Un estudio de modelos webcam ubicado en el barrio Laureles, de Medellín, volvió a ser víctima de las extorsiones por parte de la organización criminal “el Pesebre”.
Según la Fiscalía, los primeros cobros comenzaron en noviembre de 2020, cuando los miembros de esta banda que delinque en el Occidente de la ciudad, le cobraron a este y otros estudio de Laureles y La América sumas que oscilaban entre los $3 millones y los $10 millones, por el denominado “descorche” o “cuota inicial”, es decir, el derecho a trabajar en “su territorio”.
Adicionalmente, les exigieron una mensualidad que variaba entre los $500.000 y $1 millón, dependiendo de la cantidad de modelos y el tamaño del negocio. En ese entonces fueron detenidos siete sospechosos y cesaron las extorsiones, de manera temporal.
El 2 de septiembre de 2021 regresaron al sitio otros integrantes de “el Pesebre” o “los Pesebreros”. Llegaron al establecimiento de Laureles e intimidaron a la administradora. “Le exigieron la suma de $5 millones de para permitirles trabajar en el sector; también le habrían exigido otros $300.000 mensuales a cambio de la supuesta seguridad”, precisó el informe oficial del caso.
Soldados de la Cuarta Brigada e investigadores del CTI adscritos al Gaula Militar actuaron al día siguiente y capturaron a dos supuestos miembros de la banda, cuando se disponían a recibir la primera cuota de su cobro: Juan Carlos Henao Gómez, alias “Henao” o “el Señor”, de 38 años; y Camilo Estiven Isaza Restrepo, (“Cejas” o “Juvenal”), de 28 años.
La Fiscalía les imputó el cargo de tentativa de extorsión agravada, ante el Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín. Los dos se declararon inocentes en la audiencia de control de garantías, pero fueron enviados a la cárcel como medida preventiva, indicó este viernes el ente acusador.
De acuerdo con fuentes judiciales, la banda acostumbra a infiltrar mujeres en los estudios, que ingresan con el pretexto de ser webcamers, y lo que hacen es reunir información sobre el negocio para entregársela a los extorsionistas.
EL COLOMBIANO comenzó a denunciar esta situación en diciembre del año pasado, cuando se conocieron varios casos concentrados en el Occidente de Medellín. El problema al parecer va en aumento, a medida que también crece esta actividad económica.
En el Congreso ya fue radicado un proyecto de ley para reglamentar este negocio que, según sus agremiaciones, le da trabajo a cerca de 2.500 empresarios en Colombia, 100.000 modelos webcam y 20.000 empleados de apoyo (diseñadores web, fotógrafos, videógrafos, contadores, administradores, etc.). Se calcula que genera un promedio 40 millones de dólares al mes, dinero que se reparte entre las compañías locales y las plataformas de internet que operan en el exterior.
