Los datos para dimensionar el impacto que ha dejado el largo invierno en Antioquia bien pueden caer como aguacero del 3 de mayo: este año ha llovido 30% más que en todo 2020, el departamento ha tenido que gastar cuatro veces más plata para atender tanto derrumbe y se ha removido en los últimos tres años el triple de toda la tierra que cayó sobre las carreteras entre 2012 y 2019.
Es más, con todo el material que ha taponado las vías se podrían llenar más de 50.000 volquetas que filadas irían desde Medellín hasta San Juan de Urabá.
Los registros que deja este temporal, que va para dos años sin escampadero alguno, demuestran que el calentamiento global es una realidad con la que tenemos que lidiar y que obliga a replantear prioridades y asignación de recursos porque no hay bolsillo que aguante tanta emergencia y sin vías transitables no hay desarrollo posible.
El sostenido incremento de las precipitaciones, que están descargando en las habituales temporadas secas (junio-julio) más lluvias que en las mismas épocas de invierno, se sumaron a las condiciones geológicas especiales de Antioquia y a la fragilidad histórica de las vías que se riegan y cuelan por todos los recodos de las montañas de esta cordillera.
Por eso en los últimos tres años se ha acelerado el deterioro de todos los corredores viales, los destapados y los pavimentados, volviendo paisaje el derrumbe que tapona una carretera, atrapa cientos de vehículos y aísla a pueblos enteros por varios días.
De los 4.966 kilómetros de vías que tiene a cargo la Gobernación, solo está pavimentado el 37%. Es decir, el 63% es muy vulnerable a las lluvias, porque son vías destapadas que se erosionan con facilidad con el paso del agua. Y de los 1.860 kilómetros que están pavimentados, al menos el 70% está deteriorado.
Pero ese no es el dato que evidencia el histórico rezago del departamento con sus carreteras. Otros 11.630 kilómetros de vías están a cargo de los 125 municipios, pero el 90% de estos son categorías 5 y 6, es decir, no tienen fuentes de recaudo y sobreviven al ras, por lo que le toca a la Gobernación sacarlos del atolladero cuando hay algún derrumbe. Y de estos 11.630 kilómetros adivine cuántos están pavimentados: sí, se peló, solo el 4,5%.
“Además de un rezago histórico, hay una imposibilidad tanto de los municipios como del departamento para poder dar una respuesta inmediata a las condiciones que se están viviendo con este invierno”, resume Santiago Sierra Latorre, secretario de Infraestructura de Antioquia.
No alcanza la plata
¿Cuánto necesitamos en Antioquia para superar las afectaciones que las lluvias dejan en las carreteras? Los cálculos rondan los $1,3 billones cada año solo para el mantenimiento de las vías a cargo del departamento, es decir, ese monto solo incluye 4.966 kilómetros y no los otros 11.630 kilómetros que son competencia de los municipios.
Pero la única asignación para el mantenimiento según las ordenanzas corresponde al 50% de la sobretasa al Acpm, lo que a duras penas llega a los $50.000 millones al año, apenas el 4% de toda la plata que se necesita. ¿Qué ha tocado hacer entonces? Poner excedentes de recursos de inversión y ajustar con vigencias futuras para poder atender tanta emergencia vial y rescatar a los pueblos que han quedado incomunicados.
Las cifras que se ha llevado el invierno no son cualquier cosa. Para mantenimiento y atenciones, desde 2020 se han girado $356.802 millones. Para poner ese dato en perspectiva: en el periodo pasado de la Gobernación (2016-2019) se destinaron para el mismo fin $187.518 millones, un poco menos de la mitad.
La urgencia actual plantea un desafío: o se pavimenta y se trata de poner al día el retraso centenario de las carreteras, o se atienden los 812 puntos críticos que hoy tiene el departamento.
Pero Sierra Latorre dice que la Gobernación no puede elegir y dejar de lado la otra tarea, sino que tiene que avanzar con los recursos disponibles en cada frente destinando plata de inversión, vigencias futuras y regalías.
En el plan de pavimentación, por ejemplo, están adjudicadas las obras para asfaltar las vías de 16 cabeceras municipales, además de 140 kilómetros de circuitos estratégicos para conexión intermunicipal. Pero la suma de todos los esfuerzos parece sucumbir ante tanta agua que está cayendo.
Con pico y pala
En 2020, el registro marcaba que había 1.000 puntos críticos en las vías del departamento. Se han atendido ya 847, pero el crudo invierno activó otros 812 adicionales por la saturación de los suelos. Hay en este momento 117 frentes de obra activos y más de 120 equipos de maquinaria amarilla trabajando.
Eso ha permitido que ni una sola cabecera municipal haya estado cerrada más de una semana. El plan de choque contra las emergencias incluye, también, apoyo con maquinaria amarilla para todos los municipios, fomento de créditos con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) para que compren equipos propios, activación de un fondo de gestión del riesgo para declarar calamidades y acelerar la destinación de recursos, además de la activación de corredores prioritarios para que se puedan sacar los productos agrícolas y se garantice la estabilidad alimentaria.
Con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se avanza en la declaratoria de calamidad pública departamental, herramienta que permitiría recibir inyecciones de recursos por parte del Gobierno Nacional para fortalecer las capacidades de atención.
Pero Antioquia y el país deben reevaluar las asignaciones que se están entregando para el mantenimiento de las vías y buscar nuevas fuentes de financiación que permitan jalonar más plata para las temporadas de invierno, porque estos datos con los que comenzamos la nota tienen alta probabilidad de continuar creciendo, el cambio climático es ya una realidad que asusta.
Los montos para las emergencias en general así lo demuestran: en los últimos siete años, la inversión para la gestión del riesgo pasó de $8.381 millones en 2015 a $ 22.294 millones en 2022, lo que significa un aumento de casi tres veces. Por su parte, el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres ha trasladado más de $16.180 millones para apoyar la reducción y mitigación del riesgo, y la atención a emergencias ocasionadas en el departamento.
“Las emergencias viales tienen que convertirse en un punto crítico, se debe garantizar una política pública de mantenimiento vial porque no podemos pensar en asignaciones para mantener a todo el departamento”, plantea el secretario Sierra Latorre.
Lo cierto es que el largo invierno que empezó hace dos años y todavía no parará, según los pronósticos del Ideam, obliga a replantear los planes de choque con urgencia, a barajar las políticas públicas para superar al fin el rezago histórico de las vías y poder enfrentar el clima extremo en un escampadero.
¿Qué sigue?
Lluvias hasta el próximo año: En lo corrido de 2022, las lluvias dejan en el país 204 personas fallecidas, 281 heridas, 37 desaparecidas, 476.000 afectadas y 144.000 familias damnificadas, y todavía faltan las semanas más críticas. El Ideam prevé que las precipitaciones continúen en diferentes zonas del país hasta el próximo año. Las más intensas pueden registrarse en la región Caribe, Pacífica, Andina, suroccidente de la Orinoquía y occidente de la Amazonía. Así mismo, se contabilizan 4.418 viviendas destruidas y 75.353 averiadas. En cuanto a las vías del país, van 2.184 afectadas. A la fecha hay 765 municipios golpeados por lluvias y 2.631 eventos climáticos.
