Bastaron menos de 48 horas para que a la recién conocida ley de desmantelamiento le estallará otra polémica. Tal como está en el articulado, a la paz total podrían entrar cárteles de droga de carácter transnacional cuyos máximos jefes dan las órdenes desde cárceles de máxima seguridad en el extranjero.
Con esa puerta abierta, poderosos carteles de droga como el Tren de Aragua, Los Maracuchos y el Cartel de Sinaloa –todos ellos con presencia extendida en el país– podrían acogerse a esa Ley de sometimiento que les ofrece pagar todos sus delitos en máximo 8 años de cárcel y quedarse hasta con el 6% de los bienes y riquezas adquiridos como fruto del narcotráfico, el secuestro y la extorsión.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que estructuras como el Tren de Aragua y las otras de carácter internacional podrían someterse a esa Ley bajo la misma premisa: “Operan en el país y le hacen daño a las comunidades, por lo que si anuncian su voluntad de someterse podrían hacerlo”.
Y no lo dice una voz cualquiera. Alirio Uribe conoce de cerca cada artículo de ese proyecto y cada intención que tiene el presidente Gustavo Petro con él porque ayudó a construirlo junto a los senadores Iván Cepeda y Ariel Ávila y junto a alfiles del presidente de la talla de los ministros Alfonso Prada, del Interior; Néstor Osuna, de Justicia; y del presidente del Congreso, Roy Barreras.
De hecho, Uribe estuvo junto al ministro Osuna y el senador Ávila durante la rueda de prensa de este miércoles en la que el Gobierno le presentó el proyecto al país de manera oficial dejando puntos claros como que no habrá reconocimiento político para ninguna de esas bandas y que algunos de los criminales que ya están pagando una pena podrían quedar en libertad si sus grupos se acogen a la justicia en colectivo.
Desde ese día, el documento de esa Ley, que actualmente está a la espera de la revisión técnica del Consejo de Política Criminal, se convirtió en una de las principales noticias del país y de la agenda legislativa.
Mientras esa discusión avanza, otros puntos claves de la paz total flaquean. Según fuentes cercanas a la Casa de Nariño, los acercamientos con el Clan del Golfo se han enfriado durante las últimas semanas por falta de interlocutores de ese grupo narcoparamilitar.
Un dato que contrasta con serias informaciones que hablarían de la presunta muerte de alias Sopas, el segundo hombre al mando de esa organización que, según algunas hipótesis, podría haber sido asesinado por su mismo grupo por resistirse a iniciar negociaciones de paz con el Gobierno. Una práctica que ya ha aplicado el Clan en acercamientos anteriores (ver nota anexa).
Y no es el único. Procesos que habían avanzado con rapidez durante los primeros cinco meses de Petro empezaron a complicarse en el camino por supuestos “desplantes” y “manejos desordenados” que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, le estaría dando a esas gestiones.
Según dijo el abogado Alex Alberto Morales en diálogo con este diario, representados suyos como el grupo criminal Los Pachelly y algunos de los extraditables de la cárcel La Picota están cansados de enviar cartas y comunicados que el comisionado nunca responde.
Según él, sus clientes –varios de ellos muy poderosos en Medellín y el Valle de Aburrá– no estarían dispuestos a someterse a la Ley de desmantelamiento de Petro “que es muy parecida a la Ley de sometimiento vigente que dejó el expresidente Juan Manuel Santos”, dijo.
Así las cosas, el único proyecto que avanza ante los ojos de la opinión pública es el proceso de paz que están negociando el Gobierno y la guerrilla del ELN en México. Tras días convulsos de críticas de los elenos a la paz total, la última semana por fin hubo una especie de tregua que les ha permitido a los negociadores avanzar en la búsqueda del cese al fuego bilateral.
Lo que sí se sabe, según fuentes del gabinete Petro, es que en cuestión de semanas arrancarán los acercamientos formales con la disidencia conocida como Estado Mayor Central, el otro grupo al que le reconocerán origen político por nunca haberse acogido a un proceso de paz con el Gobierno.
¿Someter al Tren de Aragua?
Lo cierto es que, con esa posibilidad de someter al Tren de Aragua bajo el mismo criterio que a grupos de carácter nacional como el Clan del Golfo, las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y Los Pachelly, hasta los más expertos y aliados de la paz se hacen preguntas que el proyecto, por sí solo, no es capaz de responder.
El coordinador de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, Isaac Morales, se cuestiona, por ejemplo, qué tratamiento se le daría a los ciudadanos extranjeros que hacen parte de dichas estructuras armadas. “El conducto regular sería extraditarlos a su país de origen –que en su mayoría es Venezuela– pero ahí no habría un beneficio para que ellos se sometan”, dice, por lo que cree difícil que grupos como ese terminen acogiéndose.
Según él, expertos como Ávila han insistido en que no todos los grupos armados terminarán sometiéndose a la Ley de desmantelamiento.
Antes de llegar hasta ahí deberán pasar un filtro que MinJusticia ha denominado doble candado: una revisión exhaustiva del alto comisionado de paz y los equipos de inteligencia, y un examen final del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sobre si es viable su sometimiento y si hay una voluntad real de paz.
Lo delicado ahí es que el Tren no es una banda cualquiera. Según InSight Crime, esa banda es la más peligrosa de toda Venezuela y tiene incidencia en Colombia y cinco grupos más: Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia.
Pese a tener comandantes locales y estar aliado a las microbandas de cada país para coordinar temas de microtráfico, los movimientos y decisiones del grupo se manejan desde la cárcel de máxima seguridad de Tocorón, en Venezuela.
Desde allí, el máximo líder del Tren, Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, controla a la cárcel y a la organización transnacional. Un punto que dificultaría aún más que subestructuras en Colombia se desmovilicen.
Además, InSight Crime asegura que el tren ha logrado sobrevivir con brazos en buena parte de América Larina “gracias a largos periodos de impunidad propiciados por el gobierno de Nicolás Maduro en zonas claves, como su base principal en Aragua”, por lo que es un grupo armado sumamente fortalecido.
Acá en Colombia, el Tren tiene estructuras fuertes en Cúcuta, Ipiales y Bogotá. Ahí en la capital, la estructura fue noticia todo el segundo semestre de 2022 por una serie de cuerpos desmembrados que empezaron a aparecer en varios puntos de la ciudad y que se le atribuye a ajustes de cuentas del Tren y sus aliados.
De ese tamaño es la organización que podría terminar en la paz total, por lo que la oposición ha tildado al Gobierno de “entregar beneficios y perdones a cuanto criminal aparece”, como dijo la senadora María Fernanda Cabal.
Por ahora, al proyecto de Ley le falta la luz verde del Consejo de Política Criminal para pasar a su prueba de fuego en el Congreso. Si pasa, el Gobierno espera desmovilizar a por lo menos 20.000 hombres armados de las estructuras más sanguinarias del país
