“En el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) notamos que hay personas que terminaron sancionadas por haber estado en un almuerzo hace más de diez años. También hay personas cuyo único pecado fue que les copiaran en un correo electrónico y les impusieran una multa de más de 200 millones de pesos, sin saber si leyeron, o no, el mensaje”.
Así cuestiona el abogado de Carvajal, Emilio José Archila, el fallo proferido por la SIC en el caso del llamado cartel de los cuadernos, en que también resultaron involucradas y exoneradas de multa las empresas Kimberly y Scribe y varias personas naturales, empleadas por esas firmas.
Al insistir en que Carvajal acogerá el recurso de reposición al que tiene derecho, Archila sostuvo que la SIC se equivocó. “Si bien Scribe y Kimberly aportaron algunos elementos que podrían haber generado la sospecha de un comportamiento contrario a las normas, el conjunto de pruebas que aportamos son más contundentes y demuestran que las afirmaciones de los delatores no son ciertas”.
Sobre el hecho de interponer la reposición ante la SIC, la misma instancia que profirió la resolución sancionatoria, Archila expresó que “los abogados vivimos de creer que la justicia se tarda, pero llega. En este caso, tengo la convicción de que el superintendente Pablo Felipe Robledo, recapacite, analice el caso y podamos rebatir las conclusiones a las que inicialmente llegó”.
De no prosperar estas pretensiones, Carvajal está dispuesta a acudir al Consejo de Estado, mientras las personas naturales podrían recurrir a cualquier tribunal Contencioso Administrativo para lograr la nulidad del fallo.
Otro de los aspectos en que hace hincapié el defensor de Carvajal es que nunca hubo una afectación del mercado de los cuadernos en Colombia. “No existieron los acuerdos y la misma SIC dice que no hay evidencias de que se hubiera afectado al consumidor y solo hace una especulación, basada en la participación de mercado de las firmas involucradas”.
Finalmente, sostuvo que los estudios encargados por Carvajal demostraron que los precios de los cuadernos, durante el tiempo que supuestamente operó el cartel, nunca tuvieron un sobreprecio.
