La Personería Distrital de Medellín alertó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Igualdad por el impacto que tiene el cierre de servicios de obstetricia en la ciudad.
Según la entidad, dicha dificultad se ha intensificado desde inicios de 2023 cuando cerca de doce IPS de la ciudad alertaron sobre el cese de sus servicios por temas económicos. De estas, seis ya han cerrado, disminuyendo el margen de la atención de este servicio no solo en Medellín —donde nacen más de 27.000 bebés al año— sino también del departamento, haciendo que la capital antioqueña reciba toda la presión en la atención.
De hecho, la Procuraduría Provincial de Rionegro y la Personería de Rionegro también enviaron una alerta al Ministerio de Salud y Protección Social en el mismo sentido por el posible cierre del servicio de obstetricia en la clínica San Juan de Dios de La Ceja a raíz de la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud colombiano a partir del 30 de noviembre.
Como lo ha publicado EL COLOMBIANO, La Clínica del Rosario anunció que desde el 30 de junio cerraba su servicio de maternidad. Lo que se suma a la saturación de los servicios de parto de hospitales como el San Vicente, el deterioro en la prestación de la red pública de Metrosalud en las unidades de Belén y Manrique y el anuncio de la Clínica de las Américas Auna que comunicó que solo cuentan con una sala de partos, por lo cual señalan que no están en capacidad de asumir una demanda adicional a la que se viene prestando.
Detrás de esto hay causas estructurales. En 2016 la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia adelantaron un estudio para determinar los factores relacionados con el cierre de estos servicios en instituciones referentes como la Clínica de Las Vegas, la IPS Universitaria y otras cinco.
Encontraron, entre otras cosas, que el costo promedio en varias de estas IPS para el servicio de parto era de $1.088.710. Sin embargo, solo recibían en promedio $1.028.049 por parte del asegurador al que estaba afiliada la materna. La cesárea tenía un costo promedio de $1.410.819 y solo recibían en reembolso $1.257.467. Mejor dicho, trabajaban a pérdida.
Según el Sindicato Nacional de Ginecología y Obstetricia –Sogos–, la lógica de la rentabilidad, en la cual se reducen los incentivos para que los prestadores de salud conserven los servicios materno infantiles y se vean obligados a operar a pérdida, ha creado en el país, y particularmente en la capital antioqueña, un círculo vicioso. Entonces, los servicios colapsan, se satura la red entre las IPS que siguen operando y el resultado termina siendo la afectación en la atención a las maternas, complicaciones, quejas de las gestantes, largas esperas, falta de cupos y una sobrecarga laboral del personal de salud.
Esta situación, además de impactar el número de partos atendidos a diario en Medellín, también afecta la posibilidad de que los profesionales en salud hoy no tengan garantías para el aprendizaje —ya que no se cuenta con suficientes centros de formación para médicos ni especialistas— ni con las condiciones mínimas de bienestar laboral.
Sin embargo, lo que genera mayor alerta es el aumento desproporcionado que pueda darse con las cifras asociadas a los casos de morbi-mortalidad materna, así como las barreras para el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo en condiciones dignas; así como el incremento de la violencia obstétrica y reproductiva.
“Por ejemplo, el cierre de servicios de obstetricia del Hospital San Vicente Fundación de Medellín, acrecentará la crisis que se viene dando en la ciudad sobre los servicios materno-perinatales, teniendo en cuenta que esta reviste una complejidad mayor, ya que dicha entidad es la única en la atención especializada en cardiología para pacientes obstétricas. Por ende, este cierre puede tener un impacto directo con las cifras asociadas a la morbi-mortalidad materna”, indicó la Personería en un comunicado.
