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cargos le imputaron al gobernador indígena y otros cuatro al alcalde.
Por su presunta participación en acciones que generaban la degradación del medio ambiente en Colombia, fueron judicializados un alcalde y un gobernador indígena en la última semana.
Se trata de José Oliver Moreno, alcalde de Medio San Juan (Chocó); y Reynaldo Quebrada Quilcué, gobernador indígena del cabildo nasa La Esperanza, en la vereda El Triunfo, en San Vicente del Caguán (Caquetá), ambos detenidos en operaciones diferentes.
Según la Fiscalía, Moreno está supuestamente implicado en una organización delictiva denominada “los Zares”, dedicada a la explotación de yacimientos auríferos en los ríos Atrato, Quito, Paimadó, Tamaná y San Juan, donde las autoridades descubrieron maquinaria pesada, dragas y entables que vertían sustancias contaminantes a los afluentes.
“Este grupo delictivo sería el responsable de la contaminación ambiental y la destrucción de varias zonas de reserva forestal y territorios de comunidades afrocolombianas en Chocó, producto de la agresiva extracción ilícita de oro”, declaró Deicy Jaramillo Rivera, jefa de la Dirección de Fiscalías contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
Seis presuntos integrantes de la organización fueron detenidos por la Policía, entre ellos el alcalde Moreno, quien según el informe del ente acusador “tendría complejos mineros en inmediaciones de los ríos Tamaná y San Juan, los cuales funcionaban clandestinamente y mediante el uso de dragas y excavadoras”.
Otro de los capturados fue su supuesta mano derecha, José Agualimpia Mosquera, quien al parecer coordinaba a los trabajadores en los frentes de minería; y el socio Isaac de Jesús Vargas Urieta, administrador de los entables en los ríos Quito, Atrato y Paimadó.
Las máquinas en esos afluentes del sur del departamento destruyeron bosques y contaminaron aguas, buscando remover el terreno para extraer el metal precioso.
Según Jaramillo, las investigaciones contra “los Zares” comenzaron en 2020 y se determinó que “el oro obtenido, al parecer, era amparado con títulos mineros que conseguía la red mediante diferentes maniobras y certificaciones de compañías y proveedores fachada. Así, supuestamente, le daba una apariencia de legalidad para comercializarlo”.
Además, la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía les embargó cuatro fincas, ocho inmuebles urbanos y dos locales comerciales valorados en $3.000 millones, ubicados en Istmina (Chocó), Pereira y Medellín.
Conflicto en Chiribiquete
El caso del líder indígena nasa, Reynaldo Quebrada, tiene como escenario al Parque Nacional Serranía del Chiribiquete, declarado por la Unesco como patrimonio natural y cultural de la humanidad. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, el procesado “vendía predios dentro del parque, auspiciando la colonización y el daño ambiental”.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, él “habría promovido y financiado la quema y corte de amplias extensiones de bosque y vegetación. Los sistemas de monitoreo indican que en el lugar en el que reside Quebrada y sus inmediaciones, donde está asentado el cabildo, han sido deforestadas más de 33 hectáreas entre diciembre de 2021 y marzo de 2022”.
El proceso judicial contra el dirigente ha tenido episodios complicados. Su primera detención fue el 18 de septiembre de 2021, cuando estaba dentro del Chiribiquete, presuntamente deforestando. Aunque el juez de control de garantías no lo encarceló, le dictó una medida no privativa de la libertad, ordenándole no volver a entrar al parque.
Quebrada hizo caso omiso y continuó con sus actividades. El 6 de marzo de 2022, ante las quejas por los daños ambientales, varios soldados de la Operación Artemisa (ver el recuadro) llegaron a la vereda El Triunfo, de San Vicente del Caguán, para expulsar a los supuestos colonos.
Hubo un enfrentamiento con la comunidad, que rechazó el procedimiento, y en el marco de esa disputa los indígenas retuvieron al soldado Sebastián Bonilla Melo. El uniformado estuvo en poder de los nasa por cuatro días y, además de múltiples intimidaciones, según la Fiscalía, le propinaron latigazos, de acuerdo con los castigos estipulados en la tradición indígena.
Las audiencias
En la audiencia de control de garantías, al gobernador Quebrada le imputaron los cargos de secuestro extorsivo (por el caso del soldado), promoción y financiación de la deforestación, financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica y porte ilegal de armas de fuego.
El imputado se declaró inocente y, al cierre de esta edición, estaba pendiente el tipo de medida de aseguramiento que le impondrían.
Su detención causó el rechazo de su comunidad. La Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (Conpi) publicó un comunicado criticando la persecución en contra de Quebrada, cuestionando las acciones de la Operación Artemisa y exigiéndole al Gobierno una mesa técnica para verificar si la ampliación de los límites del parque natural Chiribiquete violan la jurisdicción del Resguardo Llanos del Yarí Yaguará II, sin consulta previa.
En cuanto al alcalde Moreno, le imputaron cargos por concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimiento minero, financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero.
También negó su participación en los hechos y el juzgado decidió que podría continuar su defensa en libertad.
