Un elefante blanco, trepado en la montaña, es la definición que le da Yerson González, líder social de la comuna 1 (Popular), a la Biblioteca España. Conocido como “Canábico Objetor”, Yerson lleva 20 años luchando, en palabras suyas, por la paz de su comuna. “He estado en la discusión de los últimos planes de desarrollo de la ciudad y en la del Plan de Ordenamiento Territorial de 2014 (...) Lo de esa biblioteca fue una imposición que nos hicieron, un edificio que no nos sirve para nada”, alega el líder.
La biblioteca, preinaugurada frente a los reyes de España en 2007, tuvo que ser cerrada en 2015. Su estructura falló y su fachada se resquebrajó. Desde eso, los habitantes del Popular, y en general de toda la comuna nororiental, se quedaron sin ese espacio que fue emblema de la ciudad. Mientras ven lo que alguna vez fue esa biblioteca, un lío judicial, enmarañado, enfrenta a constructores, diseñadores e interventores de la obra.
El Municipio y la Biblioteca Piloto presentaron una demanda en la que pretenden $16.000 millones. Esa se encuentra en el Tribunal Administrativo de Antioquia.
La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), el brazo ejecutor de la alcaldía, interpuso otra por $11.042 millones. Es decir, las demandas, en total, tienen un monto de $27.000 millones.
Raúl Morales, secretario general de la EDU, explicó en qué van los procesos judiciales. Lo primero que hay que entender es que la empresa está implicada en dos acciones; una, como demandante, como se dijo, y en otra como demandado. Veamos.
El proceso en el que la EDU funge como demandante (05001233300020170061801) es una controversia contractual, que pretende zanjar las diferencias entre los contratantes, en palabras de Morales.
Los demandados en este caso son Mazzanti & Arquitectos S.A.S, del arquitecto Giancarlo Mazzanti, quien diseñó la biblioteca; Ingeniería Estructural S.A.S., que hizo la revisión de los diseños estructurales del proyecto; Arquitectura y Concreto S.A.S, encargada de la construcción, y A.C.I. Proyectos S.A.S., la firma que hizo la interventoría de esa construcción. Además, se llamó en garantía a Liberty Seguros S.A, Confianza S.A, Compañía Seguros del Estado S.A y Suramericana S.A, reveló Morales.
Los demandados llaman a sus aseguradoras para que respondan por lo sucedido. “El objetivo es que se declare el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Es decir, en lo relativo al diseño, construcción e interventoría de la Biblioteca España. También pedimos que se paguen los perjuicios patrimoniales que sean probados en el proceso”, explica Morales desde la EDU.
La demanda fue admitida el 2 de mayo de 2017 en la sala tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia. Hasta ahora, pese a que han pasado cuatro años, el proceso no avanza. El 18 de abril de 2018 se hicieron unos llamamientos en garantía. Es decir, los demandados llamaron a quienes ellos consideran los responsables de lo que pasó en la Biblioteca.
Ingeniería Estructural S.A.S, por ejemplo, llamó a la EDU, al Municipio de Medellín y a A.C.I. Proyectos S.A.S. A su vez, haciendo el asunto más complejo, Arquitectura y Concreto llamó a Mazzanti & Arquitectos. “Eso es normal en estos proyectos: cada cual va llamando a quien considera que debe responder. En 2018, el Tribunal comete un error involuntario, que fue corregido. Faltó enviar un recurso de apelación de Liberty Seguros. Ahora se están notificando a cada parte para poder arrancar bien el proceso”, dice Morales.
Es decir, en el trámite apenas se está haciendo la integración de los participantes. Frente a esto, Morales dice que es muy complejo pronosticar cuánto más pueda demorar el proceso judicial, pero todo indica que va para varios años.
Ahora sí, vamos a lo segundo. En este proceso, Arquitectura y Concreto es demandante y la EDU, el demandado. Está radicado con el número 05001233100020100050000.
La EDU, como en el proceso anterior, llamó en garantía al Municipio, ACI Proyectos, Liberty Seguros, Mazzanti & Arquitectos S.A.S y Seguros del Estado S.A. Este proceso tiene una cuantía por $3.628 millones y también es una controversia contractual. Las pretensiones del demandante son reparar el tiempo extra que tuvieron que permanecer en la obra, además de recuperar los perjuicios por problemas en los diseños que, a la larga, les generó sobrecostos. Este proceso fue radicado el 30 de marzo de 2010. En él todavía se están recogiendo pruebas.
