Desde Chocó, que atraviesa una compleja situación de orden público y seguridad por los enfrentamientos entre ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, envió un mensaje a las bandas criminales para que se sometan a la justicia, pues esa, según dijo, es la única garantía que el gobierno del presidente Gustavo Petro está dispuesto a ofrecerles.
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El ministro estuvo en Quibdó acompañado del comandante de la VII división y XV brigada del Ejército, el comandante de la Policía de ese departamento, el registrador departamental y la procuradora departamental.
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“Una banda criminal lo que tiene que pedir del Gobierno no son garantías, sino un cupo ante un fiscal para hacer sometimiento a la justicia. O sea, el gobierno no es para dar garantías a las bandas criminales, el Gobierno tiene que darles garantías a los ciudadanos”, dijo Luis Fernando Velasco.
La tarea principal de la visita a este departamento del Pacífico colombiano era cumplir una agenda para acordar decisiones que garanticen que el 100 % de los puestos de inscripción de cédulas estén abiertos para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.
“La próxima movilización del gobierno a despachar el territorio va a ser en el bajo pacífico, en el sur del pacífico, en los municipios de Nariño y de Cauca del pacífico. Pero yo he solicitado y espero que así sea que departamentos como el Chocó y el resto de Nariño sean priorizados”, indicó el ministro del interior.
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En su más recientes alertas, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades nacionales y locales que garanticen la vida e integridad y los derechos a la libre movilidad y a la alimentación de las comunidades de la subregión del San Juan, en el sur del Chocó, dado que el Frente de Guerra Occidental del ELN anunció un paro armado indefinido desde las cero horas del pasado 4 de julio, el quinto en la región en lo que va del 2023.
“Necesitamos mensajes claros del ELN. Mientras una de sus estructuras siembra el terror con anuncios de esta naturaleza, donde nuevamente los afectados son los habitantes de la región chocoana del San Juan, el Comando Central de esa guerrilla ordena a todos sus frentes cesar sus ataques contra la fuerza pública desde el 6 de julio próximo hasta el 3 de agosto siguiente, día en que inicia el cese al fuego bilateral, nacional y temporal”, reclamó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Así mismo, alertó que los habitantes de Nóvita, Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan son los más afectados por los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley que delinquen en la zona sur de ese departamento y producto de ello 41 comunidades afro y 11 comunidades indígenas están confinadas, situación que afecta a 8275 personas.
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Adicionalmente, hay seis comunidades desplazadas de los sitios conocidos como Barranconcito, Buenas Brisas, San Agustín, Cañaveral, Chambacú y Doidó (alrededor de 226 familias, el equivalente a 659 personas), las cuales se han visto afectadas por las disputas territoriales entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC–Clan del Golfo).
“Llamamos al ELN, pero también a las AGC y a todos los actores armados, a respetar los derechos de las comunidades y a las misiones humanitarias que tienen como fin atenderlas, pues a algunas de ellas les han impedido ingresar a los territorios afectados. Igualmente, le solicitamos al Estado atender a los habitantes de esa zona del departamento del Chocó, que se encuentran en condición de victimización”, aseguró el defensor del pueblo esta semana.
