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En uno de sus acostumbrados mensajes en tono altisonante, el presidente Petro cuestionó recientemente a las hidroeléctricas del país porque no ayudaban a bajar las tarifas de energía y dijo que “Pablo Escobar palidecería ante este negocio”.
Por supuesto, la comparación indignó al sector, que le recordó al presidente que las hidroeléctricas han sido eje central para la economía por las inversiones millonarias que han realizado y porque han garantizado la prestación del servicio de energía, incluso en condiciones adversas, como el fenómeno de El Niño. En efecto, gracias a las hidroeléctricas, Colombia tiene una de las matrices más limpias del planeta ya que el 65% de la generación es hidráulica.
Pero mientras Petro mira la paja en el ojo ajeno, no vio la viga en Urrá, una hidroeléctrica estatal, con una participación del 99,98% del Ministerio de Hacienda, sumida en un escándalo por una serie de contratos de venta de energía, que, al parecer, habría otorgado a dedo a personas cercanas al círculo del mandatario y que financiaron su campaña.
Urrá se localiza en el municipio de Tierra Alta, en Córdoba, y se encarga de generar y comercializar energía desde el año 2000. Hoy no se destaca por sus operaciones sino por los contratos que otorgó a 10 de empresas comercializadoras de energía, que no contaban con criterios técnicos. El valor ascendió a 1,4 billones de pesos, es decir, 30 veces más que lo que costaron los 40 carrotanques para repartir agua en La Guajira, y que se convirtieron en uno de los mayores escándalos de corrupción de este gobierno.
Mientras el mandatario colombiano lanza diatribas y dice que no permitirá la corrupción en su gobierno, en diferentes sectores se le está colando a chorros. En esta ocasión, gracias a investigaciones de los medios, se puso en conocimiento de la opinión pública lo que está sucediendo con esta hidroeléctrica.
Se menciona que el clan Calle está detrás de los hilos del poder de esta hidroeléctrica. Uno de sus integrantes, Andrés Calle, es recordado no por sus ejecutorias cuando fue presidente de la Cámara de Representantes, sino por las denuncias de Sneyder Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien dijo que le entregó personalmente 1.000 millones de pesos en efectivo para acelerar la discusión de las reformas del gobierno en el Congreso.
Otras de las personas cercanas al presidente Petro vinculada con Urrá es Vladimir Fernández, quien estuvo en la junta directiva de la hidroeléctrica, fue secretario Jurídico de la Presidencia y ahora es magistrado de la Corte Constitucional. También estarían involucradas la empresa Energético ESP y Energía Limpia y Eficiente, de un socio de Nicolás Petro, el hijo del presidente.
Un hecho que llamó la atención fue la decisión de la mayoría de los integrantes de la junta directiva de Urrá, a quienes les incomodaba Rafael Amaya del Vecchio como gerente de la hidroeléctrica, porque en febrero de este año le pidieron la renuncia. Interpuso una acción de tutela para su reintegro, que fue rechazada por el Tribunal Superior de Montería.
La junta directiva está integrada por siete miembros principales, cinco de los cuales son del gobierno, tres son representantes del Ministerio de Hacienda y dos están en representación del Ministerio de Minas y Energía, así que el gobierno no puede decir que no tenía conocimiento en torno a lo que estaba pasando en la hidroeléctrica.
Tras las denuncias de los medios, dichos ministerios emitieron un comunicado en el que afirmaron que tuvieron conocimiento de las presuntas irregularidades al solicitar información sobre las tarifas de Urrá en la comercialización de energía y las empresas con las que estaba contratando, en el marco de la política de justicia tarifaria. Pidieron a Urrá activar una auditoría específica y suspender cualquier contrato de venta de energía.
El presidente, que tanto ataca al sector privado y es partidario de que el Estado esté presente en todos los sectores, no entiende que la corrupción permea todo y que en las entidades públicas han estallado los mayores escándalos de su gobierno. Se está haciendo tarde para que controle estas actuaciones irregulares y para que los organismos de control ejerzan sus funciones y no esperen a que los medios de comunicación sean los que denuncien tantos hechos de corrupción.