Diez personas que harían parte de una organización delincuencial dedicada a traficar migrantes por todo el país para llevarlos hacia Centro América fueron judicializadas este martes 26 de septiembre.
De acuerdo con el ente investigador, desde hace siete años los procesados vendrían ubicando en zona de frontera de Nariño a migrantes a quienes les cobraban entre 2.000 y 5.000 dólares para poder llevarlos hasta Urabá, pasando por Cali, Medellín y Bogotá. La ruta se trazaba dependiendo del destino requerido por cada uno.
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Las sumas incluían el pago de transporte, hospedaje y alimentación, además del trámite de visas y documentos de identificación falsos para evadir los controles dispuestos por las autoridades.
La Fiscalía también pudo establecer que se registraron casos en los cuales migrantes que estaban ubicados en la sala de inadmitidos del aeropuerto El Dorado de Bogotá D.C., eran contactados por un integrante de la red para ofrecer paquetes de viaje ilegales.
Yesid Mauricio Posada Martínez, Rubelly Prado Valenzuela, Daniel Mauricio Charfuelan Atis, Yonier David Torres Burgos, Yimi Fernando Gallego Cubides, Emerson León Berrio, John Ernesto Lemus Jaramillo, Ariana Luz Buelvas Portela, Carlos Andrés Pérez Ballesteros y Jan Pieter de Vrijer Molina, son los nombres de las personas que tendrán que responderle a la justicia por el delito de tráfico de migrantes. Vrijer Molina sería el líder de la organización, según la Fiscalía.
Las pruebas en poder de las autoridades demostrarían que la red ofrecía documentos falsos para quienes estaban indocumentados, pero también identificación original para que los migrantes suplantaran a sus usuarios reales.
Además, la Fiscalía comprobó la vinculación de esta red a por lo menos 10 eventos de tráfico de migrantes, y conoció de otros 27 más que la estructura ilegal no logró concretar.
Las autoridades encontraron a 8 ciudadanos cubanos que estaban alojados en una vivienda que al parecer pertenecía a uno de los capturados. Estos extranjeros fueron puestos a disposición de Migración Colombia.
De la misma manera, durante las diligencias de allanamiento cumplidas por la Dijin, fueron incautados 19 pasaportes falsos, 11 celulares, 79 millones de pesos y 29.000 euros, en efectivo.
La Fiscalía imputó a los procesados, según su presunta responsabilidad individual, delitos como tráfico de migrantes y concierto para delinquir. Ninguno de los cargos fue aceptado. Por decisión del juez del caso, los investigados fueron cobijados con medida de aseguramiento de detención domiciliaria.
