Al concluir una audiencia llevada a cabo este martes, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cinco integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 del Ejército Nacional, por presuntas irregularidades relacionadas con la muerte del ciudadano Dimar Torres Arévalo, desmovilizado de las Farc.
Tras la firma del acuerdo de paz Torres Arévalo se dedicaba a actividades agrícolas y ostentaba la calidad de persona protegida, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario, sin embargo fue asesinado el 22 de abril de 2019 en la vereda Carrizal, municipio de Concepción, Norte de Santander.
Por ello el ente de control busca establecer si hubo o no responsabilidad del entonces comadante de la Compañía Alabarda Cuatro, del citado batallón, cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, como presunto autor material del homicidio.
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Asimismo, la Procuraduría intenta esclarecer si quien se desempeñaba como comandante del batallón, teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, habría participado como determinador del crimen, con la posible complicidad de los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexander Buriticá Duarte.
En un comunicado, el Ministerio Público explicó que “se calificó provisionalmente la presunta conducta de los miembros de la Fuerza Pública como falta gravísima, a título de dolo, por la posible responsabilidad en el ‘homicidio en persona protegida’, y posible infracción al Derecho Internacional Humanitario ajena al servicio y misión constitucional del Ejército Nacional”.