El 2020 llega con retos en la justicia que empezaron en años pasados. Casos mediática y judicialmente reconocidos como el Cartel de la Toga, Odebrecht, el asesinato de líderes sociales, la investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez, los avances de la JEP y la pendiente reforma a la justicia, que pondrán el foco en la rama judicial en un país donde lo jurídico y lo político “van de la mano”.
A esos casos (ver recuadros), sobre los que la opinión pública espera resultados, se suma el hecho de que el año iniciará sin que haya un fiscal general en propiedad por la falta de acuerdo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A mediados de enero, se cumplirán ocho meses sin el reemplazo definitivo de Néstor Humberto Martínez en la cabeza de la entidad, a pesar de que, en las últimas semanas de diciembre, los magistrados intentaron elegir entre la terna enviada por el presidente Iván Duque.
La renuncia el 15 de mayo de Martínez generó un terremoto que aún no se supera. Fabio Espitia fue nombrado fiscal encargado, mientras la Corte Suprema elige fiscal. El pasado 4 de diciembre, y en vista de que la Corte no logró llenar las siete vacantes que hay, Duque envió su terna: Francisco Barbosa, actual consejero presidencial para los Derechos Humanos; Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y Clara María González, secretaria Jurídica de la Presidencia.
Sin embargo, con los magistrados ausentes, la discusión sobre quién será el nuevo fiscal no llegó a buen puerto, pues ninguno consiguió los 16 votos necesarios para ser elegido. Pero, mientras el 23 de enero se reanuda la elección, cuando vuelva a haber Sala Plena en la Corte, el país espera saber cómo el elegido enfrentará la dirección de una entidad tan polémica como importante.
Por la visibilidad del cargo, quien lo ocupa es muchas veces criticado por cómo avanzan los casos. Un ejemplo de esto en la Fiscalía pasada fueron los impedimentos y posibles intereses de Martínez en el caso Odebrecht por haber asesorado al Grupo Aval y su dueño, Luis Carlos Sarmiento.
Ante este panorama, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, señala que el principal reto del nuevo fiscal será “recobrar la credibilidad e independencia de la Fiscalía. Los ciudadanos no confían en esa institución, en especial por su ineficiencia y politización”, un punto que resalta teniendo en cuenta que los tres de la terna son altos funcionarios del actual gobierno.
Otro desafío que tendrá el nuevo fiscal, en sintonía con el anterior, es la relación con los ciudadanos. Así lo cree el abogado Francisco Bernate, quien señala que deberá “tratar de sacar adelante un número de procesos atascados que afectan a la ciudadanía y crear una política criminal que le permita empezar y terminar procesos a la mayor brevedad”.
El hecho de que ninguno de los tres postulados sea abogado penalista genera distintas opiniones. Para Burbano puede ser problemático, porque aunque los tres son juristas con reconocimiento, como ha pasado con los antecesores, tienen compromisos muy fuertes con el gobierno y eso pone en duda su credibilidad.
Bernate indica que el hecho de que no tengan esta experiencia es una ventaja, pues, para ambos, es más prioritario que tenga conocimientos en Derechos Humanos.
Bernate dice que esto evita que tenga impedimentos. Por su parte, el abogado y analista Iván Cancino apunta en la misma línea de Bernate: “en Colombia, el fiscal general no debe ir a ninguna audiencia. Debe ser un excelente administrador, un respetuoso de las garantías y un jurista en el sentido amplio de la palabra”.
Así las cosas, el panorama para el nuevo fiscal no será sencillo, pues tendrá que responder por avances en casos en los que las personas esperan resultados, a la vez que se enfrenta a la desacreditación que afrontan las autoridades judiciales en el país. “Hay que recobrar la confianza institucional destruida por los frecuentes errores y abusos”, concluye Burbano.
