Después de que un dragoneante del Inpec —que evangelizaba todos los días (salvo los jueves, porque ese día no trabajaba) en la Cárcel de Ternera en Cartagena— fuera asesinado en la puerta principal del penal el ministro de Justicia, Néstor Osuna, declaró la emergencia carcelaria en todo el país. La declaración implica el aumento del pie de fuerza en los penales, pero también vuelve a poner sobre la mesa el debate por el hacinamiento carcelario, que en Antioquia llega al 51% en sus 17 centros de reclusión.
La seguridad de los funcionarios del Inpec se suma a la larga lista de problemas del sistema carcelario colombiano, donde las noticias de hacinamiento, corrupción y violación a los derechos humanos son casi paisaje. La lista de soluciones no es tan larga, pero el gobernador de Antioquia parece tener una: construir más cárceles.
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El pasado 25 de enero, después de terminar un consejo de seguridad, Andrés Julián Rendón prometió que durante su gobierno se empezarán a construir tres cárceles en Antioquia con el propósito de disminuir el hacinamiento y mejorar las condiciones de seguridad del departamento. Si bien como candidato Rendón no habló de ese tema ni en los debates ni en las entrevistas, en la página 33 de su programa de gobierno está como la segunda propuesta en el capítulo de Seguridad, justicia y convivencia ciudadana: “Construir al menos tres grandes cárceles regionales, que permitan la resocialización y la descongestión del sistema para delitos menores”.
La propuesta pareció sorpresiva porque las declaraciones que hizo en las primeras semanas como mandatario se enfocaron en su propuesta de austeridad en la Gobernación y en promover una reforma constitucional para que los departamentos reciban más dinero vía impuestos. “Yo disponía de más recursos para invertir en la gente cuando era alcalde de Rionegro que ahora como gobernador de Antioquia”, dijo en una entrevista con EL COLOMBIANO.
Aunque todavía no se sabe dónde quedarían las cárceles, ni bajo qué modelo se contratarían, ni cuál sería su capacidad, la propuesta ha generado debate entre quienes creen que construyendo nuevas cárceles se soluciona el problema de hacinamiento y se mejora la seguridad en el departamento en la medida en que se puede hacer cumplir el Código Penal y no queda como un canto a la bandera, y del otro lado quienes creen que se trata de un caso de “populismo punitivo” que no resuelve de raíz el problema carcelario y que además no es una inversión prioritaria en una región con tantas necesidades sociales y de infraestructura.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en Antioquia hay 17 centros de reclusión del nivel nacional en los cuales hay 8.191 cupos, sin embargo, hay 12.360 personas privadas de la libertad, de manera que el hacinamiento es del 51%, un poco más del doble del promedio nacional que es de 24,6%. Sin embargo, hay penitenciarías como las de Andes, Santa Bárbara y Apartadó donde la sobrepoblación supera el 100%.
Esto sin contar los reclusos que hay en las cárceles municipales y en las estaciones y subestaciones de Policía, que solo en Medellín son más de 2.000 con un hacinamiento del más del 200%, según la Personería. El hacinamiento significa también que a la mayoría de internos se les violan derechos fundamentales, comen mal, duermen peor, y viven enfermos, unos sobre otros, entre la mugre y la mierda.
Y del otro lado, también el apeñuzcamiento desincentiva la aplicación de la ley: ¿para que capturarlos si no hay donde guardarlos?
Antioquia es el departamento con más cárceles y penitenciarías del país. Sin embargo, el gobernador Rendón considera que “necesitamos más cárceles y la Gobernación las va a hacer de manera digna, no solo porque creo en las segundas oportunidades, sino que también serán disuasivas, para que todo aquel que va a cometer un crimen en Antioquia, primero piense que tenemos una Fuerza Pública profesional, entrenada como la que más, con facilidad de capturar muy rápidamente, pero además que, dependiendo del desenlace judicial de sus procesos, podría pasar muchos años en la cárcel”.
En este punto es necesaria una precisión: de acuerdo con la ley en Colombia, las gobernaciones y alcaldías están autorizadas para construir cuántas cárceles quieran y puedan; sin embargo, contrario a lo que se suele creer, en las cárceles solo pueden estar retenidas aquellas personas que no han sido condenadas, los que se denominan como sindicados. Las personas que ya fueron condenadas y están cumpliendo una pena privativa de la libertad deben hacerlo en una penitenciaría, y en estas la única autoridad es el Inpec y el gobierno nacional. De manera que las tres cárceles que planea construir la gobernación solo podrán albergar personas que no han sido juzgadas.
Son estos espacios que también se necesitan para aliviar la sobrepoblación en las URI y las estaciones de Policía, en donde se suele albergar en precarias condiciones a los miles de detenidos.
El gobernador habla de “resocialización” y de “disuadir a los criminales” como argumentos para su propuesta. Lo cual, para el doctor en derecho y profesor de la Universidad de Antioquia, Juan David Posada, es un problema de concepto: “El gobernador habla de una cárcel, pero cuando la describe, describe una penitenciaría”.
Posada además cree que la propuesta es un típico caso de “populismo punitivo” en el que los gobernantes prometen encerrar criminales o acusados y la gente los apoya “porque piensa que siempre van a encerrar al resto pero nunca a ellos”.
Antioquia es el único departamento que tiene una cárcel para sindicados, es la de Itagüí, que se conoce popularmente como Yarumito, que desde su inauguración ha tenido graves denuncias de corrupción en su interior. Esta no es la primera vez que un gobernador promete construir una prisión. Luis Pérez intentó hacer una penitenciaría agroindustrial de baja seguridad en Yarumal con un fondo de $65.000 millones en el que participaron la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que aportó $51.201 millones, y la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín que pusieron, cada una, $7.000 millones. Pero la penitenciaría terminó convertida en un elefante blanco porque la Contraloría General de la Nación encontró, entre otras cosas, que al momento de firmar el convenio para ejecutar el proyecto no se habían hecho “estudios de suelo y de vulnerabilidad a las estructuras existentes que permitieran establecer la viabilidad del proyecto”. Además, la estructura que se compró, que era un seminario, no cumplía con las condiciones para convertirse en penitenciaría y tenía que demolerse. En agosto del 2021, el entonces gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, pidió la liquidación del proyecto.
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Posada es tajante en afirmar que el modelo carcelario de Colombia es un “fracaso”. “Nos enceguecemos ante un hecho que es evidente y es que las personas que van a prisión salen de ahí mucho peor y que si entraron ahí por un delito menor van a salir en la mayoría de los casos con una capacidad criminal muchísimo más alta que la que tenían cuando entraron”, asegura.
Otra crítica que ha recibido la propuesta de Rendón es el costo que tendría para el departamento. Aunque no se saben todavía las especificaciones de las cárceles, los ejemplos recientes dan cuenta de que no son baratas.
A finales del año pasado, la Alcaldía de Medellín dejó contratada por medio de una alianza público privada la cárcel metropolitana para sindicados que quedará en San Cristóbal y que tendrá capacidad para albergar a 1.339 personas. Esta le costará a la ciudad, si no hay sobrecostos, $675.000 millones que deberá pagar durante los próximos 12 años. Esa plata (para construir una sola cárcel) representa el doble de todo el presupuesto que tiene la Gobernación este año para invertir en la Secretaría de Infraestructura física ($344.032 millones).
La encargada de la puesta en marcha de la propuesta de Rendón es Luisa Fernanda Echeverri, la directora de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Acceso a la Justicia de la Secretaría de Seguridad. Según ella, con las nuevas cárceles se podrán liberar decenas de policías que no pueden hacer sus labores de patrullaje porque se la pasan cuidando detenidos en las estaciones de policía.
Además, añade que hay dos sentencias que justifican el proyecto, una de la Corte Constitucional y otra de la Corte Suprema de Justicia del 2022 y 2019, respectivamente. El fallo de la Corte Constitucional de 2022 les ordenó a las entidades territoriales de todo el país (entre ellas a la Gobernación de Antioquia) a que en un plazo de cuatro meses garantizara que las personas privadas de la libertad en estaciones y subestaciones de Policía contaran con las condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar. También les ordenó a que en un plazo de año y medio dispusieran “de inmuebles, bien sea que estén bajo su dominio o a través del perfeccionamiento de contratos como el comodato o el arrendamiento, que cuenten con las condiciones de seguridad, salubridad, higiene y sanidad adecuadas, para trasladar temporalmente a personas recluidas en los denominados centros de detención transitoria y disminuir el hacinamiento”.
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Echeverri dice que apenas comenzarán los estudios para determinar la capacidad que tendrán las cárceles, los lugares donde estarán ubicadas y el modelo de cómo se financiarán. La funcionaria reconoce que el principio de resocialización no aplica para los sindicados, pero dice que, debido al largo tiempo que por lo ineficiente del sistema penal en el país pasan retenidos, las oportunidades de estudio y trabajo que tendrán los reclusos serán voluntarias. “No tienen la obligación porque existe el principio de presunción de inocencia, lo que sí se puede es garantizar los mecanismos para que mientras estén en esa reclusión puedan tener oportunidades de resocialización potestativa”, asegura.
Para el diputado Luis Peláez, “la construcción de cárceles es una idea descabellada cuando se habla de un estado de austeridad. Los poquitos recursos que hay en Antioquia debemos invertirlos en vías, en los proyectos que no nos va a cofinanciar el gobierno nacional. Debemos enfocarnos presupuestalmente en eso”.
Además, Peláez considera que “las cárceles son un retroceso de la sociedad”. Según él, el enfoque debería estar en mejorar las condiciones de las cárceles actuales del departamento, pues hay algunas que ni siquiera tienen garantizadas el acceso a servicios públicos, y abordar el problema desde la prevención del delito.
Peláez comparte la posición de Posada en cuanto a que no tiene sentido un sistema de resocialización con personas privadas de la libertad que están a la espera de una condena o una absolución. “Son planteamientos ambiguos”, dice.
Sobre los cuestionamientos al costo que tendrían estas obras que irían en contravía con el discurso de austeridad, Luisa Echeverri dice que si bien la orden es hacer mucho con poco, “no se puede perder de vista que debemos hacer mucho y tenemos que gestionar esos recursos de la manera más eficiente”. “Esta es una propuesta muy prioritaria para el gobernador”, concluye.
Finalmente, Posada y Peláez también coinciden en que no hay evidencia que demuestre que entre más cárceles haya menos hacinamiento se registra, sino al contrario. Algunas cifras: en 1993, el Inpec tenía capacidad para 27.810 personas y la sobrepoblación era de apenas el 4,6%. En 1998, cuando la Corte Constitucional declaró una crisis carcelaria por el hacinamiento y recomendó ampliar los cupos, en el país había espacio para 33.119 reclusos y el hacinamiento ya era del 34,1%. Veintidós años después, a inicios del 2020, ya la sobrepoblación era del 55% a pesar de que la capacidad se había duplicado en las últimas décadas y era de 80.156. ¿Faltan cárceles o falta que haya menos crimen? Es un dilema difícil de resolver. Sobre todo porque tampoco se ha encontrado la fórmula para bajar la tasa de criminalidad en el país.
Al final de ese año, por cuenta de la pandemia, el hacinamiento cayó al 20%. Hoy es del 24,6%. “Si usted está estrecho en una casa pequeña y después se va para una más grande, en algún punto esa grande también le va a quedar pequeña”, explica Posada.
