Pese a sus robustas coberturas en el Valle de Aburrá y el Oriente, el departamento sigue arrastrando graves rezagos en acueducto y alcantarillado.
Un vaho putrefacto proveniente de las aguas residuales que se vierten todos los días sobre el río Volcán se volvió parte de la vida cotidiana de los habitantes de Arboletes.
Pese a que durante años líderes locales y múltiples entidades han denunciado hasta la saciedad que el principal cuerpo de agua de ese municipio del Urabá antioqueño se convirtió en una cloaca, el lío volvió a quedar este cuatrienio en manos de los nuevos gobiernos.
“En el verano el río levanta fuertes olores y cuando abren la desembocadura hacia el mar, los gases que se emanan generan malestar en los estudiantes. A veces les dan vómitos y mareos, y si la situación es muy grave, tenemos que desescolarizar toda la jornada”, dijo a este diario en febrero de 2023 la rectora de la Institución Educativa José Manuel Restrepo, Daniris Lucía Obregón.
Además de ese colegio, en el que estudian cerca de 1.600 alumnos, a lo largo del afluente más familias también deben cocinar sus alimentos y dormir conteniendo la respiración.
“En lo que respecta al río Volcán y el sistema de alcantarillado del municipio todo sigue igual, el problema persiste”, denunció el viernes pasado el líder local Dairo Martínez al ser consultado por el tema, señalando no entender por qué después de tanto tiempo las soluciones para ese problema de salud pública siguen en el aire.
Pese a no ser el único en Antioquia, el caso de Arboletes ilustra los contrastes que en materia de servicios públicos siguen existiendo a lo largo de todo el departamento. Mientras en ciudades como Medellín hay coberturas de acueducto y alcantarillado del 98% y 97% respectivamente, en la zona rural de subregiones como el Bajo Cauca la cobertura es del 29,2% y 21,5% en esos mismos dos servicios.
Para entender la dimensión del desafío, es importante saber que de los 7,28 millones de habitantes que tiene Antioquia, 5,55 millones viven en cabeceras municipales y 1,35 millones dispersos en zonas rurales y en pequeños centros poblados.
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Y de estos últimos, se calcula que solamente el 38,4% de los hogares tienen acceso a agua potable en la zona rural; es decir, que 6 de cada 10 no disponen en su vivienda de agua apta para el consumo humano. Estamos hablando de 520 mil antioqueños. No obstante, no existen estudios para saber cuántos de ellos tienen acceso a nacimientos de agua, usuales en zonas rurales, que puedan mitigar este problema.
De regreso a Arboletes, que está clasificado en la sexta categoría presupuestal —la más baja de todas— no es mucho lo que ese municipio pueda hacer de su propio bolsillo, sobre todo teniendo en cuenta que por fuera del acueducto tiene más tareas pendientes.
De acuerdo con los datos de la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia, Arboletes tiene una cobertura de acueducto del 59,7% (97,2% en la zona urbana y 35,9% en la zona rural) y una cobertura de alcantarillado del 43,18% (90,1% en la zona urbana y 14,01% en la zona rural). La plata no alcanza para tanto.
¿Qué puede hacerse entonces para que se revierta esta situación?
Pese a ser uno de los departamentos con más músculo presupuestal en el país, lograr una cobertura universal del acueducto y alcantarillado sigue siendo una tarea pendiente en Antioquia.
En el último plan de desarrollo, que tomó como base los datos de 2022, quedó documentado cómo la cobertura promedio del servicio de acueducto se situó en el 91,9% y la del servicio de alcantarillado en 82,9%.
Estos promedios son impulsados principalmente por las buenas cifras que tienen las zonas más densamente pobladas y desarrolladas en esa infraestructura como el Valle de Aburrá, con una cobertura del 98,1% en acueducto y una del 95,6% en alcantarillado.
Por esa misma vía aparece la subregión del Oriente antioqueño, con una cobertura de acueducto del 90,2% y del 68,5% en alcantarillado.
Estos datos contrastan con las regiones más alejadas de la metrópoli.
Por ejemplo, en materia de cobertura de agua potable, el 95,6% del Valle de Aburrá contrasta con un 50,8% del Occidente, 53,5% del Norte, 57,5% del Nordeste y un 58,6% del Bajo Cauca.
En alcantarillado, el 95,6% del Aburrá contrasta con un 50,6% del Nordeste, un 50,8% del Occidente, 57,7% del Bajo Cauca y 58,9% del Urabá.
En cada una de esas subregiones, los contrastes entre lo rural y lo urbano también son muy marcados.
Por ejemplo, en el caso del Occidente, mientras Santa Fe de Antioquia y Sopetrán tienen las coberturas más robustas en su parte urbana, municipios como Olaya, Liborina, Buriticá, Cañasgordas y Giraldo tienen coberturas por debajo del promedio.
De igual forma, en el Bajo Cauca, mientras Caucasia tiene una cobertura alta, Cáceres, Zaragoza y Tarazá gozan de coberturas más bajas.
Hay varios factores que explican esos contrastes. Así lo advierte por ejemplo Javier Gaviria Betancur, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, señalando que durante los últimos 30 años —desde que se expidió la última ley que regula ese sector— ampliar dichas coberturas quedó en las manos principalmente de los municipios.
Mientras para el caso de Medellín y el Valle de Aburrá el músculo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus respectivos gobiernos no solo ha permitido alcanzar unas de las coberturas más altas del país, sino buenos indicadores de calidad; en el resto de Antioquia las empresas son mucho más pequeñas y los entes territoriales tienen presupuestos más apretados.
Ese factor financiero, señala Gaviria, es uno de los más determinantes en la ecuación, ya que la forma en la que está diseñado el sistema incentiva que se den inversiones en las zonas en las que posteriormente puede haber un margen de rentabilidad más amplio.
En contraste, en aquellas zonas menos pobladas, en vez de una solución, la operación del servicio puede terminar convirtiéndose en un lastre presupuestal para los municipios más pobres y sus respectivas entidades.
“Una de las principales causas que podemos identificar para que en municipios pequeños y en la ruralidad no se den avances significativos en la cobertura y en la calidad del servicio es que el incentivo de la norma está orientado a que las empresas prestadoras vayan principalmente a los grandes centros urbanos; es decir, donde se concentra más gente”, dice Gaviria.
Aquel balance entre lo invertido y el retorno es crucial por ejemplo en casos como el de Arboletes, en donde si bien pocos podrían diferir de que al municipio le vendría bien una planta de tratamiento de aguas residuales para mejorar la situación del río Volcán, el funcionamiento de la misma podría volverse eventualmente un dolor de cabeza para el gobierno local si su costo no se ve respaldado por un ingreso que permita operarla.
Por otro lado, con la vista puesta en el pasado, Gaviria señala por ejemplo que hasta 1994 la entidad Acuantioquia, dedicada a financiar la creación de pequeños acueductos veredales, fue clave y dejó un vacío que no ha sido subsanado.
“Esa entidad cumplía un papel muy importante de apoyo. Cuando se expidió la Ley 142, en municipios pequeños e intermedios predominaba la prestación comunitaria. Creo que ahí hay una segunda causa. Con la liquidación de Acuantiquia se tornó inexistente el apoyo financiero a los proyectos de las comunidades en mejora, cobertura y ampliación de las redes”, sostiene, explicando que a diferencia de una entidad grande, esos acueductos comunitarios tenían gastos operativos mucho menores.
A falta de una entidad con esa vocación a nivel departamental, Gaviria sostiene que gran parte de las inversiones necesarias para ampliar las redes en la zona rural y mejorar la calidad del servicio se estancaron, en una dinámica que también explica la persistencia de los contrastes entre la ciudad y el campo.
No obstante, el líder considera que el camino para que se zanjen esas brechas no pasaría necesariamente por que entidades como EPM se metan la mano al bolsillo para invertir en zonas apartadas y operativamente complejas, sino en que se retomen esos incentivos a los proyectos comunitarios del pasado.
Jimmy Collazos Franco, secretario de Medio Ambiente encargado de Antioquia y gerente de la Gerencia de Servicios Públicos, asegura que, consciente de ese panorama, la Gobernación formuló varios proyectos con los que se busca reducir esa brecha entre lo urbano y lo rural durante este cuatrienio.
Según quedó plasmado en el plan departamental de desarrollo vigente, para 2027 la meta es que la cobertura general del acueducto en Antioquia pase de un 91,94% a un 93,21%.
Entre tanto, la meta para el alcantarillado es que el mismo pase de 82,88% a 83,82%.
La primera tarea para esa meta, apunta Collazos, será actualizar los datos disponibles sobre las necesidades sobre todo en la zona rural, que según sostiene el gerente son insuficientes y necesitan ser ampliados en muchos lugares que han crecido y que tienen nuevos asentamientos poblacionales.
El lío a resolver, explica el funcionario, es que las informaciones que hoy toma como base la Gobernación son suministradas por los operadores, dejando sin margen a la administración departamental para profundizar en otras zonas de interés y cotejar la información. Esa fase de diagnóstico abarcará 60 municipios y se realizará en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA).
“Prácticamente casi todos los municipios tienen agua potable en su casco urbano, la debilidad de nosotros es en la zona rural y eso hay que decirlo. En este momento en cuanto a agua potable en la zona rural estamos en un 38,4%”, advierte el gerente.
Este último indicador, dice, también es clave, ya que más allá de la cobertura, muchos hogares en el departamento no están recibiendo agua apta para el consumo. En esta materia, las regiones con los porcentajes más críticos de agua potable en la zona rural son el Bajo Cauca, con un escaso 0,6% de cobertura; el Norte con un 10,5%; el Nordeste con un 14%, y el Occidente con un 14,4%.
En consecuencia, Collazos sostiene que de aquí al 2027 la meta de la Gobernación es impulsar por lo menos 4.000 soluciones individuales de agua potable.
Además del acueducto y el alcantarillado, otro servicio público que arrastra problemas en Antioquia es el de la disposición de residuos sólidos.
A largo plazo, el lío más grueso para la mayor parte del departamento es su dependencia a reducidos puntos de disposición de esos residuos, como ocurre con el relleno Sanitario La Pradera, en el que además de Medellín y el Valle de Aburrá, el 79% de los municipios del departamento arrojan sus basuras.
Las subregiones que más residuos sólidos generan están encabezadas por el Valle de Aburrá, con 1.261.492 toneladas por año (equivalentes al 71% del total departamental); Oriente con 130.802 toneladas por año (7%); y Urabá, con 123.405 toneladas por año (7%).
En el caso de La Pradera, cabe recordar que Emvarias heredó un chicharrón que la tiene contra las cuerdas, debido a que en el gobierno pasado la habilitación de un nuevo vaso quedó pendiente. Este se espera funcione en 2025. En agosto pasado, la Defensoría del Pueblo sostuvo que otros 14 rellenos en Antioquia cumplieron su vida útil.
