El juzgado que lleva el caso del exalcalde Daniel Quintero dio a conocer hacia el medio día de este martes la nueva fecha en la que se realizará la audiencia de imputación de cargos en su contra, luego de que esta fuera aplazada por segunda vez. La fiscal del caso Aguas Vivas le solicitó al juzgado al que le toque en reparto la próxima audiencia de este proceso que la realice sin devolverla al centro de servicios. Es decir, que está en disposición de adelantar la diligencia con las partes que se presenten, según conoció EL COLOMBIANO.
Esto a raíz de los aplazamientos que ha sufrido esa cita para leerles los cargos al alcalde Daniel Quintero y las otras doce personas imputadas dentro de este escándalo, entre ellos nueve exfuncionarios y tres personas particulares.
El juzgado que lleva el caso de Aguas Vivas reprogramó ayer la audiencia de imputación pocas horas antes de que esta se realizara. Según quedó fijado en el expediente electrónico del caso, la nueva imputación quedó programada para este martes 8 de abril a las 2:10 de la tarde.
Esta vez el reagendamiento vino por cuenta de un pedido de la defensa del exsecretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Carlos Mario Montoya, precisamente uno de los más enredados en el caso.
Su apoderado, el abogado Jhohesiash Ben Emmanuel Goldstein Summers, sostuvo que ya estaba ocupado con otro proceso en un juzgado de La Ceja, no pudiendo entonces asistir a la audiencia de imputación.
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“Lo anterior se constituye en una causa justificada que impide adelantar la formulación de imputación en este despacho. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 31 Penal Municipal resuelve devolver la carpeta al Centro de Servicios Judiciales a fin de que se proceda con su reprogramación”, estableció el juzgado tras recibir la excusa.
El caso trajo a la memoria lo ocurrido hace apenas una semana, cuando otros dos abogados defensores de los implicados pidieron a último minuto mover la audiencia de imputación, argumentando también tener compromisos pendientes.
Una de esas solicitudes, entregada al juzgado el viernes 21 de marzo, fue formulada por la abogada del exsecretario General de Medellín, Fabio Andrés García, quien aseguró tener para ese mismo día los grados de una maestría y otro compromiso en la Corte Suprema.
El abogado defensor del mismo Quintero, el exmagistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, optó por el mismo camino.
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Al tiempo que el exalcalde avanzaba en los preparativos de un mitin político que se hizo a las afueras del Palacio de Justicia, en el que portando carpetas en mano aseguró tener las pruebas para demostrar su inocencia y hasta insistió en sus aspiraciones a la Presidencia de la República, el exmagistrado Hernández redactó un oficio para el juzgado en el que aseguró necesitar más tiempo para empaparse del caso y preparar la defensa de su cliente.
Piden vigilar el proceso
Tras estos dos aplazamientos sucesivos, desde varios sectores comenzó a verse con preocupación lo que para muchos podría tratarse de una estrategia de dilación. Uno de los que reiteró su preocupación fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien planteó que el trámite del proceso podría estar en riesgo si los demás implicados empiezan a presentar recursos similares.
“Por segunda vez aplazaron la audiencia de imputación de cargos. Son 13 los imputados, incluyendo el jefe de la banda. Es evidente la estrategia dilatoria. Horas antes de la audiencia, envían excusas. Imagínense una excusa por cada audiencia. ¿Tendremos 13 aplazamientos?”, planteó el mandatario, quien en marzo de 2024 amplió la denuncia del caso Aguas Vivas.
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El pronunciamiento del alcalde se mantuvo en una línea similar a la argumentada por la Secretaría General de la Alcaldía en un oficio entregado al juzgado la semana pasada, en el que se planteó que la diligencia ya había sido informada desde el 17 de marzo pasado, dando tiempo suficiente a todos los involucrados para que se programaran debidamente para asistir a esa cita con la justicia.
Bajo este contexto, la abogada Gloria Patricia Jaramillo, quien durante el cuatrienio pasado también investigó y formuló múltiples denuncias por presunta corrupción, envió una solicitud al Consejo Superior de la Judicatura pidiendo iniciar una vigilancia judicial administrativa.
“La reprogramación de las audiencias, sin al menos instalar la diligencia y, en consecuencia, limitándole la posibilidad a la fiscal del caso —como solicitante— de coadyuvar la repogramación o de oponerse a la misma peticionando su realización con los procesados presentes, resulta en mi criterio motivo suficiente para solicitar una Vigilancia Judicial Administrativa, con el fin de que se verifique que en el proceso en curso se esté siguiendo el debido proceso y no se esté permitiendo por parte de los operadores judiciales la recurrente dilación del proceso”, planteó la abogada en su oficio, en el que pidió revisar con urgencia las actuaciones de los juzgados que llevan el caso y hasta insistió en que la audiencia se realizara al menor término posible.
Por el caso Aguas Vivas, Quintero y los demás implicados podrían ser juzgados por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.
Vale recordar que en su investigación la Fiscalía busca determinar quiénes fueron los responsables y cómo se habría producido una serie de movidas administrativas con las que un lote ubicado en Las Palmas fue avaluado por la Alcaldía en $48.234 millones en 2021, presuntamente para beneficiar a privados.
De igual manera, se investiga el papel del exalcalde Quintero en dicho caso, sobre todo por cuenta de la firma de un decreto que le cambió el uso al suelo en cuestión, luego de que la justicia no le permitiera a la Alcaldía realizar una conciliación en la que pagaría $40.509 millones a los privados.
