La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exalcalde de Jericó, Antioquia, Jorge Pérez Hernández, y su exsecretario de Planeación (entre el periodo 2016-2019), por presunto fraccionamiento de contrato de mantenimiento y adecuación en las instituciones educativas rurales de la población.
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De acuerdo con la investigación del ente de control, se habrían presentado irregularidades en la contratación de las obras en las instituciones de las veredas del municipio, al recurrir en la modalidad de selección abreviada y no contratación directa. Según el auto, los valores de los contratos fueron de mínima cuantía, de manera que no se pudo garantizar el principio de transparencia en la contratación estatal.
Para la entidad, los exfuncionarios, presuntamente, desconocieron el principio de igualdad en los tres contratos firmados, donde se pudo observar que, al parecer, fueron fraccionados los valores de cada uno de ellos, para evadir el procedimiento de selección abreviada.
La Procuraduría calificó la conducta del exalcalde y exsecretario de Planeación como falta gravísima, con título de culpa gravísima.
Pero esta no es la primera vez que el ente le pone la lupa al accionar de Pérez Hernández, que volvió a aspirar a la Alcaldía de Jericó en 2023 pero apenas sacó 124 votos.
Hace un año, la Procuraduría le formuló cargos por presuntamente reproducir un acto administrativo anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
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En un primer cargo, se le reprochó al exmandatario la sanción que hizo del Acuerdo 010 de 2018, que establecía disposiciones y prohibiciones que buscaban defender el patrimonio ecológico y cultural de Jericó, pese a que el Tribunal Administrativo de Antioquia ya habría declarado la invalidez del Acuerdo 009 de 2017 a través del cual se dictaban otras medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, y que sirvieron de base para el nuevo Acuerdo.
En segundo lugar, el ente de control cuestionó a Pérez Hernández, quien, al parecer, pudo incurrir en prevaricato por acción al expedir el acta 001 mediante la cual habría ordenado el cese de actividades mineras en una finca de la vereda Cauca. Sin embargo, luego de que esta decisión fuera dejada sin efectos por Corantioquia, el exalcalde habría suscrito otra acta (la 002) con el mismo propósito, pero esta vez en un predio de la vereda Quebradona.
