La Procuraduría sigue dando la batalla para disciplinar a los funcionarios públicos elegidos por voto popular. Esta vez el choque de trenes no fue con el Ejecutivo, como ya se han protagonizado anteriormente tras críticas del Presidente Petro.
Ahora el rifirrafe fue directamente con el Consejo de Estado luego de que el alto tribunal tumbara las inhabilidades y destituciones que el Ministerio Público les impuso a tres funcionarios, mucho antes de la sentencia de la Corte Constitucional que en resumidas cuentas le dejó los dientes a la Procuraduría para que pudiera seguir con su acciones administrativas.
Así las cosas, con esa decisión de tumbar sanciones, casi que el Consejo de Estado estaría desconociendo el fallo de la Corte. Por eso, ante esas decisiones, la Procuraduría no se quedó de brazos cruzados sino que interpuso una serie de tutelas para que las sanciones sigan su rumbo.
Semanas atrás, la Procuradora Cabello ya se había pronunciado por las decisiones del Consejo de Estado que dejaron sin efecto las sanciones.
Se trata de la sanción al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, quien fue destituido e inhabilitado por 10 años en 2015 por entregar a dedo un contrato entre la Gobernación y la entidad Eduardo Bolaños IPS Ltda.
Por otro lado está la destitución e inhabildad al exsenador Eduardo Merlano, famoso por el escándalo de “¿Usted no sabe quién soy yo?” en Barranquilla. La sanción proferida en 2012 fue de 10 años al determinar que se valió de su investidura para evitar que le inmovilizaran el vehículo.
La otra sanción fue en 2014 contra el exalcalde de San José del Fragua (Caquetá), Duber Trujillo Medina, quien fue destituido luego de que el Ministerio Público encontrara irregularidades en la contratación para la construcción de un puente.
Los motivos del alto tribunal para tumbar las sanciones se enmarcaron en que el Ministerio Público no tenía facultades para sancionar por ser una entidad administrativa y no judicial.
Sin embargo, como ya es sabido, la Corte Constitucional mantuvo las funciones administrativas de la Procuraduría y agregó un control judicial posterior a las sanciones. Por eso, Cabello enfatizó en que hay que acatar ese mandato, mientras que los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben armonizarse con la justicia interna.
“La decisión de la Corte IDH se profirió en 2021 y las decisiones judiciales empiezan a producir efectos del momento en que se profieren hacia el futuro. Cuando el Consejo de Estado toma decisiones de aplicar la convencionalidad, está generando un caos inconstitucional”, criticó la jefa del Ministerio Público.
Esa confusión a la que hizo referencia Cabello fue aceptada por el mismo presidente del Consejo de Estado, el magistrado Jaime Enrique Rodríguez, quien señaló que sí existe una complejidad a la hora de tomar ese tipo de decisiones, por lo que espera que la Corte vuelva a pronunciarse para explicar.
En todo caso, las sanciones de la Procuraduría que dejaron por fuera a esos funcionarios fueron anuladas por el Consejo de Estado, lo que quiere decir que, aunque el Ministerio Público los inhabilitó y destituyó, las sanciones quedarían sin efecto. Sin embargo, el órgano de control dirigido por Cabello, interpuso la figura de tutela contra sentencia y con ello lo que se quiere lograr es que se revisen esas sentencias del Consejo de Estado y por ende se anulen las órdenes judiciales que dejan sin efecto las sanciones contra esos tres funcionarios públicos elegidos por voto popular.
Dentro de las principales razones que alega la Procuraduría está la vulneración al derecho fundamental al debido proceso, “porque se desconoció la Constitución Política y el precedente de la Corte Constitucional respecto de la competencia de esta entidad para ejercer el control disciplinario sobre los servidores públicos de elección popular”, se lee en el comunicado emitido por el ente de vigilancia.
Y ese precisamente ha sido uno de los puntos de mayor fricción entre el Ministerio Público y el gobierno de Gustavo Petro. El Ejecutivo ha sido reiterativo en asegurar que la Procuraduría no tiene competencia para sancionar a un funcionario elegido por voto popular, y hace referencia a su propio caso cuando fue alcalde de Bogotá y su sanción escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Lo cierto es que la Corte Constitucional dejó en firme que la Procuraduría sí tiene dientes para suspender a los funcionarios, siempre y cuando la decisión pase primero por el Consejo de Estado, que en últimas es el que da el visto bueno.
En ese contexto, la Procuraduría argumentó que desde la expedición de la Carta Política de 1991 ha tenido facultades para suspender, destituir e inhabilitar a los servidores. Así mismo, hizo referencia a la sentencia del 8 de junio de 2020 de la Corte IDH y resaltó que luego de eso, la Corte Constitucional reiteró que la Procuraduría sí puede sancionar a funcionarios elegidos por los ciudadanos en un proceso electoral y precisó que las sanciones impuestas a estos solo quedarán ejecutoriadas por la sentencia de un juez.
En últimas la discusión esta vez se centró más que todo en aspectos técnicos y menos pasionales como en las peleas con Petro.
