En marzo de 2011, ejecutivos israelíes de NSO Group, la empresa detrás del software espía Pegasus, llegaron a México con la esperanza de cerrar un acuerdo con el ejército mexicano. Lo que comenzó como una discusión técnica sobre el precio y los tiempos de entrega, pronto se trasladó a un ambiente completamente distinto, la negociación que se llevaba en un club de striptease sellaba un contrato que cambiaría el panorama del espionaje global.
Tal y como lo reveló The New York Times en 2023, el acuerdo, que colocó a México como el primer cliente de Pegasus, la herramienta, diseñada para infiltrarse en teléfonos móviles sin dejar rastro, hackeando dispositivos y extraer información privada.
En el caso de México, el software espía se convirtió en un elemento central de las operaciones de vigilancia estatal, tanto para la lucha contra el crimen organizado como para la represión de opositores y defensores de derechos humanos.
Desde su implementación, Pegasus ha sido utilizado para desmantelar redes de abuso infantil y capturar criminales notables como Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Sin embargo, su uso también ha suscitado serias preocupaciones sobre la privacidad y el abuso de poder.
El programa puede infectar un teléfono sin dejar señales de intrusión, permitiendo a los operadores leer mensajes, escuchar conversaciones y ver a través de la cámara del dispositivo, incluso cuando este parece estar apagado.
La administración Biden, alarmada por el uso de Pegasus para atacar a disidentes alrededor del mundo, incluyó a NSO Group en una lista negra en 2021, lo que complicó las operaciones de la empresa. A pesar de esto, el gobierno israelí no ha detenido el uso de Pegasus en México, donde el ejército ha seguido siendo el usuario más prolífico del software.
Desde la adquisición inicial, México ha gastado más de 60 millones de dólares en Pegasus. Aunque el ejército ha declarado que solo operó el software de 2011 a 2013, informes independientes sugieren que Pegasus continuó en uso hasta 2014 y más allá.
Bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto y posteriormente con López Obrador, el software espía se ha utilizado para monitorear a periodistas, políticos y toda clase de oposición, contradiciendo los compromisos oficiales de cesar con la vigilancia ilegal.
Las pruebas revelan que, a pesar de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de terminar con el espionaje ilegal, Pegasus ha seguido siendo utilizado para espiar a críticos y defensores de Derechos Humanos.
En la segunda mitad de 2022, Pegasus atacó los teléfonos de dos destacados defensores de derechos humanos en México. Estos abogados, quienes representaban a víctimas de una de las desapariciones masivas más notorias en la historia reciente del país, fueron blanco de la vigilancia mientras se investigaba el papel del ejército en el caso. Este uso del software espía pone de relieve la continua y alarmante práctica de utilizar Pegasus para reprimir a quienes desafían al poder.
A pesar de las leyes mexicanas que exigen autorización judicial para la vigilancia, el ejército ha llevado a cabo operaciones de espionaje sin el debido proceso legal. Los ataques a los defensores han sido confirmados por Citizen Lab, un grupo de investigación de la Universidad de Toronto, que ha demostrado la persistencia de Pegasus en el país.
Después de la noche en el club de striptease, los ejecutivos de NSO Group regresaron a Israel con la promesa de un contrato oficial. En mayo de 2011, el software fue demostrado a las máximas autoridades mexicanas en una base militar, donde la eficacia del programa se mostró al hackear un teléfono en tiempo real, sin que se evidenciaran signos de intrusión.
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La urgencia de México por tener una herramienta avanzada de espionaje se debió en parte a la necesidad de interceptar comunicaciones de los cárteles de drogas, que utilizaban teléfonos BlackBerry para evitar ser rastreados.
Con la llegada de Pegasus, las autoridades mexicanas obtuvieron una capacidad de vigilancia que les permitió seguir los movimientos de estos criminales con mayor eficacia, aunque el uso del software se desvió hacia la vigilancia de opositores y activistas.
Además, desde el inicio de Pegasus, en su primer acuerdo en México hasta su proliferación en otros países, ha estado envuelto en contratos misteriosos y silencios oficiales.
El escándalo en torno a Pegasus revela un problema sistémico en la vigilancia estatal y el abuso de tecnologías avanzadas. Además, se han documentado ataques relacionados con el espionaje de la aplicación, cómo es el caso de los defensores de Derechos humanos Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar.
Mientras tanto, el software sigue siendo utilizado por muchos gobiernos al rededor del mundo, un símbolo inquietante de los límites del poder estatal en la era digital, y un recordatorio de los desafíos que enfrentan los defensores de la privacidad y los derechos humanos en todo el mundo.
