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Casa por cárcel para Antonio Figueredo, cirujano procesado por abuso sexual y violencia intrafamiliar

Un juzgado ordenó medida de aseguramiento con detención domiciliaria y revocó una decisión anterior, impuesta por otro juzgado de Bucaramanga, Santander.

  • María Paula Pizarro compartió estas imágenes vía redes sociales. FOTO: TOMADA DE TWITTER.
    María Paula Pizarro compartió estas imágenes vía redes sociales. FOTO: TOMADA DE TWITTER.
EL COLOMBIANO | Publicado

Un juzgado de Bucaramanga ordenó medida de aseguramiento con detención domiciliaria para el prestigioso cirujano Antonio Figueredo. Judicializado por los delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada, por los golpes propinados a su pareja, la médica María Paula Pizarro.

Este mismo juzgado revocó la decisión de otro que le había impuesto a Figueredo medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Decisión fuertemente criticada por colectivos de mujeres a principios de 2022.

Los hechos por los cuales está siendo procesado tuvieron lugar el 13 de noviembre de 2021 cuando la pareja salía de un bar en Floridablanca, momento en el que Figueredo le habría dicho a Pizarro que “no merecía ir a un hotel” y, posteriormente, la habría golpeado con puños y patadas.

A la médica, los golpes le ocasionaron heridas en el rostro y la barbilla. Su agresor, además le rompió tres dientes, le dejó una lesión en el tímpano y ocho días de incapacidad.

El caso fue ampliamente difundido y comentado en redes sociales. Al respecto, la Fundación Cardiovascular de Colombia separó a Figuredo de su cargo después de conocerse la denuncia.

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Falso: esposa del ministro Jaramillo no fue nombrada en la SuperSalud en el Gobierno anterior como dijo Petro

Según Función Pública, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue nombrada en la Superintendencia de Salud como superintendente delegada para prestadores del servicio de salud en septiembre de 2022, un mes después de que el presidente Petro empezó su mandato.

  • Gómez Consuegra fue nombrada el 6 de septiembre de 2022, es decir casi un mes después de que el presidente Petro iniciara su mandato el 8 de agosto de 2022. FOTOS: Presidencia y cortesía
    Gómez Consuegra fue nombrada el 6 de septiembre de 2022, es decir casi un mes después de que el presidente Petro iniciara su mandato el 8 de agosto de 2022. FOTOS: Presidencia y cortesía
07 de abril de 2025
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El presidente Gustavo Petro salió en defensa de la esposa del ministro de Salud, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, diciendo que no había sido nombrada en la Superintendencia de Salud bajo su Gobierno sino en el de su antecesor. “La esposa del ministro de salud no entró a trabajar en la superintendencia en este Gobierno, sino en el gobierno anterior, y por eso no existe ni nepotismo ni inhabilidad para ejercer sus funciones”, señaló el mandatario en la red social X.

Sin embargo, según la página de la Función Pública y según su decreto de nombramiento, la información suministrada por el mandatario es falsa. Gómez Consuegra fue nombrada el 6 de septiembre de 2022, es decir casi un mes después de que el presidente Petro iniciara su mandato el 8 de agosto de 2022.

De hecho, el propio ministro Jaramillo confirmó que el nombramiento hubiera sido en esa fecha: “Desde el momento en que fui designado como Ministro de Salud y Protección Social, los ataques contra mi esposa, la doctora Beatriz Gómez Consuegra, no han cesado. Quienes la señalan omiten —deliberadamente— que su nombramiento fue realizado en septiembre de 2022 por el entonces superintendente Ulahi Beltrán, mucho antes de mi designación como Ministro”.

Captura de pantalla a la hoja de vida de Gómez en la página de Función Pública.
Captura de pantalla a la hoja de vida de Gómez en la página de Función Pública.

¿Cuál es la polémica con la funcionaria Gómez y su esposo el ministro Jaramillo?

Una columna del periodista Daniel Coronell reveló que Gómez habría presionado de manera directa y con un tono autoritario a funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia, encargado de ejecutar el proyecto del hospital fluvial en el Amazonas. La funcionaria, en una llamada telefónica, exigió la firma inmediata del contrato, a pesar de que no se contaban con las garantías jurídicas ni presupuestales para su implementación. De no hacerlo, advirtió que debían presentar su renuncia.

El proyecto en cuestión involucra la compra de un buque hospital por 55.000 millones de pesos, destinado a prestar atención médica a comunidades remotas del Amazonas. Si bien el plan fue anunciado como un avance significativo en salud pública, su ejecución ha sido obstaculizada por retrasos administrativos, aumentos de costos por parte de los constructores del barco –la empresa Cotecmar– y falta de garantías presupuestales para su operación.

Además, comunidades indígenas afectadas interpusieron una tutela alegando falta de consulta previa, mientras que la Gobernación del Amazonas no respaldó la iniciativa y tampoco aprobó las vigencias futuras requeridas para asegurar el sostenimiento del proyecto.

En ese contexto, Lina Baracaldo y Mario Castro, asesor jurídico del hospital, recomendaron posponer la firma del convenio. La advertencia era clara: sin recursos asegurados, el hospital fluvial podría naufragar financieramente, llevándose consigo al Hospital de Leticia, que sería el operador del servicio. Pero esta posición no fue bien recibida por la superintendente delegada.

El pasado 27 de marzo, Beatriz Gómez Consuegra habría realizado una llamada telefónica al abogado Castro, exigiendo que el contrato se firmara ese mismo día, sin más dilaciones. La grabación divulgada registra no solo un tono autoritario, sino también la amenaza directa: “Ustedes firman hoy... o mañana me presentan la renuncia”.

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Consultada sobre la llamada, Gómez Consuegra negó haber participado en dicha conversación, alegando que el proyecto era competencia del ministerio, no de la Superintendencia. No obstante, al ser confrontada con un fragmento del audio, dijo no reconocer su propia voz, pese a la similitud con sus declaraciones públicas previas.

Cuatro días después del episodio, la Superintendencia emitió la resolución que removió a Lina Baracaldo de su cargo como agente interventora. Su reemplazo, Dennis Amparo Vásquez Arias, ha sido vinculada a cuotas políticas del Tolima, departamento del que es originario el ministro Jaramillo.

Precisamente, el presidente Petro salió en defensa de la funcionaria y dijo: “La presión indebida es dejar a la población indígena y campesina que habita las riveras de los ríos amazónicos sin atención médica. Quienes no firman contrato para que la Armada entregue el buque hospital que hizo, son indolentes con el derecho a la salud de poblaciones marginadas. El buque lo hizo completamente la armada, entidad pública, y quien firma el contrato es otra entidad publica. No hay intereses privados aquí, sino pura indolencia con la población de la Amazonia”.

No es la primera vez que se cuestiona al ministro Jaramillo por episodios parecidos. EL COLOMBIANO reveló en enero de este año que el grupo político del exsenador liberal Mauricio Jaramillo, hermano del ministro, tendría cuotas en la cartera y entidades adscritas; el elemento común es que casi todos tienen investigaciones o cuestionamientos en su contra.

Los hermanos Jaramillo representan un sector tradicional al interior del petrismo
que opera como cualquier otra casta política de las que tanto critica Gustavo Petro en sus discursos. Son una carta que el Pacto Histórico usa en el Tolima y la región y que, según fuentes del propio grupo, “están listos” para conseguir votos con lista en mano en las próximas elecciones legislativas y presidenciales “por quien toque”.

Video | Ingrid Karina reapareció y sorprendió con su cambio de imagen en un evento en Bogotá

La modelo, que estuvo deambulando en las calles de Medellín, estuvo en un evento relacionado a una lujosa marca de automóviles.

  • La modelo ha mostrado su nueva imagen a través de sus redes sociales. FOTOS: Captura de video redes sociales
    La modelo ha mostrado su nueva imagen a través de sus redes sociales. FOTOS: Captura de video redes sociales
07 de abril de 2025
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Ingrid Karina, modelo que se hizo viral luego de ser encontrada en las calles de Medellín mostró su nueva imagen en un evento en Bogotá. La mujer dejó un mensaje en sus redes sociales.

Luego de una desilusión amorosa, la modelo Ingrid Karina fue encontrada perdida en las calles de Medellín por una creadora de contenido llamada Andrea Moreno, quien se encarga de entrevistar a habitantes de calle.

Lea también: Exmodelo Ingrid Karina habría recaído en las drogas tras ser captada en video por las calles de Bogotá con nuevo ‘look’

Según la historia que Ingrid le contó a la creadora de contenido, a los quince años comenzó su carrera como modelo en la agencia Stock Models, una de las más reconocidas del país.

Sin embargo, la muerte de su pequeña hija la empujó hacia un consumo desmedido de estupefacientes, marcando el principio de su caída. La mujer perdió el rumbo y el año pasado fue encontrada en las calles del “Bronx” en Medellín.

Tras lo viral del video, apareció su hijo, quien se ha encargado de su rehabilitación, un tratamiento en donde ha tenido recaídas, teniendo que ser internada en la ciudad de Bogotá.

Justamente, en la capital del país, la modelo volvió a tener una aparición en público, ocurrió durante el fin de semana en el evento de una lujosa marca de autos, así lo mostró a través de sus redes sociales.

En el video compartido a través de su cuenta de TikTok e Instagram se ve a Ingrid al frente del volante de un carro, donde lanza un mensaje a los internautas. “Quiero decirles que si ustedes siguen un estilo de vida bien, comiendo bien, haciendo ejercicio, van a estar montados en un carro como estos dando vueltas”, expresó la modelo.

En las imágenes se observa a la mujer nacida en Ocaña, Norte de Santander, con su cabello corto y su rostro maquillado, mostrando una recuperación que ha llevado junto a su hijo Juan Antonio, quien es el que le creó los perfiles en las redes sociales.

Minsalud dejó a periodistas esperando respuesta a escándalo que salpica a su esposa

Beatriz Gómez, superintendente delegada para prestadores y esposa del ministro de Salud, habría presionado a funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia para que firmaran y dieran marcha un millonario contrato.

  • El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha defendido el actuar de su esposa en la Superintendencia de Salud. FOTO: Colprensa
    El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha defendido el actuar de su esposa en la Superintendencia de Salud. FOTO: Colprensa
07 de abril de 2025
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El Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se abstuvo de responder por el escándalo que involucra a su esposa, la superintendente delegada para prestadores de la superintendencia del ramo, Beatriz Gómez, quien presuntamente habría ejercido una presión indebida en la aprobación de un millonario contrato para el funcionamiento de un buque hospital en el Amazonas.

En contexto: Denuncian que esposa del minSalud habría ejercido presión en millonario contrato: “firman o me presentan la renuncia”.

En un evento realizado este lunes ante medios de comunicación, el ministro fue consultado sobre su postura frente a estas denuncias, ante lo cual respondió “muchas gracias”, puso las manos en los micrófonos y se retiró del lugar sin dar mayores declaraciones.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también salió en defensa de las acusaciones de la esposa de su ministro, señalando que “la presión indebida es dejar a la población indígena y campesina que habita las riveras de los ríos amazónicos sin atención médica. Quienes no firman contrato para que la armada entregue el buque hospital que hizo, son indolentes con el derecho a la salud de poblaciones marginadas”.

El mandatario dijo que “la esposa del ministro de Salud no entró a trabajar en la superintendencia en este gobierno, sino en el gobierno anterior, y por eso no existe ni nepotismo ni inhabilidad para ejercer sus funciones”.

Sin embargo, diferentes voces le recordaron al presidente que el nombramiento de la señora Beatriz Eugenia Gómez Consuegra esposa del ministro Jaramillo, fue nombrada como superintendente delegada en Salud en el actual gobierno, luego que la hoja de vida fue publicada el 2 de septiembre de 2022.

El nombre de Gómez Consuegra, esposa de Jaramillo y superintendente delegada para prestadores del servicio de salud, salió a la luz luego de una denuncia conocida por el periodista Daniel Coronell en su columna de opinión de “Los Danieles”, titulada “La esposa del Ministro”.

En videos divulgados se dio a conocer que Gómez presionó a funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia para que firmaran y dieran marcha al proyecto, pese a los problemas y ante los riesgos jurídicos derivados de un manejo poco responsable.

Coronell puso al descubierto el tono amenazante de las llamadas de la funcionaria, que al ser controvertida solo atinó a decir que no reconocía su propia voz, en las que exigía a los gritos que se firmaran el contrato para dar inicio al proyecto o de lo contrario los funcionarios encargados del tema debían presentar su renuncia, en una abierta intervención en funciones que no le competen a ella.

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¿Cómo queda la relación entre Petro y Trump tras polémica por lo que dijo la secretaria de seguridad de EE. UU.?

Kristi Noem, secretaria de seguridad de EE. UU., dijo que había tenido un encuentro “controversial” con el mandatario colombiano, quien luego confirmó parcialmente esa versión. ¿Qué sigue en la crisis diplomática?

  • Petro le pidió a Noem un encuentro personal con Trump tras el ofrecimiento de esa funcionaria de hacer una llamada entre ambos. FOTO: Presidencia
    Petro le pidió a Noem un encuentro personal con Trump tras el ofrecimiento de esa funcionaria de hacer una llamada entre ambos. FOTO: Presidencia
07 de abril de 2025
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Tan positivo había sido el encuentro –o por lo menos eso creía el Gobierno– que el presidente Gustavo Petro publicó en la red social X una foto el 27 de marzo en la que salía sonriente y abrazado “con la señora Kristi Noem, secretaria de seguridad de los EE. UU. Hablamos largo tiempo de seguridad. Creo que le encantó Colombia”.

Todos los asistentes al encuentro, incluida la canciller Laura Sarabia, compartieron los resultados de la reunión casi que como una victoria: “Agradezco realmente su visita al país, su diálogo franco, honesto”, dijo la ministra con orgullo.

La funcionaria norteamericana le correspondió y hasta le dijo que era su “amiga”: “(...) me van a ver muchas más veces aquí, seguiré trabajando junto con los colombianos debido a la importancia de su trabajo, garantizando que vamos a enfrentar juntos temas de la seguridad. Muchas, muchísimas gracias Laura, mi amiga, por todo lo que se ha hecho”.

Ese encuentro cayó como un bálsamo tras la inédita crisis en enero de este año entre ambos países que por poco genera graves consecuencias para Colombia. Las sonrisas y los regalos no faltaron, según las fotos, y la hostilidad bajó hasta el punto en que el presidente Petro le pidió a Noem un encuentro personal con Trump tras el ofrecimiento de esa funcionaria de hacer una llamada entre ambos. Pero nueve días después todo cambió y parece que la crisis diplomática sigue encendida como una llama con el fuego bajo.

“Dijo que miembros del cartel eran sus amigos”

El pasado sábado 5 de abril, Noem concedió una entrevista al medio conservador Newsmax TV en la que contó una versión distinta de su encuentro con el presidente Petro calificándolo como “controversial”. Empezó por decir que ese tipo de reuniones debían tardar media hora, pero que el mandatario colombiano había dedicado ese tiempo criticar al Gobierno Trump y que tras hora y media de conversación con traductores de por medio, “(Petro) dijo que los miembros del Tren de Aragua eran incomprendidos y que necesitaban más amor y comprensión. Habló de cómo algunos miembros del cartel eran sus amigos”.

Esto despertó la molestia de miembros del gabinete colombiano, empezando por la canciller Sarabia, que envió una nota de protesta rechazando las declaraciones de la funcionaria norteamericana. Noem, que fue gobernadora republicana de Dakota del Sur, ha sido objeto de polémica en el pasado también por cruce de versiones; antes de asumir su cargo actual, publicó un libro en el que dice que tuvo un encuentro personal con el dictador norcoreano Kim Jon-un, algo que nunca ocurrió y por lo que tuvo que retractarse. También hizo duras acusaciones sobre el manejo del Partido Demócrata del covid-19 acudiendo a noticias falsas.

A pesar de ese historial, el presidente Petro terminó confirmando parcialmente lo dicho por Noem. Durante un discurso el sábado pasado aseguró que no defendió al Tren de Aragua, pero que le dijo “la verdad”: “En Colombia son unos jóvenes excluidos (...) Esos jóvenes no encontraban la universidad, la cultura, eran los jóvenes más excluidos y respondieron con violencia, pero esa violencia no la puedo llamar terrorismo porque no es cierto”.

Además, en una publicación en X amplió su defensa: “Señora Kristi, la banda del Tren de Aragua, que es una banda delincuencial asesina, la fortalecieron ustedes mismos bloqueando a Venezuela (...) Más amor a la juventud acaba el abuso de las drogas, fue lo que le dije (...) El amor acaba la violencia, Kristi, eso lo enseñó Jesús hace mucho tiempo”.

¿Cómo queda la relación?

Uno de los asistentes al encuentro, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, publicó un extenso mensaje en el que dijo que “hubo interpretaciones inexactas sobre lo que dijo el presidente” y señaló que si bien EE. UU. “ha designado al Tren de Aragua como organización terrorista, en Colombia se clasifica como Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO), dada su capacidad criminal y no sus métodos criminales”.

Este punto es clave pues el Gobierno Trump ha promovido el discurso en contra de los grupos criminales como el Tren de Aragua para justificar, por ejemplo, sus acciones en contra de personas indocumentadas con la sospecha de que pertenecen a esas bandas.

Analistas consultados señalan que Colombia tiene que saber jugar sus cartas en esta coyuntura con Estados Unidos porque si no “colabora” con la política exterior de Trump en materia de seguridad y drogas puede sufrir las consecuencias como la descertificación, un escenario que el Gobierno ha intentado evitar a toda costa.

Se trata de un mecanismo implementado para evaluar la cooperación de países productores o de tránsito de drogas en la erradicación de cultivos ilícitos y el combate al narcotráfico. Si Colombia pierde esa certificación dejaría de recibir recursos económicos, incluso hasta del 50 % de la asistencia de EE. UU., pero también recibiría la oposición de ese país a préstamos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). La razón por la que podrían descertificar a Colombia ya no solo es por el incremento del número de hectáreas de cultivos de uso ilícito sino porque Petro no esté en sintonía de los intereses de Trump, que son volátiles.

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“La relación entre ambos está muy deteriorada y pasa por su peor momento (...) hay un efecto acumulativo que va a tener consecuencias importantes. Colombia tratará de responder reactivamente y esa no puede ser la opción porque en ambos mandatarios habita la incertidumbre”, dice el internacionalista Camilo González en diálogo con este diario.

Por otro lado, el internacionalista Andrés Sampayo señala que “la relación entre Estados Unidos y Colombia seguirá siendo tensa, como ocurre con buena parte del mundo. El gobierno de Trump no se está midiendo en su confrontación constante, incluso con aliados históricos”.

Además, el experto asegura que sobre el “lamentable episodio entre Kristi Noem y el presidente Petro, es evidente que hubo un problema con los traductores, algo que la inexperta canciller debió prever, pero no lo hizo. Un mínimo esfuerzo de verificación sobre quién venía de Estados Unidos habría sido fundamental”.

Trump, como lo demostró recientemente con el aumento de aranceles a todo el mundo, es un negociante experto en golpear el tablero geopolítico. Petro, por su parte, también golpea el tablero, pero a una escala local. Por eso, quien tiene las de perder si la crisis diplomática no cesa es Colombia.

Así funciona la alianza entre el ELN y la Segunda Marquetalia para explotar el coltán ilegalmente en los llanos

Debido a la presión de la Fuerza Pública, los dos grupos ilegales tendrían un pacto para explotar este mineral en la Orinoquía.

  • El ELN y la Segunda Marquetalia firmaron en Venezuela un pacto para la explotación del coltán, mineral indispensable para la fabricación de tecnología. FOTOS: AFP y EL COLOMBIANO
    El ELN y la Segunda Marquetalia firmaron en Venezuela un pacto para la explotación del coltán, mineral indispensable para la fabricación de tecnología. FOTOS: AFP y EL COLOMBIANO
07 de abril de 2025
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El Frente de Guerra Oriental del ELN y el Frente Acacio de la Segunda Marquetalia tienen un pacto para explotar el coltán, así lo reveló un informe de inteligencia de las agencias de seguridad del Estado.

El ELN y las disidencias de las Farc son dos organizaciones al margen de la ley que han sostenido una guerra por el control territorial en algunas regiones del país, sin embargo, en una zona del país habrían cerrado una alianza por presiones de las Fuerzas Militares.

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Así lo reveló un informe de inteligencia que indica que a principios del 2025 se formalizó un pacto entre estas dos estructuras insurgentes debido a la presión ejercida por el Ejército, la Armada y la Policía Nacional. Con la alianza realizada ambas organizaciones buscan reducir pérdidas provocadas por las incautaciones.

Este sería el objetivo de la alianza entre la Segunda Marquetalia y el ELN

Dentro del acuerdo se acordó el cese de hostilidades entre ambas estructuras criminales, además de respetar las zonas de influencia de cada guerrilla.

El objetivo del pacto sería cuidar los corredores que permiten el transporte del coltán, además de las rutas del narcotráfico y no interferir en las extorsiones que hacen a ganaderos, transportadores y comerciantes.

¿Dónde fue firmado el pacto por el coltán?

Los cabecillas alias Pedro Pablo o Copete, del ELN y alias Jhon 40 de las disidencias de las Farc se reunieron en Venezuela con otros mandos encargados de las finanzas y la logística para sellar el acuerdo.

Aunque el informe de inteligencia no detalla nombres, empresas legalmente constituidas estarían involucradas en dicho pacto, estas se encargarían de comprar el coltán a precios por debajo del mercado, algo que revelaría una red criminal más amplia en donde se incluiría el lavado de activos y la corrupción empresarial.

Esta alianza ya habría dado sus primeros resultados con un cargamento que fue incautado el pasado 3 de abril en el departamento del Vichada donde el Ejército Nacional incautó 48 toneladas de coltán, el cual tiene un valor de aproximadamente 5.000 millones de pesos, esto representaría un duro golpe a las finanzas de ambas organizaciones.

El coltán es un mineral compuesto de columbita y tantalita y es indispensable para la industria electrónica. También conocido como “el oro negro”, tiene la capacidad de soportar altas temperaturas, ser resistente a la corrosión y ser buen conductor eléctrico. Es esencial para la fabricación de celulares, computadores y cámaras.

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El caso del hombre condenado por asesinar a miembros de la comunidad LGTBI en Bogotá

Un juzgado de Bogotá condenó a 39 años de prisión a un hombre señalado de ser un asesino serial contra homosexuales.

  • Condenado responsable de asesinar a miembros de la comunidad LGTBI. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa
    Condenado responsable de asesinar a miembros de la comunidad LGTBI. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa
07 de abril de 2025
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En octubre de 2022, José Leonardo Quevedo Turizo ingresó al apartamento de un médico panameño en la localidad de Chapinero y le propinó varias heridas con arma blanca hasta causarle la muerte.

La sevicia con la que fue cometido el crimen despertó una alerta por parte de las autoridades. El médico, cuya identidad permanece bajo reserva, era miembro de la comunidad LGTBI y sus familiares y amigos lo recuerdan como una persona noble, alegre y solidaria.

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La noche del crimen, el responsable generó un incendio para desaparecer la evidencia y huyó del lugar con varios objetos de valor. Sin embargo, las autoridades no tenían ningún rastro.

Un año después, en un apartamento al occidente de Bogotá, un estudiante universitario fue hallado muerto. Al llegar al lugar, los investigadores descubrieron que había similitudes en ambos casos. El estudiante murió por asfixia y el responsable hurtó varios objetos de valor.

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Las autoridades seguían investigando, ahora con nuevas pistas. Gracias a eso, meses después fue capturado José Leonardo Quevedo Turizo. La investigación arrojó que, en efecto, era el responsable de ambos homicidios y que, además, era sospechoso de otros dos crímenes de integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

Por los hechos probados en su contra, un juzgado lo condenó a 39 años y 4 meses de prisión. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y hurto calificado y agravado.

Quevedo Turizo deberá cumplir la sentencia en un establecimiento carcelario.

Esposa de MinSalud habría violado impedimento en hospital de Leticia, según evidencia

Beatriz Gómez Consuegra, actual superintendente delegada para prestadores en la Superintendencia de Salud, fue señalada de ejercer presiones indebidas en millonario contrato del Hospital San Rafael de Leticia (Amazonas).

  • Beatriz Gómez Consuegra es la esposa del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. FOTOS: Cortesía y Colprensa
    Beatriz Gómez Consuegra es la esposa del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. FOTOS: Cortesía y Colprensa
07 de abril de 2025
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Otra pata le salió al gato en medio de los señalamientos por presuntas presiones indebidas de la superintendente delegada para prestadores, Beatriz Gómez Consuegra, para la firma de un contrato en el Hospital San Rafael de Leticia (Amazonas). Al respecto, la denuncia del periodista Daniel Coronell, la funcionaria estaría tomando decisiones en procesos que son directamente competencia del Ministerio de Salud, que es liderado por su esposo, Guillermo Jaramillo.

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Este lunes la representante a la Cámara Catherine Juvinao reveló que Gómez incurrió, presuntamente, en una falta disciplinaria gravísima por su actuación sobre el señalado contrato. En su intervención ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, cuestionó que el ministro dijera que su esposa tenía competencia para llamar a funcionarios para firmar contratos.

Sin embargo, Juvinao reveló un documento que muestra todo lo contrario: que no tiene la mentada competencia. Resulta que la superintendente delegada presentó un impedimento, el 14 de marzo de 2024, que aplica para las E.S.E (empresa social del Estado) Hospital San Rafael de Leticia para “actuaciones administrativas en las que se presente la competencia concurrente con el Ministerio de Salud y Protección Social”.

“Adivinen ustedes: el programa de inversión, mediante el cual quieren comprar el buque–hospital es, en efecto, un programa por $73.540 millones, de los cuales $55.000 millones son cofinanciados por el ministerio. Es decir, la señora Gómez está actuando en contra de su propio impedimento, incurriendo con esto en una falta gravísima”, expresó la congresista.

Al respecto, recordó que esa presunta falta “genera destitución e inhabilidad general de entre ocho y diez años” y pidió al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, que “abra inmediatamente una investigación por la presunta comisión de una falta disciplinaria, en este caso, gravísima”.

En su cuenta de X (antiguo Twitter), la representante expuso que esta información la obtuvieron después de enviar varios derechos de petición al ministerio, entre abril y agosto de 2024, indagando por posibles conflictos de interés de Gómez Consuegra al tener relación en primer grado de afinidad con el ministro.

En una de las respuesta, que dio la Superintendencia de Salud (entidad en la que trabaja Gómez), le adjuntaron el listado de impedimentos presentados por la funcionaria en virtud de su relación con Jaramillo. Uno de los impedimentos es sobre el Hospital San Rafael y señala a las “actuaciones administrativas en las que se presente la competencia concurrente con el Ministerio de Salud y Protección Social de la prórroga ejecutiva”. Esa prórroga a la intervención forzosa del hospital, dijo Juvinao, “ha sido prorrogada cuatro veces desde 2020 hasta hoy”.

Infográfico

“Si bien la superintendente delegada tiene competencia para actuar frente a los prestadores intervenidos, el impedimento en el caso E.S.E San Rafael es claro por cuanto el proyecto de inversión para el buque–hospital es cofinanciado por el Ministerio de Salud con $55.000 millones de $73.540 que cuesta en total”, argumentó la congresista.

En ese sentido, expuso que el ministro Guillermo Jaramillo “miente en defensa de su esposa” y que la superintendente delegada “presionó órdenes abiertamente ilegales”, pues la ley prohíbe suscribir contratos sin las apropiaciones presupuestales. Por esto, “al presionar al señor Mario Castro (asesor jurídico del hospital) a firmar el contrato sin haber expedido el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), la señora Gómez estaría presionando la eventual comisión de un delito”.

Catherine Juvinao anunció que solicitará a los entes de control las investigaciones disciplinarias y penales que correspondan contra la Beatriz Gómez Consuegra, hoy en el ojo del huracán por este escándalo.

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Petro denuncia que 62.664 armas oficiales “no se sabe dónde están ni quién las tiene”, ¿qué hay detrás?

El mandatario aprovechó la transmisión del Consejo de Ministros para leer un informe con cifras de presuntas irregularidades de empresas de seguridad privada. Esos hechos ya han sido investigados por la Fiscalía que ha capturado a algunos representantes legales.

  • Lo que hizo el jefe de Estado fue ampliar la denuncia a partir de lo que arroja el sistema de la Superintendencia de Vigilancia. FOTO: Presidencia y Fiscalía
    Lo que hizo el jefe de Estado fue ampliar la denuncia a partir de lo que arroja el sistema de la Superintendencia de Vigilancia. FOTO: Presidencia y Fiscalía
07 de abril de 2025
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El Consejo de Ministros en la noche de este lunes 7 de abril, según anunció Presidencia, iba a tratar sobre las tarifas de energía. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aprovechó la visibilidad en el prime time de los canales privados y públicos para hacer una denuncia.

Leyó un documento que sería un informe de la Superintendencia de Vigilancia que tiene cifras relacionadas con presuntas prácticas irregulares de empresas de seguridad privada que dan certificados de armas y de formación de escoltas a miembros de bandas criminales como El Clan del Golfo. Sobre esos delitos, la Fiscalía ya ha hecho capturas a algunos representantes legales de esas empresas y sigue investigando a otras.

Lo que hizo el jefe de Estado fue ampliar la denuncia a partir de lo que arroja el sistema de la Superintendencia de Vigilancia. “62.264 armas del Estado no se sabe dónde están ni quién las tiene”, señaló el mandatario.

“La superintendencia (de vigilancia) sigue construyendo paramilitarismo, nunca dejó de construirlo y siguen siendo armas oficiales las que ingresan a los grupos criminales con sello oficial y hombres armados con sello oficial de empresas privadas de escolta que siguen siendo los escoltas de los grandes capos del crimen en Colombia. Es decir, el Estado está cuidando a los estados con armas oficiales”, agregó el mandatario.

El año pasado, señaló, se cancelaron 16 licencias de funcionamiento “porque fueron tramitadas irregularmente incluso en esos hechos de corrupción tuvieron participación funcionarios nombrados en este Gobierno”. Esas denuncias se radicaron en la Fiscalía, según explicó el jefe de Estado.

¿Qué hay detrás de la denuncia del presidente Petro?

En efecto, a principios del mes de marzo, la Fiscalía detectó una maniobra fraudulenta en la que empresas de seguridad ‘carnetizaban’ como escoltas a cabecillas e integrantes de estructuras criminales y les autorizaban el porte de armas de fuego. “Los representantes legales de tres compañías de seguridad que estarían involucradas en el entramado ilegal fueron capturados e imputados por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Sin embargo, luego se conocieron más detalles y los nombres de varios cabecillas de bandas criminales que acudían a ese delito. Según las autoridades, quienes entregaban esos certificados eran dos oficiales retirados de la Policía: el coronel (r) Pedro Alexander Ruiz y el capitán (r) José Omar Urrego. Ambos, capturados en febrero pasado, crearon las empresas de vigilancia Pretorian y Securbel Ltda. Un tercer involucrado es Jorge Oswaldo, dueño de Sara Ltda. Los tres acusados se declararon inocentes del delito de concierto para delinquir agravado.

Según reveló El Tiempo, Ruiz y su compañía Pretorian tendrían en sus filas a 13 hombres que se hacían pasar como escoltas para transitar libremente con sus armas de ‘dotación’. El expediente citado por ese medio señala que son: Raúl Albeiro Arenas Vélez, alias R, jefes de ‘los Triana’, banda detrás de las extorsiones y robos en Medellín. También, están Juan Carlos Castro, alias Pichi Belén de la ‘Oficina de Envigado’; Rigoberto Arias Castrillón, a quien la Fiscalía reseñó como jefe de ‘los Rolos’; Miguel Bastidas Bravo, alias Gárgola, ‘excapo’ del ‘cartel de Cali’ que se volvió jefe de ‘la Constru’ en el Putumayo; Luis Alberto Zapata Sánchez, alias El Negro, jefe de ‘los Rastrojos’ en Putumayo.

La empresa Pretorian también acreditó a Gerson Jiménez, alias Carbonero, señalado de traficar droga en Armenia, y Securbel carnetizó a Jhon Alexander Calderón, alias Largo, sindicado de más de 117 asesinatos en ciudades como Cali.

”No me condenen a muerte”: Sneyder Pinilla pide protección tras su condena por corrupción en la UNGRD

El exfuncionario volvió a hacer esta petición tras ser condenado por cometer actos de corrupción cuando ejerció como subdirector en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

  • Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD. FOTO: Colprensa
    Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD. FOTO: Colprensa
07 de abril de 2025
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Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), envió una carta a un juzgado de Bogotá alertando sobre los riesgos que corre tras convertirse en el primer condenado en el sonado escándalo de corrupción que saqueó recursos públicos a través de contratación amañada.

En un documento escrito a mano, el exfuncionario le pide al juzgado que tenga en cuenta que fue el primero en aceptar los hechos de corrupción y que, gracias a sus aportes y a su colaboración con la justicia, otros accedieron a contar la verdad.

“Fui el primero en levantar la mano y, en virtud de mi colaboración y cooperación, varios fueron procesados y hoy se han acogido a principios de oportunidad y preacuerdos”, escribió.

Pinilla, quien pagará una pena de cinco años y ocho meses de prisión gracias a una negociación con la Fiscalía, volvió a pedir perdón y clamó al juzgado que no lo “condene a muerte”.

“Nuevamente pido perdón al país y a las víctimas, y pido que no se me condene a muerte”, clamó.

Su carta finaliza con una petición especial: “Pido que se me garantice la vida y se me proteja”.

En contexto: Sneyder Pinilla se habría posesionado como subdirector de la UNGRD con documentos falsos

La negociación

Gracias a su colaboración con la justicia, Sneyder Pinilla obtuvo una rebaja en la pena. Asimismo, se comprometió a devolver 618 millones de pesos que se habría apropiado ilegalmente. Ese dinero ya lo reintegró.

La información fue confirmada por el propio ente investigador, que presentó los comprobantes de las dos consignaciones que Pinilla realizó al Banco Agrario.

Tanto Pinilla como el exdirector de esa entidad, Olmedo López —quien también firmó un preacuerdo—, aceptaron su responsabilidad en la malversación de recursos públicos y se comprometieron a aportar información clave sobre los responsables y la estructura de la operación ilícita.

Le puede interesar: Sneyder Pinilla devolvió $ 618 millones del saqueo a la UNGRD y obtendrá una rebaja de pena

La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una “organización criminal”, como la denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidas por el Gobierno para direccionar contratos a cambio de coimas.

Todo fue dirigido por López, quien en ese momento era el director, y Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El Pastuso”, quien dirige más de 30 empresas, entre las cuales fueron utilizadas Brands S.A.S., Impoamericana Rogers S.A.S., Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya fueron imputados.

Defensoría exige la liberación inmediata de más de 60 secuestrados por el ELN en Catatumbo y Arauca

Iris Marín, defensora del Pueblo, denunció que el ELN mantiene secuestradas a más de 60 personas en Catatumbo y Arauca, y exigió su liberación inmediata y sin condiciones.

  • Han aumentado los secuestros por parte de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN). FOTO: Cortesía
    Han aumentado los secuestros por parte de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN). FOTO: Cortesía
07 de abril de 2025
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Iris Marín, defensora del Pueblo, alzó la voz este lunes ante el preocupante aumento de secuestros cometidos por el ELN en distintas regiones del país, agravándose en territorios como el Catatumbo, Norte de Santander.

Para saber más: Campesinos desplazados por violencia en el Catatumbo empezaron a retornar a sus tierras

Según cifras entregadas por la Defensoría, al menos 60 personas permanecen en poder de este grupo armado ilegal en zonas como el Catatumbo y Arauca.

“La situación se agrava en regiones como el Catatumbo, donde el ELN mantiene secuestradas a al menos 50 personas, a quienes acusa de colaborar con las disidencias del Frente 33. A ellas se suman más de 18 personas retenidas por ese grupo armado ilegal en Arauca, incluso después de la reciente liberación de cinco ganaderos”, expresó la Defensoría.

Además, en Arauca, más de 18 personas continúan retenidas, incluso después de que se confirmara la liberación reciente de cinco ganaderos.

Le puede interesar: Videos | ELN difundió pruebas de supervivencia de los ganaderos secuestrados en Arauca

Frente a este panorama, Marín fue contundente: exigió la liberación inmediata y sin condiciones de todos los secuestrados. “La Defensoría del Pueblo reitera su más enérgico rechazo al secuestro como herramienta de presión, financiamiento o control por parte de los grupos armados ilegales, e insiste en la urgencia de proteger el derecho a la libertad y a la vida digna de todas las personas, sin excepción”, señaló Marín.

Para saber más: Violencia en Catatumbo: tras balacera con camioneta robada descubren transporte de arsenal del ELN

La Defensoría alertó que el uso del secuestro como mecanismo de control territorial no solo constituye un delito grave, sino una flagrante violación a los derechos humanos, e hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional para no normalizar estas prácticas violentas.

Proyecto de resolución de Minsalud busca regular operación de gestores farmacéuticos en medio de pelea por supuesto desabastecimiento

Esta norma, que está en construcción aún, impacta a gestores farmacéuticos y operadores logísticos de tecnologías en salud, que son actores claves en el sistema de salud para la entrega de medicamentos.

  • Los gestores farmacéuticos son los encargados de la dispensación de medicamentos a los usuarios de las EPS con los que tengan contrato. FOTO: Getty
    Los gestores farmacéuticos son los encargados de la dispensación de medicamentos a los usuarios de las EPS con los que tengan contrato. FOTO: Getty
07 de abril de 2025
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El Ministerio de Salud publicó en su página web el proyecto de resolución que busca reglamentar los requisitos de operación y financieros de los gestores farmacéuticos y operadores logísticos de tecnologías en salud. Estos actores del sistema son los encargados de almacenar, distribuir y dispensar los medicamentos a los afiliados de las entidades promotoras de salud (EPS) con los que celebren contratos.

El documento explica que los gestores farmacéuticos son los operadores logísticos, cadenas de droguerías, cajas de compensación y/o establecimientos comerciales, que se encargan de la dispensación ambulatoria en establecimientos farmacéuticos a los afiliados del sistema por medio de contratos de las EPS, IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) y otros actores, que pueden ser personas naturales o jurídicas.

Le puede interesar: No solo Audifarma: estos son los cinco gestores farmacéuticos más grandes del país y su papel en el sistema.

Entre tanto, define a los operadores logísticos de tecnologías en salud como toda persona natural o jurídica que, por contrato con una entidad responsable de pago, una IPS, un gestor farmacéutico o un laboratorio farmacéutico, haga almacenamiento, distribución, transporte y control de existencias o cualquier otra actividad relacionada con la cadena de distribución física de las tecnologías en salud.

En ese sentido, el proyecto de resolución establece que si los operadores logísticos hacen dispensación ambulatoria pagadas con recursos del sistema tendrá la de gestores farmacéuticos y les aplicará la reglamentación correspondiente.

La primera parte del documento expone los requisitos de operación y financieros que deben cumplir los gestores. Sobre esto, expone que deben diseñar e implementar indicadores de estructura, proceso y resultado para evaluar la calidad de servicio y gestión. Estos deben tener fichas técnicas y estar basados en la mejor evidencia científica disponible. Y, en el caso de que no hagan parte de un acuerdo de voluntades con otras entidades, los deben evaluarlos periódicamente para garantizar el cumplimiento de estándares y la mejora continua.

Así mismo, deberán contar con las condiciones tecnológicas y científicas para ofrecer un servicio seguro y de calidad, las cuales están ligadas a las actividades del servicio de medicamentos. También tendrán que asegurar que siempre haya disponibilidad suficiente de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías necesarias para atender a la población a cargo, según los acuerdos firmados con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios.

Por otro lado, estos actores estarán obligados a notificar a las EPS el estado de entrega de los medicamentos y tendrán que informar si se cumplió con el tiempo estipulado para la entrega.

En cuanto a los requisitos financieros, el proyecto señala que deberán implementar un modelo de seguimiento de indicadores para evaluar su desempeño financiero, cuyo seguimiento financiero deberán incluir los indicadores relacionados con el respaldo patrimonial, la liquidez y la eficiencia operativa. De esta manera, se espera poder conocer la solidez financiera de la entidad, su capacidad para responder a obligaciones a corto plazo y su eficiencia en la gestión de los recursos de la salud.

Por otra parte, los requisitos para los operadores logísticos de tecnologías en salud giran en torno a su capacidad técnico-administrativa, que refiere a la cadena de distribución física de tecnologías, que deben dar cumplimiento a las condiciones de capacidad establecidas en la presente resolución para los gestores, a excepción de la condición denominada como buenas prácticas de gobierno organizacional.

De igual manera, tendrán que cumplir las condiciones de capacidad tecnológica y científica de que trata este capítulo las cuales están asociadas a las actividades y/o procesos propios del servicio farmacéutico; así como dar cuenta del cumplimiento de las condiciones de capacidad tecnológica y científica según la etapa de la cadena de distribución física de tecnologías en salud que operen.

Los requisitos financieros, dice el proyecto de resolución, señalan que deberán desarrollar e implementar un modelo de seguimiento de indicadores que permitan monitorear y evaluar la gestión financiera, con el fin de garantizar su estabilidad económica y el uso eficiente de los recursos.

En ese sentido, el modelo de indicadores deberá cumplir con requisitos de relevancia y pertinencia, metodología clara, progresividad en su cumplimiento, evaluación periódica y transparencia y documentación.

Para hacer seguimiento del cumplimiento de estas disposiciones, el documento expone que el ministerio creará el “Registro de Gestores Farmacéuticos y Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud” que se actualizará una vez al año y si se presentan novedades y en donde deberán estar inscritos. En ese sentido, solo quienes lo estén podrán tener sus acuerdos de voluntades y contratos con las entidades del sector salud.

La Superintendencia de Salud será la encargada de emitir las instrucciones sobre el cumplimiento de las disposiciones y fijará los criterios técnicos y jurídicos que faciliten su cumplimiento y señalará los procedimientos para su aplicación; así como hará la inspección, vigilancia y control de los requisitos de capacitad técnicoadministrativa y requisitos financieros establecidos.

En cuanto a las entidades territoriales de salud (secretarías municipales, distritales y departamentales), se encargarán de hacer las acciones correspondientes al control de las condiciones de capacidad tecnológica y científica y será la encargada de realizar el registro de gestores farmacéuticos y operadores logísticos de tecnologías en salud.

Finalmente, si los gestores y operadores incumplen con estos requisitos, la Supersalud y las entidades territoriales, en el marco de sus competencias, aplicarán las sanciones a que haya lugar, como poner el reporte en el registro de estos actores ante el ministerio del ramo.

“En caso de anulación del registro, los contratantes del respectivo gestor farmacéutico o del operador logístico de tecnologías en salud contarán con un (1) mes para adelantar los procesos a los que haya lugar con la salida de este proveedor de su red”, señala el proyecto de resolución.

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Notas de la sección