La Clínica Maicao fue el escenario de una tragedia que parte el corazón. En la tarde del pasado 5 de septiembre ingresó al servicio de urgencias el defensor público Freddy Enrique Rhenals Coronado, con graves heridas de bala, justo cuando uno de sus cinco de hijos estaba de turno como médico. Y aunque él y sus colegas trataron de salvarlo, su padre entregó el alma en una de las camillas.
El crimen fue perpetrado por sicarios en motocicleta, quienes al parecer le venían haciendo seguimiento al servidor público. El ataque sucedió minutos antes en el barrio San José, del municipio guajirense de Maicao, adonde fue a llevar a su hija menor.
Apenas la dejó en la casa y emprendió la marcha en su moto, fue alcanzado a una cuadra por los delincuentes, quienes lo acribillaron.
La Defensoría del Pueblo informó que el abogado Fredy Rhenals, de 47 años, trabajaba en la entidad desde 2019, en la sede regional de La Guajira.
Su cargo era el de defensor público, por lo que “su labor consistía en gestionar la defensa jurídica de los derechos de la población privada de la libertad del circuito judicial de Maicao”, acotó la Defensoría.
Rhenals se convirtió en el tercer funcionario asesinado de la regional de La Guajira en el último año.
La anterior víctima fue el contador Néstor Enrique Martínez Brito, de 49 años, en hechos ocurridos el 15 de marzo de 2023, en el barrio Ranchería, de Riohacha.
El ataque se presentó a las 5:30 de la madrugada, en circunstancias parecidas. Iba rumbo a la casa de su hija a bordo de una moto, para recogerla y llevarla al colegio.
En el trayecto lo interceptaron sicarios motorizados, que le cortaron la vida de un tajo.
Martínez llevaba 20 años trabajando en la Defensoría como enlace de la entidad con las comunidades de Riohacha para labores de desarrollo social y defensa de los DD.HH. También tenía una maestría en Conflicto Social y Construcción de Paz, y era reconocido en la población afrodescendiente como un líder.
El tercer funcionario ejecutado de esta racha fue Raúl Roberto Rosales Blanquiceth, de 32 años. Al mediodía del 14 de julio de 2022 recibió los balazos de un sicario cuando hablaba por celular en una calle del barrio Los Nogales, de Riohacha.
El difunto era pensionado de la Policía y se había graduado de abogado. En la Defensoría fungía como defensor público de los capturados.
Sobre esta inusual ráfaga de homicidios se pronunció esta semana el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
“No puede ser que continúen asesinando a nuestros funcionarios y defensores públicos, cuya misión no es otra que estar al servicio de la defensa, protección, y garantía de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Los ataques contra los servidores públicos tienen que parar”, dijo.
El contexto de criminalidad
¿Quiénes están detrás de estos atentados? Las autoridades todavía no han esclarecido si se trata de casos conexos o de hechos aislados.
Los principales actores criminales de La Guajira están relacionados con redes de narcotráfico transnacional, que contratan bandas locales para operar su negocio en los corredores de movilidad y las zonas portuarias; y grupos especializados en contrabando, que explotan las trochas de la frontera con Venezuela.
Son estas organizaciones las que le meten más presión a las comunidades y deciden la ejecución de gran parte de los crímenes que enlutan al departamento.
Entre las facciones más conocidas están el Clan del Golfo y “los Pachenca”, que se disputan el territorio para sus actividades ilícitas.
Aunque en los tres casos reseñados se ofrecieron recompensas por información y se crearon grupos especiales de investigadores, el que tiene más avances es el del contador Néstor Martínez, por el que ya hay un sicario capturado.
Se trata de César Miguel Pérez Díaz, alias “César Laguna”, arrestado dos semanas después del crimen gracias al análisis de cámaras de vigilancia. La Fiscalía le imputó cargos por homicidio y porte ilegal de armas, los cuales aceptó en el estrado, y ahora está pendiente de la sentencia.
De momento se desconoce quién lo habría contratado para ejecutar al funcionario.
El defensor Camargo hizo una llamado a la Fiscalía para que averigüe “si los tres hechos guardan alguna relación sobre la autoría”.
También le pidió apoyo a la Unidad Nacional de Protección (UNP), “para que se adelanten estudios de riesgo aleatorio para nuestros servidores con mayor exposición en los territorios”.
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ANEXO: INSÓLITO ATAQUE A FUNCIONARIO
Este año fue asesinado otro funcionario de la Defensoría en el departamento de Córdoba, aunque en un contexto de violencia diferente. El pasado 26 de agosto, William Álvarez Domínguez fue a atender un caso en el Batallón de Operaciones Terrestres N° 23 del Ejército, en el municipio de Puerto Libertador. Se trataba de una familia de campesinos que pedía auxilio, debido a amenazas del Clan del Golfo. En medio de la entrevista, el padre de familia tomó un elemento cortopunzante de la enfermería y se lo clavó en el pecho al servidor público, quitándole la vida.
La razón del ataque no ha sido revelada, pero el campesino fue capturado.
