Las comunidades indígenas y campesinas en Colombia enfrentan repetidamente la invasión de sus territorios por parte de grupos armados criminales. Estas comunidades, además, se encuentran entre las más vulnerables en el contexto del conflicto armado, quedando expuestas a constantes violaciones de sus derechos fundamentales.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de Inminencia, en la que advierte el riesgo en el que están los habitantes de los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío y Jambaló en el norte del Cauca, por la expansión del Frente Dagoberto Ramos, del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc.
Le puede interesar: Atentado con explosivo en medio de protestas en la vía Panamericana dejó un muerto y varios heridos
Advierte el organismo que este frente viene suplantando funciones propias del Estado, como la ‘administración de justicia’, el monopolio de la violencia, la tributación, entre otras conductas delictivas, lo cual tiene en grave vulneración los derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad de las comunidades.
Adicionalmente, el norte del Cauca es un corredor de movilidad estratégico —de material de guerra, sustancias ilícitas, además de otros— entre Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Huila para grupos armados ilegales, lo que agrava la situación para estas comunidades.
Lea más: Minga indígena ya está en Bogotá, ¿por qué se movilizarán?
Para la Defensoría deben tomarse medidas urgentes, toda vez que los combates con otras organizaciones armadas, así como ataques directos contra las comunidades, especialmente indígenas y campesinas, en cascos urbanos y zonas rurales, las tienen en latente riesgo.
“Las conductas vulneratorias de derechos afectan su vida social, económica, espiritual, educativa y comunitaria. A ello se suma el ingreso al norte del Cauca del Frente 57 Yair Bermúdez, otra facción disidente de las Farc, que tendría como fin disputarle al Dagoberto Ramos zonas donde ejerce el control territorial y social”, advierte la entidad.
En esta zona del país, los criminales incurren principalmente en delitos como el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. El fenómeno se extiende a Toribío, Corinto, Caloto, Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Caldono, Padilla, Villa Rica y Puerto Tejada.
La alerta temprana también advierte que los criminales podrían hacer uso de drones cargados con artefactos explosivos improvisados, método de guerra que ha sido empleado en otras zonas del departamento, como Argelia, El Tambo, Popayán y Suárez.
“Como garante de los derechos humanos en el territorio colombiano, exhorta a la institucionalidad gubernamental competente a cumplir con las 20 recomendaciones formuladas en la Alerta Temprana de Inminencia 019 del año en curso. Es pertinente que impulse acciones urgentes de disuasión, prevención, protección y atención integral para evitar que sean materializados los riesgos descritos”, añade el organismo.
