El Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se abstuvo de responder por el escándalo que involucra a su esposa, la superintendente delegada para prestadores de la superintendencia del ramo, Beatriz Gómez, quien presuntamente habría ejercido una presión indebida en la aprobación de un millonario contrato para el funcionamiento de un buque hospital en el Amazonas.
En contexto: Denuncian que esposa del minSalud habría ejercido presión en millonario contrato: “firman o me presentan la renuncia”.
En un evento realizado este lunes ante medios de comunicación, el ministro fue consultado sobre su postura frente a estas denuncias, ante lo cual respondió “muchas gracias”, puso las manos en los micrófonos y se retiró del lugar sin dar mayores declaraciones.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro también salió en defensa de las acusaciones de la esposa de su ministro, señalando que “la presión indebida es dejar a la población indígena y campesina que habita las riveras de los ríos amazónicos sin atención médica. Quienes no firman contrato para que la armada entregue el buque hospital que hizo, son indolentes con el derecho a la salud de poblaciones marginadas”.
El mandatario dijo que “la esposa del ministro de Salud no entró a trabajar en la superintendencia en este gobierno, sino en el gobierno anterior, y por eso no existe ni nepotismo ni inhabilidad para ejercer sus funciones”.
Sin embargo, diferentes voces le recordaron al presidente que el nombramiento de la señora Beatriz Eugenia Gómez Consuegra esposa del ministro Jaramillo, fue nombrada como superintendente delegada en Salud en el actual gobierno, luego que la hoja de vida fue publicada el 2 de septiembre de 2022.
El nombre de Gómez Consuegra, esposa de Jaramillo y superintendente delegada para prestadores del servicio de salud, salió a la luz luego de una denuncia conocida por el periodista Daniel Coronell en su columna de opinión de “Los Danieles”, titulada “La esposa del Ministro”.
En videos divulgados se dio a conocer que Gómez presionó a funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia para que firmaran y dieran marcha al proyecto, pese a los problemas y ante los riesgos jurídicos derivados de un manejo poco responsable.
Coronell puso al descubierto el tono amenazante de las llamadas de la funcionaria, que al ser controvertida solo atinó a decir que no reconocía su propia voz, en las que exigía a los gritos que se firmaran el contrato para dar inicio al proyecto o de lo contrario los funcionarios encargados del tema debían presentar su renuncia, en una abierta intervención en funciones que no le competen a ella.
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