El pasado jueves, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, viajó a Paraguay con una carpeta bajo su brazo. Ese día se reunió con las autoridades de ese país, incluido el presidente Mario Abdo Benítez, para presentarle los avances en la investigación del homicidio del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en una playa de Isla Barú, en Cartagena, hace apenas 13 días.
En el dossier, Ramírez llevaba los nombres de 19 capturados señalados como extraditables: dos italianos, un dominicano, un holandés, un albanés y 14 colombianos. Entre estos últimos, un nombre sonó con fuerza: Diego Mauricio Blanco, un piloto colombiano señalado por las autoridades como trabajador de narcos brasileros.
El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, dijo que la operación en la que fue capturado el piloto Blanco “afecta a importantes organizaciones criminales como el ‘Clan Rocha’ de Brasil, que tiene vínculos con el Primer Comando Capital (PCC) del mismo país”, grupo del cual hace parte Sergio de Arruda Quintiliano Netto, más conocido como Minotauro. A este narco lo capturó el fiscal Marcelo Pecci el 4 de febrero de 2019 en una operación antidrogas y ahora es uno de los principales sospechosos del homicidio, pese a estar en una prisión de Brasil.
Pero en ese ramillete de nombres que llevó Ramírez a la reunión con el alto gobierno paraguayo se les escapó un nombre sobre el cual las autoridades colombianas ya pusieron el ojo. Se trata de un piloto de la Fuerza Aérea Colombiana quien, junto a Blanco, fue aprehendido en Brasil en una operación antimafia que incluyó una docena de detenidos y la incautación de avionetas y submarinos para transportar drogas desde Colombia y Paraguay hacia Brasil, Venezuela y Surinam, y de allí al resto del mundo.
Pilotos encubiertos
El documento judicial del Tribunal de Tocantis, Brasil, con fecha del 1 de abril de 2019 y conocido en exclusiva por EL COLOMBIANO, registró que en un operativo de incautación de una aeronave en Guyana, en agosto de 2017, estuvo involucrado el piloto colombiano Andrés Felipe C.B., a quien le encontraron los documentos dentro de la aeronave.
El expediente judicial reseñó a Andrés Felipe Correa Blanco como “oficial de la Fuerza Aérea Colombiana al momento de los hechos (...) y se quedó en Brasil junto con Eduardo André Melo, Francisco Braga Martins Junior y Diego Mauricio Blanco Blanco y les hubiera ayudado a transportar la mencionada aeronave desde Brasil hasta la pista de Guyana (sic)”.
Los nombres adjuntos al del piloto colombiano (quien en la actualidad tiene demandada a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares) son parte del entramado denominado “el segundo núcleo”, el cual, según el dossier de la Policía de Brasil, estaba conformado por pilotos, auxiliares y bodegueros que prestan el servicio comercial y serían los encargados de mover las avionetas con droga y el dinero de su venta, además, de trazar rutas irregulares y mapas de vuelo para evadir las autoridades aeronáuticas de varios países.
El subgrupo del que hizo parte el piloto de la Fuerza Aérea Colombiana según sindican las autoridades brasileras, estuvo bajo el mando de Joao Soares Rocha, señalado como cabecilla del Clan Rocha, “que tiene vínculos con el Primer Comando Capital (PCC)”, como dijo el general Vargas, director de la Policía colombiana.
En este mismo subgrupo, y de acuerdo al informe policial brasilero, hizo parte otro piloto reclutado directamente por el Clan Rocha, cuyos nexos, dicen investigadores colombianos, tocan estructuras mafiosas en Colombia como la Oficina de Envigado; grupos armados ilegales que viven del narcotráfico como el Clan del Golfo, y sus tentáculos alcanzan a llegar a Italia, Países Bajos, Perú, República Dominicana, Bolivia y Argentina.
Tras su captura y detención temporal, los tres pilotos colombianos fueron vinculados a un proceso judicial y sindicados por los delitos “financiamiento y tráfico de estupefacientes, asociación para el tráfico de estupefacientes, organización criminal, encubrimiento y disimulo de bienes, derechos y valores derivados de infracciones penales y ataques contra la seguridad del transporte aéreo”.
Luego de que el juez federal Pedro Felipe de Oliveira ordenara un arresto preventivo a los capturados en el operativo (incluidos los tres pilotos colombianos), las autoridades brasileras les perdieron el rastro. Fue así como el 22 de marzo de 2019, el mismo togado ordenó incluir sus nombres en las listas rojas de Interpol.
Nuevas pistas del homicidio
Con estos nuevos nombres, las autoridades de Colombia, Paraguay y Estados Unidos tienen puesta la lupa sobre la región Caribe para identificar a los asesinos. Investigadores le relataron a EL COLOMBIANO que los homicidas de Pecci lo siguieron en el hotel el día anterior y a la mañana siguiente, para no levantar sospechas, rondaron por el balneario.
Luego alquilaron la moto y fueron hasta la playa donde estaba con su esposa. Esperaron a que Pecci saliera del mar, se sacudiera la tierra y lo silenciaron con un disparo en la boca y dos en la espalda. “Es una forma simbólica de como el crimen en Paraguay silencia a los que investigan, como queriendo decir, cierra la boca”, dijo un periodista paraguayo, quien prefirió silencio ante el temor de que las balas de los narcos lo alcancen como le sucedió a Pecci
