En lo alto de las montañas que divide a Medellín de Bello, se levanta Granizal, una vereda anfitriona para las miles de personas desplazadas por la violencia. Este rincón de esperanza para quienes escaparon de las balas y el miedo enfrenta ahora una nueva lucha: la del acceso al agua potable.
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Con cerca de 30.000 habitantes, de los cuales el 65% son desplazados, Granizal es el asentamiento más grande de población desterrada de Antioquia y el segundo del país, pero ni esa magnitud ha logrado que los ojos de las autoridades se posen sobre la comunidad. Aquí, el agua escasea y, cuando llega, es casi imposible de beber.
Granizal se reparte en ocho sectores y, curiosamente, sus nombres están plagados de esperanza, por ejemplo Manantiales de Paz, San José del Pinar y Oasis de Paz, entre otros. Pero esa paz que evocan los nombres choca con la cruda realidad que vive la gente allí.
La esperanza, dicen los líderes comunales, se va perdiendo día a día, graneadita, ante la falta de soluciones por parte de la administración municipal.
No es solo la escasez de agua lo que agobia a esta comunidad, también es el riesgo de consumirla. Entre 2007 y 2015, estudios realizados por la Universidad de Antioquia encontraron coliformes fecales tanto de animales como de humanos en el agua del acueducto. Los efectos de esto no tardaron en manifestarse: diarreas, hepatitis A y cólera son parte de las enfermedades que se extendieron afectando principalmente a los más vulnerables, como los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las madres gestantes.
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Con el respaldo de estos análisis, la comunidad, representada por Miguel Rodríguez Serrano y Lizardo Correa, decidió tomar cartas en el asunto.
En 2015, interpusieron una acción popular que finalmente, en febrero de 2020, les dio la razón. La tutela ganada ordenaba a la Alcaldía de Bello y a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) a garantizar el acceso al agua potable en el territorio.
Sin embargo, a pesar de lo que parecía un triunfo, la solución llegó a medias: 170 tanques de 5.000 litros fueron instalados en diferentes puntos de la vereda para abastecer de agua a la comunidad. La victoria resultó ser efímera, porque en sectores como Altos de Oriente esos tanques a veces no reciben agua, dejando a los vecinos con la única opción de bajar hasta el sector El Pinar, cargando galones en calles que constantemente están enlodadas o presentan deslizamientos.
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Las dificultades no acaban ahí. La falta de un sistema de alcantarillado adecuado ha sumado otro problema: letrinas que deben vaciarse manualmente, aguas residuales que terminan en quebradas o pozos sépticos, y un precario sistema de tuberías de PVC que corre muy cerca de estas aguas contaminadas.
Ante tal situación, los mismos habitantes se las ingeniaron para construir un acueducto artesanal, canalizando las aguas de las quebradas La Negra y Rodas, e incluso interviniendo la tubería que transporta agua desde la represa Piedras Blancas hasta la planta de tratamiento de Villa Hermosa, en Medellín.
La Corporación Las Cometas, que acoge a cerca de 500 alumnos en sus aulas, ha sido testigo de la difícil situación. Los niños, luego de un día de juegos o de la clase de educación física, no pueden beber de la llave sin arriesgarse a un dolor de estómago. A veces, incluso, se quedan sin con qué descargar los baños, lo que complica aún más las condiciones de higiene y la salud de los menores por no poder entrar al sanitario.
El colegio solicitó un tanque adicional a EPM para abastecer los baños y el comedor, pero la respuesta fue negativa. Argumentaron que ya hay un tanque y que colocar otro resultaría inviable.
Hablar del Granizal es, en esencia, la historia de un desarraigo repetido. “Esto era un pinal”, recuerda un habitante del sector San José de El Pinar, cómo este lugar, en los años 90, se llenó de familias desplazadas que buscaban refugio en medio de los bosques de pino ciprés. Ahora, ese mismo refugio se ha convertido en un nuevo escenario de lucha, donde el agua es el bien más preciado y, paradójicamente, el más esquivo.
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El Plan de Ordenamiento Territorial de Bello, además, no reconoce formalmente a Granizal como parte del municipio, lo que complica aún más la situación. A pesar de esto, la comunidad sigue en pie, resistiendo, levantando la voz por lo que les corresponde. “Meter redes subterráneas aquí sería muy difícil”, explicó Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM, durante las discusiones en la Acción Comunal en 2015. En ese momento argumentó que la excavación necesaria implicaría riesgos en una zona ya catalogada como de alto riesgo.
Según EPM, si bien está comprometida con la entrega del agua potable en la vereda, debido al regular y mal estado que se presenta por temporadas en las vías, se ha tenido que limitar por unos periodos de tiempo el tránsito de los carrotanques que abastecen los tanques y bidones.
“Las zanjas, piedras, desniveles, la humedad y el lodo sobre las vías afectan las condiciones mecánicas de los carrotanques y el control del vehículo lo que podría generar un accidente, poniendo en peligro la vida de la comunidad y de los operadores”, explicó la empresa, por lo que ha solicitado a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Bello el mantenimiento de las vías existentes para la circulación segura de los carrotanques, por ser ellos los competentes y administradores de dichas vías.
En los restaurantes de Granizal, los dueños filtran el agua con medias para evitar que la tierra o los insectos se posen en la comida.
La vereda más grande de Antioquia sigue en pie de lucha porque, aunque el conflicto armado quedó atrás para muchos de sus moradores, la contienda por el agua continúa.
