La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó los presuntos seguimientos a periodistas colombianos y extranjeros por parte del Ejército y exigió al Gobierno explicaciones públicas sobre esta ilegalidad que considera un atentado “contra el régimen democrático y la deliberación pública”.
“Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país”, manifestó la FLIP en un extenso comunicado.
La revista Semana publica en su última edición una investigación titulada “Las carpetas secretas”, en la que revela que el Ejército presuntamente espió desde febrero hasta diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, entre ellos periodistas nacionales y extranjeros que habitualmente cubren el conflicto armado y la corrupción en las Fuerzas Militares.
De esos presuntos seguimientos informáticos, llamados de “perfilamiento” por los militares, fueron víctimas periodistas estadounidenses como el corresponsal del diario The New York Times, Nick Casey; el fotógrafo independiente Stephen Ferry, y Lynsey Addario, quien ha trabajado para varios medios internacionales.
Igualmente, Juan Forero, de Wall Street Journal, y John Otis, corresponsal en América Latina de National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés).
Entre los colombianos que aparecen en las carpetas del Ejército, a las cuales tuvo acceso Semana, figuran María Alejandra Villamizar, de Canal Caracol; Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno; Gina Morelo, editora de la unidad de datos de El Tiempo; Yolanda Ruiz, directora de noticias de RCN Radio, y Daniel Coronell, columnista y presidente de noticias de Univisión.
“Rechazamos enfáticamente que en Colombia permanezcan y se agudicen las prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia estatal”, señaló la FLIP, según la cual esa política “es una acción que traspasa los límites y transgrede los fines de la función de inteligencia y contrainteligencia”.
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La entidad llama la atención para el hecho de que, aunque la vigilancia y seguimientos por parte del Ejército y organismos de inteligencia colombianos no son una novedad, en esta ocasión “se han realizado de manera masiva, incluyendo en algunos casos anotaciones temerarias que etiquetan a los periodistas con grupos al margen de la ley a partir de inferencias basadas en valoraciones sobre el contenido de sus publicaciones”.
Según la FLIP, estos hechos eran conocidos por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por la Fiscalía General y la actual cúpula militar, “por lo menos desde enero del 2020” sin que haya mayores avances en las investigaciones.
“Ante la imposibilidad de conocer la totalidad del universo de periodistas afectados y advirtiendo que habían transcurrido más de tres meses sin que los mecanismos internos hubieran operado en protección de la prensa, la FLIP y el CPJ elevamos una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 4 de marzo”, agrega.
La FLIP asegura que la Corte Suprema de Justicia “también tiene evidencia y material sobre estos seguimientos desde diciembre del 2019” y que, ante la falta de avances, en conjunto con el CPJ y Reporteros Sin Fronteras (RSF), pidió una reunión con el presidente Iván Duque, que llegó a ser programada para el pasado 16 de marzo, pero fue postergada debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Por todo ello, la entidad exigió al Gobierno en el comunicado que dé explicaciones públicas sobre el origen y el propósito de estos presuntos seguimientos, las instancias militares y políticas que tuvieron acceso a la información recopilada, la posición del presidente al respecto y las acciones que se tomarán “para asegurarse de que cesen estas prácticas dentro de la fuerza pública”.
