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No se puede esperar que por arte de magia o por decreto se bajen las tarifas si el gobierno no ayuda a solucionar los problemas del sector y, por el contrario, los agrava al negarse a pagar lo que debe.
Dos años y medio lleva el Gobierno prometiendo que bajará las tarifas de energía y los usuarios, especialmente los de la Costa Atlántica, siguen esperando que se les haga el milagrito. Pero hasta el momento todo ha quedado en anuncios.
El Gobierno ha prometido de todo. Anunció un Pacto por la Justicia Tarifaria cuando Irene Vélez era ministra de Minas y Energía, se comprometió a pagar la opción tarifaria, es decir, lo que se dejó de cobrar en la pandemia, que asciende a 3,2 billones de pesos, dijo que iba a renegociar los contratos de Air- E y Afinia con las generadoras, amenazó con intervenir el mercado poniendo un límite del 5% a la venta de energía. Cada vez que puede, el presidente Petro se va en contra de las generadoras, las llama estafadoras y azuza al pueblo para que salga a protestar contras las empresas que prestan el servicio.
Pero como no ha pasado de los anuncios a los hechos, y como las tarifas de energía no han bajado, ahora salió con la idea de que destinaría millonarios recursos para ponerles paneles solares a las viviendas de los estratos 1, 2 y 3. Según el mandatario, la intención es que no recibirán más subsidios de energía y a cambio les entregarán techos solares para que las familias se vuelvan autogeneradoras.
Si no tiene para pagar los 7,2 billones de pesos que le adeuda al sector, de los cuales 3,2 billones son por la opción tarifaria, otros 2,8 billones de pesos que corresponden a los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 de la población, a lo que se suma las obligaciones de entidades estatales que siguen en mora, ¿de dónde va a sacar los recursos para poner paneles en medio país?
El presidente, como es su costumbre, saca ideas del sombrero sin haber hecho antes un análisis técnico y económico. Pura demagogia y populismo energético. Es lo mismo que ha pasado con las tarifas de gas, que en lugar de bajar subieron cerca del 40% porque el Gobierno no quiere el gas producido en el país sino el importado, que es mucho más costoso.
Pero mientras Petro hace cuentas alegres, otros sí sacan las cifras en blanco y negro. El analista Aurelio Suárez dijo que instalar paneles solares vale, en promedio, 30 millones de pesos por casa, y si piensa destinar seis billones de pesos para este fin los recursos solo alcanzarían para instalar 200.000 paneles, una cifra muy baja teniendo en cuenta que los hogares de estratos 1, 2 y 3 son 14 millones. “Es un buen negocio para Euclides Torres, el contratista estrella del Fenoge”, sostuvo.
Suárez se refiere a Torres, el megacontratista del Estado, amigo de Armando Benedetti, que ayudó a financiar la campaña a la presidencia de Petro, y quien maneja contratos de trámites de tránsito, de alumbrado público y de energías renovables, entre muchos otros negocios. Hay que recordar que el Gobierno le entregó al clan Torres contratos por 95.000 millones de pesos para instalar paneles solares en los estratos 1, 2 y 3 de la costa Atlántica, a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge). Sin embargo, el contrato se suspendió luego de que apareciera esta información en medios de comunicación como La Silla Vacía.
Ojalá detrás del anuncio de la instalación de paneles solares no esté otra vez este contratista.
Lo cierto es que además del populismo energético que lleva haciendo el Gobierno, bajar las tarifas de la luz le ha quedado grande porque esta no es una decisión que se pueda hacer por decreto ya que de por medio están muchos factores que impactan la prestación y el costo del servicio, en una cadena en la que intervienen actores como los generadores, transmisores, comercializadores y distribuidores.
Las empresas de transmisión llevan años quejándose de que no han podido extender las redes para ampliar y mejorar el servicio porque las comunidades se lo impiden; en la distribución y comercialización muchas empresas se quejan de las pérdidas técnicas y no técnicas debido a las inadecuadas conexiones, al no pago de las facturas y al robo de energía. A ello se suma que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, encargada de revisar y tomar medidas para el buen funcionamiento del sector, duró más de un año en interinidad. Y ni hablar de los proyectos de energías renovables no convencionales, como los eólicos, que ayudarían a bajar las tarifas, según el Gobierno, y que están varados.
No se puede esperar que por arte de magia o por decreto se bajen las tarifas si el Gobierno no ayuda a solucionar los problemas del sector y, por el contrario, los agrava al negarse a pagar lo que debe. Los anuncios no pasarán de ser populismo para calmar los ánimos de los usuarios que ven cómo se les sube cada año el valor de las facturas. .