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El actual gobierno decidió cambiar el gerente de la Nueva EPS rompiendo con una tradición de 14 años de darle a esta entidad un manejo técnico antes que político. No se trata de descalificar a la persona en quien recayó este nombramiento porque “no es blanco, buen mozo y artista” como desatinadamente el ministro de salud trató de justificar el rechazo que este nombramiento genera.
Antes que intentar deslegitimar al nuevo funcionario por lo que es, quien no tiene buenos antecedentes en el manejo de entidades de salud como lo demostró a su paso por la alcaldía de Bogotá, existe una crítica de fondo a lo que este nombramiento significa. Como ya lo he mencionado en otras de mis columnas, para este gobierno la salud es antes que un asunto técnico un tema político, que sigue los postulados de una ideología política afín a tendencias colectivistas en Latinoamérica.
Estos movimientos pregonan por la superioridad de lo público sobre lo privado y por la politización de todos los sectores sociales que usan como herramienta en su lucha por el poder. Esta diversidad de pensamiento, aunque podría ser buena para la democracia, no necesariamente lo es para el sector salud que tradicionalmente en todo el mundo, y como debería ser por su carácter neutral, se ha mantenido al margen de las contiendas políticas.
Colocar en cabeza de esta institución emblemática de la seguridad social en Colombia, por su tamaño, presencia en todo el país y por representar la esencia de este sistema creado en 1945, a un activista político sin formación en el campo de la salud y con una muy poca además de negativa experiencia en el manejo de sus instituciones, quien reemplaza a un profesional con amplia formación y experiencia en este campo además de ajeno a las cuestiones partidistas, es una señal de lo que se quiere hacer con el manejo de la salud en Colombia.
Es un claro mensaje de que la salud va a ser utilizada como un instrumento de lucha política para llegar, controlar los recursos del Estado y mantenerse en el poder, donde la salud de la gente no es la prioridad, al menos por ahora. Es romper con una práctica que como en todas las disrupciones abruptas genera incertidumbre, debilita la ya maltrecha confianza en las instituciones que este gobierno se ha esmerado en debilitar, y se corre el riesgo de deteriorar la atención a los pacientes que al final es lo único que debería importar.
El gobierno y la nueva cabeza de la Nueva EPS tienen el reto de demostrar que sus acciones van a mejorar el servicio a los más de 10 millones de afiliados, que es la única forma de reparar la confianza en el ya maltrecho sistema de salud. Por supuesto que mi deseo es que les vaya bien, porque solo así les sucederá lo mismo a los pacientes que son por quienes abogo.
