Los asesinatos y amenazas de los últimos días a integrantes de la Marcha Patriótica, llevó a que ese movimiento político alzara su voz y pidiera acciones, y no anuncios, para su protección.
Desde el año 2012, cuando fue creada la Marcha Patriótica, 125 de sus integrantes han sido asesinados en 19 de los 32 departamentos del país. A ese panorama se le une a la intimidación y persecución contra otros líderes sociales, como defensores de derechos humanos: 65 de ellos fueron ultimados por grupos armados ilegales en lo que va corrido de este año (ver mapa).
Ante la situación específica de la Marcha Patriótica, la exsenadora Piedad Córdoba, actual dirigente de ese movimiento, pidió una reunión con el presidente Juan Manuel Santos y con el fiscal general Néstor Humberto Martínez, para solicitar garantías.
“Es muy importante que sostengamos estas reuniones, porque creo que hay que no rmalizar a la Marcha Patriótica, institucionalizarla y presentarla al país como un movimiento al que hay que darle garantías para su ejercicio político”, explicó la dirigente.
Con quien ya sostuvo un encuentro la exsenadora fue con el defensor del pueblo Carlos Alfonso Negret Mosquera; de allí salieron varios anuncios, entre ellos, la creación a partir del 15 de diciembre, de un grupo especial de estudio de riesgos que trabajará solo para integrantes de la Marcha Patriótica con el fin de avanzar en sus medidas de protección.
“Es grave lo que ocurre con ellos. Nosotros hemos desplegado todas las alertas tempranas para que el Gobierno tome todas las medidas necesarias. La idea es que no solo sea tener un vehículo blindado, también hacer un trabajo para que a los defensores de derechos humanos y militantes de la Marcha se les respete el buen nombre”, afirmó el defensor del pueblo.
Más hechos que anuncios
David Flórez, vocero de la Marcha Patriótica, dice que en el movimiento se valora el trabajo y la disponibilidad que ha tenido el Ministerio Público, pero también pide que sean más los hechos, “cosas concretas que puedan evidenciar un real compromiso del Estado”.
En palabras de Piedad Córdoba, es incomprensible que la capacidad del Estado si esté funcionando para decir en menos de un día que lo ocurrido con un balón bomba que mató a una niña en Chocó fue un hecho del Eln, “pero cuando matan a líderes sociales en Cauca pasan semanas, meses para tener algún sospechoso”.
Para la reunión con el presidente Juan Manuel Santos, los dirigentes de la Marcha Patriótica esperan tener respuesta a una propuesta compuesta por cinco puntos: el primero, la implementación de los acuerdos de La Habana, específicamente el punto de garantías de seguridad; el segundo, la creación de un programa de protección para la Marcha Patriótica; el tercero, la concentración de la investigación de todos los asesinatos en las dos unidades especiales que tiene la Fiscalía para estos casos; el cuarto, medidas de legitimación política. Que el presidente Santos y sus ministros hagan acciones que legitimen ante la opinión pública la labor de la Marcha Patriótica.
Y el quinto, explica Flórez, la creación de un mecanismo de positivos y negativos para unidades militares que más violan los derechos humanos. Zonas que más preocupan
Los crímenes contra los integrantes de la Marcha Patriótica han ocurrido en 19 de los 32 departamentos. A los dirigentes de ese movimiento político les preocupa la situación en territorios como el Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Meta Caquetá, Cauca y Norte de Santander.
“Con lo que está ocurriendo hay que decir que para nosotros es evidente que hay una reactivación del paramilitarismo, y cuando hablamos de esto, tenemos que decir que se trata de acciones de grupos ilegales, con la colaboración de agentes estatales, especialmente de las Fuerzas Militares”, asegura David Flórez.
Por su parte, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, aseguró que en el Gobierno hay preocupación por lo ocurrido y manifestó: “se ha venido trabajando con el presidente de la República a la cabeza, con el fiscal general de la Nación, para avanzar rápidamente en esas investigaciones y para que se instale esta semana la Comisión de Protección y Garantías establecida en el acuerdo”.
Cristo expresó que consideran como un elemento importante que no se sigan generando este tipo de hechos para darse una buena implementación de lo acordado. Por ello se reunirá con los gobernadores de Cauca, Nariño, Meta, Caquetá y Norte de Santander, regiones en las que más se ha visto afectada la Marcha Patriótica.
“Nos reuniremos esta semana y con el presidente de la República para evaluar la situación en cada uno de esos departamentos y seguir tomando medidas al respecto”, concluyó.
125
integrantes de la Marcha Patriótica han sido asesinados desde 2012
