“Hay que hacerles lo más pronto posible. El viejo Hernando Sánchez y Boyaco Sinaloa. Toca organizar cómo se hacen esas vueltas, para ver cómo se acaba de organizar esa zona del Llano y Bogotá”, dijo quien es conocido en el bajo mundo como “Otoniel”.
La grabación, que está en poder de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, fue obtenida en un allanamiento a un rancho ubicado a orillas del río Verde, en la frontera de Antioquia y Córdoba, en pleno Nudo del Paramillo.
El criminal ya se había marchado del escondite, pero dejó atrás un bolso con siete memorias micro SD, envueltas en papel adhesivo.
Al revisar los archivos que almacenaban, extrajeron un mensaje de audio grabado por “Otoniel”, cuyo destinatario era su sucesor Jobanis Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”). Allí le hablaba de la estrategia para extender las redes del Clan del Golfo en la capital.
“A Luis Caicedo lo entregó el mismo socio de él, Julio Lozano, el boyaco. Eran socios, les decían ‘los viejitos’, todo el tiempo han trabajado. Julio fue el que dio la información y lo puso, y por eso hicieron eso allá en Bogotá”, continuó afirmando.
Se refería al capo Luis Agustín Caicedo Velandia (“don Lucho”) y a Julio Lozano Pirateque (“Patricia”), dos cabecillas de otro cartel conocido como la Junta Directiva del Narcotráfico.
A “don Lucho” lo mataron en Bogotá el 16 de julio de 2021, desatando una guerra que a la fecha ha producido 11 atentados sicariales, con nueve muertos y dos heridos, todos relacionados con el gremio de los esmeralderos de Boyacá y Cundinamarca, antecedentes de extradición por narcotráfico e investigaciones por lavado de activos (ver la infografía).
El hecho más reciente fue el asesinato de Jesús Hernando Sánchez, el empresario de piedras preciosas que tenía su oficina en un búnker y andaba con un voluminoso grupo de escoltas.
Aún así, no pudo evitar que un tirador de alta precisión lo pusiera en la mira desde una arboleda aledaña a su conjunto residencial, Bosques del Marqués, en la localidad de Usaquén.
De la misma manera, y en esa misma urbanización, mataron a su socio Juan Sebastián Aguilar (“Pedro Pechuga”) el 7 de agosto de 2024.
A pesar de que estas muertes están avisadas hace cuatro años, cuando se conoció la grabación clandestina de “Otoniel”, ni las autoridades ni los propios amenazados han logrado prevenirlas.
¿Pero qué es lo que hay detrás de los crímenes? ¿Cuál es el botín que impulsa a estos antiguos socios a eliminarse entre sí?
La cenizas de un cartel
Tal cual ha venido reportando EL COLOMBIANO desde entonces, el origen del problema está en una fractura interna en la Junta Directiva del Narcotráfico, una organización que delinquió entre 1990 y 2010, a la sombra de otros grupos que, por su violencia desmedida, se robaban toda la atención pública y de las autoridades: los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle, las Farc y Auc.
Mientras estos se masacraban entre sí para dominar territorios y rutas de narcotráfico, la Junta ostentaba una estrategia más empresarial y menos militar. Negociaba con todos ellos al mismo tiempo y los apoyaba en la exportación de cocaína hacia EE.UU. y Europa, explotando puertos de despacho en Uruguay, Argentina, Venezuela y Brasil.
La organización evitó pelear por las áreas de cultivos ilícitos, como los demás, y se concentró en otros procesos de la cadena del narcotráfico: la producción de clorhidrato de cocaína, en una extensa red de laboratorios en los Llanos Orientales; y el lavado de activos en las minas esmeralderas de Boyacá y Cundinamarca, y en los sanandresitos, casas de cambio y centrales de abasto de Bogotá.
Los nombres a la cabeza de este imperio silencioso eran, en aquel momento, empresarios con una doble vida, que de un lado se codeaban con el mundo político y la alta sociedad, y por el otro se revolcaban con la crapulencia de la mafia.
En la lista estaban los hermanos Luis Agustín y Juan Francisco Caicedo Velandia (“don Lucho” y “el Ingeniero”); los también hermanos Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff; Daniel “el Loco” Barrera, Óscar Pachón Rozo (“Puntilla”), Claudio Silva Otálora (“el Patrón”) y Julio Lozano (“Patricia”), entre otros.
La cúpula quedó desmantelada en la primera década del siglo XXI, tras una agresiva persecución de la DEA y la Policía, y la mayoría terminó pagando penas por narcotráfico en EE.UU.
Las fortunas ilegales, las rutas de narcotráfico, los contactos clandestinos, los laboratorios y las inversiones quedaron en manos de testaferros y esmeralderos, para protegerlas de la extinción de dominio, pero cuando los capos regresaron de su encierro, al parecer estos se negaron a devolverlas.
Aquí comenzó a fraguarse una división en la estructura y emergió la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (también llamada Cartel de Bogotá o Cartel de los Llanos), conformada por dos facciones rivales: una liderada por Luis Caicedo y la otra por Julio Lozano.
Tal cual explicó “Otoniel” en la grabación incautada, Lozano al parecer dio la primera estocada, orquestando la muerte de su exsocio en 2021.
Luego se radicó en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) con un permiso de trabajo, y creó una empresa de logística y comercio transnacional, en compañía de su cónyuge.
Una hipótesis que manejan los investigadores de la Dirección Antinarcóticos es que, para poder imponerse a sus nuevos enemigos, Lozano habría forjado una alianza con el Clan del Golfo, un cartel interesado en instalarse en Bogotá hace varios años.
“(Lozano) está ayudando para el conflicto, como se dice. Necesitamos gente que colabore, necesitamos tomar el control de todo. Si Julio puso al patrón (Julio Caicedo) y eran los socios más duros, la cosa se vuelve más fácil para esa guerra”, manifestó “Otoniel” en el archivo de audio.
El silencio de los capos
En estos últimos cuatro años, las balas también se han llevado al abogado Julio Enrique González (defensor de “don Lucho”); al lavador de dinero y comerciante de abastos Claudio Silva Otálora (“el Patrón); al narco Juan Francisco Caicedo Velandia (“el Ingeniero”); y a los esmeralderos Maximiliano Cañón, Juan Sebastián Aguilar y Hernando Sánchez, entre otros personajes relacionados con la Junta.
Y a pesar de tantas muertes, las investigaciones de las autoridades están prácticamente “en pañales”.
Fuentes judiciales le confirmaron a este diario que la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico ni siquiera está catalogada como un blanco estratégico para la Fuerza Pública.
Los asesinatos no están siendo investigados de manera integrada, sino que los expedientes están dispersos en diferentes despachos de la Fiscalía, y en la Policía las pesquisas repartidas entre la Dijín, Antinarcóticos y la Sijín de Bogotá. Incluso la DEA ya solicitó un reporte sobre la situación, tras la muerte de Hernando Sánchez.
La agencia estadounidense podría aportar información importante, en caso de que sus pares colombianos decidas unificar los expedientes desperdigados, dado que en su poder hay dos hombres clave para comprender el problema.
Uno es el propio “Otoniel”, quien está pagando 45 años de cárcel en EE.UU.; y el otro es Daniel “el Loco” Barrera, excabecilla de la Junta, quien también purga una sentencia de 35 años en el mismo país.
Ambos podrían tener información valiosa sobre los eventuales escenarios de esta guerra y los posibles blancos, de modo que las autoridades puedan adelantarse a los hechos.
Otro capo que conoce el entramado detrás de este conflicto es “Chiquito Malo”, hoy comandante del Clan del Golfo. En la actualidad está en acercamientos de paz con el Gobierno Nacional, por lo que no sería tan difícil para las autoridades consultarle este asunto.
Ahora los ojos apuntan a Julio Lozano, en Dubai. Su nombre está rodando por los corrillos policiales desde que lo mencionó “Otoniel”, aunque tiempo después él negó las acusaciones en una conversación con el diario El Tiempo.
La Junta Directiva sigue rodeada de silencios, mientras a aquellos señalados de integrarla los siguen matando.
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