El ente de control solicitó a la Unidad de Análisis Financiero de Colombia (UIAF) el informe que reveló la semana pasada el presidente Gustavo Petro.
Por cuenta de las presuntas irregularidades en la adquisición y funcionamiento del software de inteligencia “Pegasus”, este martes la Procuraduría General abrió una indagación previa en la Dirección de Inteligencia Policial.
Acogiendo la denuncia formulada por el presidente Gustavo Petro la semana pasada –quien alertó que el programa fue adquirido por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) por 11 millones de dólares en el Gobierno de Iván Duque–, el Ministerio público pidió explicaciones sobre el software que, según el mandatario, tendría la capacidad de espionaje de celulares de cualquier tipo.
Por ello, el ente de control solicitó a la Unidad de Análisis Financiero de Colombia (UIAF) el informe entregado al presidente de la República y del que dio lectura en su alocución nacional el 5 de septiembre de 2024.
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“La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública también recaudará pruebas sobre en el proceso de contratación, realizado por la Dirección de Inteligencia Policial, el rubro utilizado para su adquisición e información sobre su funcionamiento”, explicó el ente de control.
La semana pasada, la Fiscalía General de la Nación reveló que inició una investigación en torno a la supuesta compra y uso del software espía “Pegasus” por parte de la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional (DIPOL).
Según el ente, la adquisición de este sistema, desarrollado por la firma israelí NSO Group, habría tenido lugar a mediados de 2021. Catalogado como un software espía, conocido por su capacidad para interceptar comunicaciones en dispositivos móviles, ha sido señalado por su uso indebido en diversos países.
En el caso de Colombia, las denuncias apuntan a que supuestamente fue utilizado para llevar a cabo seguimientos ilegales a magistrados y empleados de las altas cortes del país.
La Fiscalía detalló que la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia activó investigaciones en el marco de indagaciones que ya estaban abiertas desde junio, cuando se recibió la primera denuncia sobre posibles interceptaciones.
Además: Gobierno ya había aclarado en marzo que no hubo contratos con la empresa de espionaje Pegasus
El detonante para esta nueva línea de investigación fue la información revelada en la alocución del presidente Gustavo Petro, en la que señaló la presunta existencia de espionaje ilegal dentro de la administración de justicia.
Como parte de este proceso, la Fiscalía recibió un informe de transacciones financieras inusuales desde Suiza, el cual fue transmitido a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF).
Este informe señala que la transacción de la compra del software Pegasus se realizó por un valor de once millones de dólares, pagados en efectivo, lo que ha generado serias sospechas sobre el origen de estos fondos.
La indagación ahora se centra en esclarecer varios puntos clave: cómo se negoció la supuesta compra entre DIPOL y NSO Group, cuál fue el origen del dinero y cómo se efectuó su traslado de Colombia a Israel. Además, se investiga si esa información financiera fue compartida con la UIAF y si la compra fue monitoreada por las autoridades colombianas.
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