Durante la sesión plenaria del Senado de este lunes, se aprobó en último debate el artículo 28 del Proyecto de Ley Anticorrupción presentado por la Fiscalía General de la Nación, que establece sanciones para funcionarios que den información a los medios de comunicación.
De acuerdo con el texto, “el servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del cargo público”.
El artículo añade que si la revelación de la información deriva en algún perjuicio, “la pena será de 16 a 54 meses de prisión y la multa, de 20 a 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 60 meses”.
Adicionalmente, si la información revelada hace parte de una actuación judicial, el texto aprobado establece una pena de cuatro a seis años de prisión.
Según señaló el senador Luis Fernando Velasco, “se dejó una constancia en la que se señala que el periodista no tendrá que responder por este tipo de filtración, el único responsable será el funcionario que filtró la información”.
Por su parte, Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en diálogo con EL COLOMBIANO, señaló que el artículo 28 de este Proyecto sí se convierte en un golpe contra la libertad de información en el país, lo que va en contravía de las decisiones de la Corte Constitucional e incluso contra la Ocde, que llama la atención sobre la libertad y acceso a la información pública para los medios de comunicación”.
El articulado deberá ser conciliado con la Cámara de Representantes antes de pasar a sanción presidencial.
