Mientras en Colombia comenzaba el aislamiento preventivo obligatorio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se puso a la tarea de hacer un análisis de los factores de riesgo de esta medida en los territorios y poblaciones que son de su interés. La conclusión, para la jurisdicción, es preocupante: el control social por parte de los ilegales aumentó en las últimas semanas.
El trabajo de la Unidad de Investigación y Acusación se centró en registrar las situaciones preexistentes para los territorios y poblaciones de riesgo, analizar el comportamiento de los Grupos Armados Organizados y los riesgos vinculados con su accionar delictivo. El resultado llevó a la jurisdicción a presentar una “alerta al gobierno sobre el avance violento y de control social de grupos armados ilegales, durante la cuarentena obligatoria”.
El caso de cada territorio o grupo armado ilegal tiene un contexto diferente. En lo que va del aislamiento, dice la JEP, se registró una disminución de las acciones bélicas por parte del Eln, guerrilla que el 30 de marzo declaró un cese al fuego unilateral por la crisis del coronavirus, pero el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc aumentaron los enfrentamientos armados.
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Respecto a la extinta guerrilla de las Farc, la JEP considera que “la cuarentena ha sido aprovechada por diferentes grupos criminales para asesinar a desmovilizados”. También persistieron las amenazas a la población y los métodos ilegales de control social, y la JEP encontró que el panorama para los líderes sociales del país se agrava porque, en el último lapso, cada 64 horas una de estas personas fue asesinada.
Del 25 de marzo al 9 de abril de este año hubo seis muertes violentas de personas que ejercen un rol de liderazgo en sus comunidades. Los homicidios se presentaron en Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Norte de Santander y Valle del Cauca. Sin embargo, en el mismo periodo del año anterior hubo nueve asesinatos, lo que significa una reducción entre 2019 y 2020.
Antioquia tiene un escenario violento
El estudio de la Unidad de Investigación y Acusación indica que en el municipio de Ituango la disidencia del Frente 18 “Román Ruiz” de la extinta guerrilla de las Farc divulgó un panfleto en el que prohibió a los pobladores “salir de la casa” en el periodo de aislamiento. Quien no cumpliera la directriz, dice el informe, sería considerado como objetivo militar.
Justamente, también en Ituango, el 27 de marzo hubo un combate entre el Ejército y ese mismo frente en el que fue abatido alias “Piscino” y las autoridades capturaron a otros 4 integrantes de este grupo residual, al mando de alias “Ramiro” 16.
En Frontino, al occidente del departamento, entre los días 25 y 27 de ese mismo mes el Clan del Golfo amenazó a una familia de personas reincorporadas de las Farc. Ese caso tuvo seguimiento de la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Nacional, lo que permitió que las doce personas de ese núcleo fueran rescatadas de la zona.
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Además, en Antioquia están municipios en los que podría aumentar el riesgo de seguridad para la población en esta cuarentena: El Bagre, Segovia y Vigía del Fuerte. En el resto del país también viven una situación crítica Argelia, El Tambo y Morales, en Cauca; Bojayá y Riosucio, en Chocó;y Ábrego y San Calixto, en Norte de Santander.
La síntesis del estudio de la Jurisdicción apunta a que “la situación de seguridad se puede deteriorar gravemente durante la cuarentena, si se tiene en cuenta el historial de enfrentamientos armados y atentados terroristas, la convergencia de una pluralidad de organizaciones criminales en un mismo territorio, la presencia de economías ilícitas, la precaria infraestructura vial del Estado y las condiciones de alta informalidad laboral y desempleo (que se pueden aumentar como ocasión del coronavirus)”.
Este es el informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP sobre la cuarentena:
