El sistema de salud vive momentos críticos mientras el Gobierno del presidente Gustavo Petro sigue buscando más culpables y menos soluciones. Su último Consejo de Ministros transmitido en vivo, del martes 25 de marzo, lo dedicaron a hablar sobre salud y se tomaron la palabra, además del mandatario, sus funcionarios de salud: el ministro Guillermo Jaramillo, el superintendente Giovanny Rubiano y el director de la Adres (Administradora de Recursos del Sistema de Salud) Félix Martínez. Sin embargo, sus intervenciones tuvieron imprecisiones y datos acomodados.
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Si bien hacerle un factchecking a todo lo que mencionaron en dos horas y media que duró el Consejo podría dar para un paper universitario, EL COLOMBIANO revisó la veracidad de las afirmaciones que hicieron sobre el modelo sanitario del país, las deudas existentes y el presupuesto para este sector, en el que mezclaron verdades parciales con retóricas efectistas.
¿De dónde viene el modelo de salud colombiano?
Mientras los tres funcionarios hablaban, cada uno por separado, el presidente Petro intervenía para hacer comentarios, para atacar a los medios de comunicación, a los gremios de la salud y a quienes llamó “señores de los negociados y la corrupción”. En una de esas, lanzó esta frase: “Nosotros calcamos fue el (sistema de salud) de Estados Unidos y el de Chile de Pinochet”.
“Es insostenible, porque se roban el dinero y se lo roban a partir de la construcción de un sistema de salud, que hay pocos en el mundo y todos van mal por esta misma razón (...) porque se sustenta no en el derecho universal a la salud (...), sino en un sistema de aseguramiento financiero como si la gente fuera carros”, dijo.
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El modelo de salud colombiano
Hay que recordar que el modelo implementado en Colombia desde 1993 —bajo la Ley 100— fue creado durante el Gobierno de César Gaviria mediante el Congreso y bajo la batuta técnica del colombiano Juan Luis Londoño (ministro de Salud en 2002) y del médico mexicano Julio Frenk (secretario de Salud de ese país entre 2000 y 2006). Quedó establecido como un sistema basado en el modelo denominado “pluralismo estructurado” en el que participan el Estado y actores públicos y privados para las funciones de regulación, financiamiento, aseguramiento y la prestación de servicios. Algo muy distante a lo que ocurre en Estados Unidos.
Como le explicó a EL COLOMBIANO el investigador en salud Andrés Vecino, en ese país “hay aseguramiento privado y no hay esquema de competencia regulada, pues la cobertura es solo a través del empleo, no hay régimen subsidiado y tampoco beneficios homogéneos para todos”.
En el caso del modelo de Chile, expone que “tiene algunas similitudes con el colombiano en cuanto a las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), que es el régimen contributivo de allá”. Sin embargo, añade que “la solidaridad del nuestro es muchísimo mayor en el régimen subsidiado que en el de allá, que es el Fondo Nacional de Salud (Fonasa)”, aunque precisó que ese tiene mejores capacidades para “proveer oferta de prestación de servicios”.
“Aún así, la protección financiera es mejor en Colombia, donde el gasto de bolsillo (plata propia que gastan las personas en salud) es del 15 %, mientras que en Chile es del 20 %. Además, el gasto pér cápita acá es de 477 dólares (a precio de 2023) y el de allá es de 1.281 dólares”, expuso.
¿El Gobierno Petro es el que más ha invertido en salud?
El ministro Jaramillo y el director Martínez dedicaron gran parte de sus participaciones en el Consejo a señalar que el Gobierno Petro es el que más ha invertido e incrementado el presupuesto para salud, en comparación con las anteriores administraciones. Jaramillo expuso una diapositiva que mostraba que el incremento porcentual de 2022 a 2023 fue del 27,5 %, de 2023 a 2024 fue del 14,4 % y de 2024 a 2025, del 9,2 %, pasando de $40,89 billones en 2022 a $65,06 billones en 2025. Cifras referentes al presupuesto del Ministerio de Salud.
Por su parte, Félix Martínez expuso las de la entidad a su cargo, que evidenciaban un incremento del presupuesto para la Adres de $71,6 billones en 2022 a $98,6 billones en 2025.
Ante esto, el director dijo que “vamos cerrando los $100 billones. Si esto no es poner plata en la salud, crecer de 70 a 100 billones en tres años, no sé qué será poner plata. Y el esfuerzo fundamental es del Gobierno Nacional”.
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Estas cifras son ciertas y corresponden a la distribución del presupuesto general de la Nación. Sin embargo, el hecho de que este sube o se incremente, no significa necesariamente que sea suficiente para sostener el sistema de salud y las atenciones correspondientes a la ciudadanía, menos cuando se presentan sin discriminar o especificar cómo se están ejecutando esos recursos de incremento.
Al respecto, Vecino advierte que “es cierto” el incremento, pero no “porque ellos quieran, sino porque constitucionalmente los recursos destinados a los rubros sociales deben incrementarse cada año por ley”. Y agrega que “la pregunta es si se ha incrementado lo suficiente y la respuesta es que absolutamente no”.
Eso sin contar que los presupuestos para las entidades del Estado también se van para gastos de funcionamiento y operación que, en el caso de las del sector salud, no significa por derecha que vayan destinados todos al sistema.
UPC: el eterno debate con el Gobierno
Por otra parte, Félix Martínez enseñó otra diapositiva con los valores reconocidos a las entidades promotoras de salud (EPS) por concepto de la unidad de pago por capitación–UPC (que es la plata que el Estado les da para la atención de sus afiliados) entre 2015 y 2025. Las gráficas mostraban un incremento sostenido en esos diez años, pasando de $31,4 billones en 2015 a $83,3 billones en 2024.
Además, el ministro Jaramillo mostró otra gráfica con el incremento de la UPC comparada con la inflación anual desde 2009 hasta 2025. Allí resaltó que en los años 2011, 2015, 2018 y 2021 la inflación fue superior al incremento de esa prima.
Sobre esto, hay que tener en cuenta dos factores: incremento y suficiencia. El presupuesto para financiar algo puede subir, pero no necesariamente implica que este alcance. En el caso de la plata que financia el sistema de salud —y de paso la atención de la gente y los pacientes— hay que considerar variables como las frecuencias de uso de los servicios (veces que la gente va al médico o al especialista), sus costos por prestador (cuánto la vale a una clínica o un hospital brindar un servicios) y el territorio en que se hace.
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Sobre la suficiencia de la UPC, el investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, advierte que estas variables “son las que se hacen en el estudio de suficiencia de la UPC (que hace el Ministerio de Salud)” y que en un sistema de salud en el que los costos de las tecnologías se encarecen “el hecho de que se incremente el ingreso, pero el gasto suba, significa que no va a ser suficiente”.
“Decir que porque se incrementó (por encima de la inflación) es suficiente, no es cierto. Eso solo se puede afirmar con análisis, que son los que tienen que hacer por orden de la Corte Constitucional”, agregó Jiménez.
Para entender mejor valga un ejemplo con el mercado de un hogar. Si la plata para hacer esas compras en una casa durante un año es de $1 millón, pero el año siguiente los productos que suele adquirir subieron y dejó ese costo en $1,6 millones, pero el incremento que hace la jefe de ese hogar es de $1,3 millones, evidentemente hay un incremento, pero no significa que este alcance a cubrir ese encarecimiento.
El sistema de salud ha perdido la capacidad de financiarse
Como muestra de eso, Vecino trae a colación que “la evidencia es que los precios esperados en 2022 fueron del 3 %, pero terminaron en un 12 %” y que “en 2023 la UPC se calculó con 7,1 % de inflación, pero la final fue de 9,28 %. Esa diferencia es muy importante y determina que se ha perdido la capacidad del sistema de financiarse y no estamos seguros de si se está gastando mejor”.
Por otra parte, la presidenta de Acemi (gremio de EPS), Ana María Vesga, puso de presente que para calcular la UPC no solo se tiene en cuenta la inflación, sino otros factores como el aumento de la frecuencia y el comportamiento del gasto en salud, así como “el cambio demográfico, el envejecimiento de la población, las tecnologías que ingresan al plan de beneficios en salud (que cada año aumenta) para hacerles una ponderación y estimar cuánto va a consumir el sistema por el ingreso de esas tecnologías. Si el gasto crece 6 o 7 % al año, tiene que considerar ese efecto que no recoge la inflación”.
Y añadió que “resulta una discusión curiosa porque el ministro sabe que el IPC (índice de precios al consumidor) es uno de los elementos que se tiene en cuenta para el cálculo de la UPC, pero no es el único”.
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Finalmente, Giovanni Jiménez explica que a esa prima para las EPS “históricamente se le han metido gastos, tanto así que en 2024 el 96 % de los medicamentos fueron cubiertos por la UPC, que en 2022 pasó del 60 al 90 por ciento. Eso le metió más carga de servicios”, en referencia al plan de beneficios en salud (PBS). Esto último es la lista de servicios, tecnologías y medicamentos a las que tienen derechos todos los afiliados al sistema (tanto del régimen contributivo y del subsidiado), al que cada año se le incorporan más elementos, al punto de que se saca una lista de lo que no cubre.
Las deudas con las EPS
El director de la Adres dijo sobre el final de su turno en el Consejo de Ministros que “por ahí salen discursos de que debemos $2,4 billones de presupuestos máximos (lo que paga los servicios por fuera del PBS)” y aseguró que “en este momento Adres no debe un peso a ninguna EPS del país”. Pero reconoció que “faltan $400.000 millones de reconocimientos del plan de (el Ministerio de) Hacienda que se paga en dos meses siguientes, pero no es deuda del Adres”.
Al respecto, Andrés Vecino manifestó que “es parcialmente cierto, porque aún debe las deudas de presupuestos máximos de 2022”, que fue una orden de la Corte Constitucional de enero de este año. “Él dice eso cuando se refiere a que él no debe estrictamente la plata, pues es el ministerio que le da la orden de pagar, pero si no da la orden no gira. Es una forma retórica”.
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Esas deudas de presupuestos máximos actualmente corresponden a $400.000 millones, que es la mitad de la deuda de $819.000 millones que tenía con las EPS desde 2022 y cuyo pago fue ordenado por la Corte y que la Adres ha ido cancelando a cuotas mensuales. La segunda la canceló el pasado 21 de marzo, por $200.000 millones, y la primera la pagó por mismo valor el 21 de febrero.
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