En un intento por frenar los delitos electorales que amenazan los próximos comicios del 29 de octubre, el presidente Gustavo Petro se metió en el papel de alguacil y ordenó entregar recompensas de más de $200.000 a las personas que delaten a los que les quieran comprar el voto.
Para darle rienda suelta a esa estrategia, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se puso a cargo de todos los pormenores. Se reunió con el general Salamanca, director de la Policía, el equipo asesor, los delegados del Ministerio de Defensa y hasta con la Fiscalía para ultimar los detalles que dará a conocer hoy en una rueda de prensa programada para las once de la mañana en la dirección de la Policía.
Precisamente, la cita que tuvieron en la tarde de este martes responde a la orden que dio Petro justo después de aterrizar en China. Y allí mismo quedaron fijadas las condiciones sobre cómo funcionará la recompensa, los montos y hasta el número de policías involucrados “para enfrentar a los que quieren corromper la democracia”, explicó Velasco a través de un video que compartió a través de su cuenta X.
Y es que desde el territorio chino, Petro fue enfático en su decisión. “He dado autorización para pagar las informaciones efectivas sobre compradores de votos en todo el territorio nacional. Comprar votos es un delito”, dijo.
Y desde el despacho del Interior se pusieron manos a la obra porque quedan apenas cuatro días para ejecutar el plan con el que pretenden batallar contra el tercer delito más recurrente en las contiendas electorales del país.
En el último reporte de la Misión de Observación Electoral (MOE), con corte al 9 de octubre, se han recibido por lo menos 1.194 reportes de irregularidades en el sistema Pilas con el Voto. En cuanto a lo relacionado con el voto libre, se han registrado 172 casos de irregularidades, es decir un 14% de los reportes generales.
En ese contexto, el ministro Velasco dijo en Blu Radio que “le sale más barato al Gobierno invertir unos recursos en recompensas para capturar a los compradores de voto, que lo que le puede salir a la sociedad dejar que unos bandidos compren votos”.
Y es que si bien es una primera medida para combatir la corrupción electoral, todavía quedan por delante otros delitos para los que todavía no se tienen planes claros desde el gobierno. Eso sin contar que pagar por no vender el voto es apenas una suerte de paño de agua tibia frente a una problemática que parece estar más enmarcada en un comportamiento cultural.
El mismo reporte entregado por la MOE indica que de los tipos de irregularidades que se han presentado con más frecuencia son la indebida participación en política con 370 reportes, seguida de las faltas en publicidad y medios de comunicación con 288 quejas, que junto con las irregularidades en el voto, acumulan el 69% de los reportes, es decir 830 denuncias. Por otra parte, en la Procuraduría también se han recibido 2.130 quejas por presuntos delitos electorales de servidores públicos.
Así funcionará la recompensa
Según el ministro Velasco, la meta del Gobierno Petro es poder pagarle más al ciudadano de lo que pagaría el comprador de votos, pues considera que así se lograría que se prefiera denunciar en lugar de vender el voto. “Lo que tienen que saber los grupos de compradores de votos es que, si ellos ofrecen, el Gobierno ofrecerá más para descubrirlos y ponerlos ante la justicia”, apuntó el ministro.
La idea será entonces entregar más de lo que ofrecen los compradores de votos, siempre y cuando los ciudadanos se decidan a denunciarlos por medio de un mecanismo que será establecido desde Mininterior, de manera que los ilegales puedan ser judicializados.
Cada ciudadano que acuda a las autoridades para delatar a un comprador de voto podría recibir más del doble de lo que le ofrecieron. Es decir que si por un voto le ofrecen 100.000 pesos, entonces el Gobierno podría entregarle una suma de hasta 200.000 pesos por la denuncia. Este martes, el congresista Alejandro Toro, representante a la Cámara del Pacto Histórico, difundió una tabla en la que aseguraba que el Gobierno pagaría entre uno y cinco millones de pesos a quienes denuncien delitos electorales, pero el Ministerio del Interior lo desmintió.
Así mismo, aunque el presidente Petro aseguró que estaba todo listo para pagarles a quienes denuncien a los compradores de votos, Velasco aclaró que para entregar esas recompensas se necesita tener aprobación de otras dependencias.
Por eso, el ministro pidió un concepto de un estudio sobre la viabilidad jurídica de esta estrategia, pero ya había insistido en que de tener luz verde se dará un valor “que valga la pena” a quienes se atrevan a denunciar.
Uno de los mayores retos de la estrategia anticorrupción de Petro estará en la verificación de las denuncias que se reporten en la próxima contienda electoral de este domingo.
