese grupo propietario inició acciones legales en el país e internacionalmente. Ante la justicia colombiana, denunció penalmente al exsuperintendente Luis Carlos Leal por el delito de prevaricato, así como interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para reversar el proceso, pero la perdió. Y en enero de este año presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), alegando que la intervención vulnera el acuerdo para la protección recíproca de inversiones entre España y Colombia y pidiendo una indemnización de 1,2 billones de dólares por perjuicios.
Así le ha ido a Sanitas en un año de intervención
Los últimos informes financieros de Sanitas EPS, de enero de este año, según cifras de la Supersalud reveladas por el representante a la Cámara Andrés Forero, muestran que su situación no ha mejorado y, por el contrario, las cifras de reclamos, deudas y siniestralidad han subido.
Muestra de esto es que entre marzo de 2024 (antes de la intervención) y noviembre del año pasado su cartera subió. Las cuentas por pagar no vencidas pasaron de $1,14 billones a $1,20 billones; las deudas inferiores a 30 días pasaron de $398.365 millones a $435.660 millones; las de 30 a 60 días subieron de $46.697 millones a $231.865 millones; las de 60 a 90 días bajaron de $25.919 millones a $13.451 millones, así como las de 90 a 180 días, que bajaron de $404.289 millones a $10.848 millones; sin embargo, el indicador más preocupante es la cartera vencida de más de 180 días, que pasó de $0 a $668.963 millones, al igual que las deudas vencidas mayores a 360 días, que llegaron a $265.156 millones.
Por otro lado, los reclamos de los usuarios de Sanitas pasaron de 104.429 quejas en 2023 a 118.338 en 2024. Mientras que la siniestralidad (gastos superen los ingresos) sigue estando en saldo en rojo, pues en 2024 fue del 101%, es decir, que por cada $100 que les ingresa para atención en salud gastaron $101.
Así mismo, en septiembre pasado se conoció que los estados financieros de Sanitas reportaron pérdidas por $240.669 millones, que supera en un 80 % la pérdida registrada en el mismo periodo de 2023, que fue de $133.642 millones.
Hasta el momento, el grupo Keralty no se ha pronunciado por este anuncio.
Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
