La propuesta del expresidente Álvaro Uribe de iniciar una colecta pública para financiar las obras pendientes de las vías 4G en Antioquia volvió a agitar el debate por el futuro de esos megaproyectos.
Mientras desde el Gobierno Nacional el presidente Gustavo Petro se mantiene en que los recursos nacionales deben priorizarse en otras regiones, líderes como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al que se han sumado voceros gremiales, han insistido en que dejar esos proyectos a la deriva no solo golpearían la economía de todo el departamento sino la del resto del país, porque con dichos corredores tendrá un acceso más expedito al mar Caribe y los puertos que se construyen en el golfo de Urabá.
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Más allá de esa discusión, en la que Rendón ha pedido incluso que desde Bogotá se le entreguen las vías a Antioquia en caso de no quererlas financiar, la propuesta de Uribe abrió múltiples interrogantes, no sólo por tratarse de una iniciativa inédita, sino por aún tener muchas variables en las que deben pensarse.
A luz de esa discusión, una de las preguntas centrales es si por fuera del campo político, dicha colecta si podría materializarse.
¿Cuántos antioqueños pueden donar?
Lo primero que hay que anotar es que, pese a estar dentro de los departamentos con mejores indicadores de desarrollo, el promedio de ingresos de los antioqueños aún está lejos de alcanzar siquiera el millón de pesos planteado por el expresidente.
Así lo documentó por ejemplo el Dane en sus mediciones sobre pobreza monetaria, señalando que el ingreso promedio per cápita en Antioquia estaba en los $878.544 para 2021.
En esa misma medición quedó plasmado que indicadores cómo la incidencia de la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema aún tienen un largo camino para ceder, ubicándose la primera en 29,3 puntos en 2021 (cuando la meta es bajarla por lo menos a 22 al cierre de esta década), y la segunda en 7,3 puntos (cuando la meta es de 4 puntos).
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Con una óptica similar, uno de los diputados de la Asamblea de Antioquia que le formuló reparos a la iniciativa señaló que los ingresos de la mayoría de los antioqueños no darían para una concurrencia masiva de donantes.
“Solo en 2019 la población ocupada recibía en promedio mensual $978.197. En Antioquia los ingresos de la mayoría de la población apenas alcanzan para sobrevivir, pagar servicios públicos, transporte, arriendo, comida”, planteó el diputado Andrés Mesa Valencia, de la bancada del Partido Liberal, aprovechando por su parte para formular que el debate también debería extenderse a las concesiones, sobre todo a las que aún no han logrado entregar los proyectos a su cargo.
¿Cómo inyectar los recursos?
Más allá del tema de los ingresos, la iniciativa también se muestra compleja a nivel legal, ya que para la mayoría de expertos consultados no hay siquiera un antecedente comparable que sirva de referencia para establecer cómo podría hacerse una obra pública con recursos donados por particulares.
Pese que durante los últimos meses han sido muchos los proyectos que han estado en vilo por cuenta de las declaraciones y la forma en que el Gobierno Nacional expidió su presupuesto para este año, el destino natural de los recursos que plantea el expresidente Uribe estaría por lo menos en cinco grandes obras que están en la incertidumbre.
Cabe anotar que para el caso de los nueve proyectos 4G que ya que están andando, incluso los que no se han terminado, por tratarse de concesiones ya tienen su financiación garantizada por parte del sector privado, que según quedó pactado cuando se firmaron los contratos esperan recuperar su inversión por cuenta de la operación de los corredores y el manejo de peajes.
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De esta manera, los proyectos pendientes de recursos públicos, que Bogotá ahora no ve como una prioridad, son principalmente la construcción del tramo 2 del Túnel del Toyo, que incluye una vía desde Santa Fe de Antioquia hasta su portal del ingreso, y cuatro grandes obras en el Suroeste que tampoco quedaron incluidas en las concesiones, como el puente de Bolombolo, el intercambio vial de Primavera, el doble túnel a la altura del sector Sinifaná y otro túnel el sector El Líbano.
Con la vista puesta en esas obras, el profesor Camilo Tapias Perdigón, experto en contratación y especialista en Derecho Público, señaló por ejemplo que la ausencia de entidades nacionales en obras de esta envergadura no solo se reducen al presupuesto, sino que involucra muchas otras variables que no deben pasarse por alto.
“Un proyecto para que sea viable y salga a luz pública no necesariamente implica que esté adecuadamente financiado, esto tiene otras aristas que revisten complejidad, como los impactos ambientales, las licencias de construcción, los diálogos con las comunidades, las expropiaciones o servidumbres que haya que abordar antes de iniciar; en fin, toda una serie de situaciones previas que deben estudiarse”, considera el profesor.
“Creo que sería muy complejo un proyecto manejado por particulares, porque la iniciativa y la concepción de un proyecto es por parte de las entidades estatales. No conozco antecedentes. Todavía falta que se sepa quién manejaría ese proyecto, quien ejercería la supervisión y la interventoría, quien lo gerenciará y cómo se combinaría el trabajo con las entidades estatales encargadas de los proyectos. Tampoco la descarto de plano, pero hay muchos detalles que hay que mirar”, advirtió Tapias.
No obstante, en materia normativa, otro escenario que se muestra difuso es el del Túnel del Toyo, que ya tiene contratos andando pero que necesita de una financiación adicional que por ahora se mantiene en el limbo.
Precisamente a raíz de esa discusión, el gobernador de Antioquia envió una carta al gobierno central pidiendo que desde Bogotá se cediera esas vías y proyectos a cargo del Invías al gobierno departamental, obteniendo como respuesta un no rotundo por parte del ministro de Transporte.
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“(Por ley) corresponde a la Nación y a las Entidades Territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad”, expresó William Camargo, jefe de esa cartera, en la respuesta a Redón.
Sobre esa discusión, el profesor Tapias plantea por su parte que cuando ya hay contratos andando pensar en integrar un recursos como el de una colecta se vuelve complejo, dado que ya hay obligaciones contraídas que no pueden evadirse.
“Cuando se adquieren compromisos contractuales que cubren diversas vigencias justamente esos compromisos hay que honrarlos y respetarlos desde el punto de vista presupuestal. Quizá este debate se dio hace algunas semanas, cuando en el presupuesto general se indicaba que había unas partidas globales para cubrir proyectos y el ministro de Hacienda salió diciendo que como había proyectos atrasados, entonces aquellos que estuvieran atrasados pues entonces no tendría porque dársele más hasta que demostraran que no hubiese un avance. Pero posteriormente salió un decreto aclarando en qué sentido deberían ir esas partidas que inicialmente eran globales, porque efectivamente si un proyecto estaba ya comprometido con unos recursos de la Nación, obviamente esos recursos no pueden ir a ninguna otra parte, sino precisamente a esos proyectos a los que fueron destinados”, señaló el profesor.
A esta discusión también se han sumado exfuncionarios y figuras del mundo político, como es el caso del exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, para quien la discusión, más allá de los vericuetos legales, debería enfocarse precisamente en las responsabilidades del Gobierno Nacional.
A través de un escrito publicado en su cuenta de Twitter, el exfuncionario consideró que al gobierno del presidente Petro debería exigírsele que cumpla con sus deberes, tanto en los proyectos que avanzan en Antioquia como los de otros lugares del país.
“Honrar las vigencias futuras no es una benevolencia que hace el gobierno central: es una obligación legal no solo para con Antioquia sino para con otras regiones de la geografía nacional donde hoy en día se están construyendo también vías modernas que- gracias al aporte de capital privado asociado con el público -hacen posible la modernización de nuestra infraestructura vial que al presidente Petro parece molestarlo tanto”, formuló Restrepo.
Además de todas estas variables, este martes el expresidente Uribe dio más puntadas a su iniciativa, proponiendo que la misma sea liderada por el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón (quien ya expresó su apoyo) y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.
De igual forma, el exmandatario propuso que se creara un comité compuesto por diversas figuras que le brinden confianza a la ciudadanía y también una fiducia, en la que serían depositados esos recursos para que solo sean usados para esos proyectos de obra pública.
