Así lo formalizó el Ejecutivo a través de un decreto en el que además prorroga por 90 días varios de los decretos legislativos emitidos a la luz de la emergencia.
El Gobierno de Gustavo Petro emitió un decreto en el que levanta a partir de este jueves el estado de conmoción que permanecía vigente en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.
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Así quedó establecido en el Decreto 0467 emitido por la Presidencia de la República con la firma de todos los ministros. En el documento, se advierte que, si bien se declaró el estado de conmoción interior ante la crisis humanitaria y de seguridad desatada por el ELN (Ejército de Liberación Nacional), justo este jueves se cumplieron los 90 días por los que estaba vigente.
Aunque el Gobierno tenía la posibilidad de prorrogar los efectos del decreto durante otros 90 días –eso sí, previa autorización del Congreso–, se abstuvo de hacerlo. Sin embargo, en su lugar prorrogó por 90 días varios decretos legislativos emitidos a la luz de la emergencia.
Se trata de decretos con medidas extraordinarias “dirigidas a conjurar la grave perturbación de orden público en ese ámbito geográfico e impedir la extensión de sus efectos”.
Por ello, se prorrogó la vigencia del decreto que adopta medidas para garantizar medios de vida y producción de alimentos con financiamiento, crédito y alivio de pasivos en el sector agropecuario. A ello se suma el decreto para la garantía del derecho humano a la alimentación; el de protección de tierras, territorios y activos, y prevención de la acumulación y acaparamiento en el sector agropecuario, y el que se refiere al control operacional de la Fuerza Pública.
Por otro lado, el decreto legislativo que contempla medidas extraordinarias para el sector transporte y que fija ciertas restricciones para la prestación de los servicios de transporte público terrestre; el decreto para que el Ministerio de Vivienda contrate de manera directa proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB), y el que adopta medidas para proteger personas, grupos y comunidades afectadas por las graves violaciones a los derechos humanos y DIH, ocasionados por los grupos armados.
De acuerdo con el Gobierno, este tipo de medidas extraordinarias “han contribuido a conjurar las causas que motivaron la declaratoria y evitar la expansión de sus efectos, por lo cual se requiere su continuidad con el fin de garantizar la atención del impacto sobre la población afectada por la grave perturbación de orden público”.
Desde que decretó la medida, el conflicto con el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc ha provocado el desplazamiento forzado de 64.291 personas. El jefe de Estado había dicho que la prórroga del estado de conmoción interior dependería de qué tanto se ha avanzado en los puntos que cobijaba la medida.
“No sé qué se ha hecho con los contratos como la carretera de Catatumbo, la universidad y otras así por el estilo. Si se acaba la conmoción interior, ya se pierde esa facultad de contratar (...) Si se ha perdido el tiempo, hay que pensarlo bien. La prórroga debe ser una necesidad imprescindible, no porque se perdió el tiempo”, afirmó el presidente esta semana.
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