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Hoy de nuevo el país pondrá sus ojos sobre el Capitolio porque el Congreso de la República debe seguir dando el polémico debate de la reforma a la salud. Desde estas páginas ya hemos planteado lo peligroso que es este proyecto de ley, toda vez que no apunta a resolver el problema de la insuficiencia de recursos y por el contrario puede crear una crisis general del sistema.
Sobre ese punto ya es mucho lo que se ha dicho. Ahora queremos aprovechar la coyuntura para analizar otro inmenso interrogante y es el de los costos que pueden resultar siendo explosivos, tanto de esta reforma a la salud como de las otras dos reformas sociales con las que el gobierno de Gustavo Petro parece querer jugarse el todo por el todo.
En cuanto al proyecto de salud, del que se ha aprobado más de la mitad en la Cámara – aún falta el Senado –, uno de los mayores temores es que la reforma marchite las EPS y se dé excesivo poder a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que tendría que aumentar 10 veces su planta de personal – de 500 a 5.000 trabajadores –, para cumplir con las múltiples funciones que le serán asignadas.
Esta reforma, a pesar de ser una de las favoritas del presidente Petro, no tiene aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Ni se sabe cuánto es su costo total a corto y largo plazo. La representante de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, pidió aplazar el debate hasta que se tenga dicho aval. “Cómo nos vamos a atrever a cometer un acto tan temerario como aprobar una reforma al sistema de salud sin saber cuánto cuesta ni de dónde va a salir la plata”, dijo.
Un documento que levantó polvareda, que circuló cuando era ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, estimaba los costos fiscales del proyecto en 114 billones de pesos en una década, entre 2024 y 2033. Pero hasta ahora, el gobierno no ha dicho la última palabra sobre el tema, lo que causa preocupación sobre el verdadero impacto en las finanzas públicas.
En respuesta a un derecho de petición de EL COLOMBIANO el Ministerio de Salud indicó que la sola adecuación y construcción de 2.500 Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) costará alrededor de 6,9 billones. Pero falta cuantificar la totalidad de las propuestas que demandarán mayor gasto, por no hablar de los efectos de la transición al nuevo sistema que puede resultar catastrófico en términos de atención en salud.
Otro de los proyectos que ha causado revuelo es la reforma pensional. En los próximos días debe comenzar la discusión en segundo debate en plenaria del Senado. Asofondos, el gremio de las administradoras de fondos privados, advierte que el proyecto podría poner en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Un concepto del Ministerio de Hacienda sobre el impacto fiscal de la reforma reveló que, en lugar de reducir el pasivo o la deuda hacia el futuro para pagar las mesadas, el proyecto la dispara en los próximos años, al pasar de 84,1% del Producto Interno Bruto (PIB) a 126,3%, entre el 2025 al año 2100. Es decir, un aumento del 50% de la deuda pensional, que se incrementaría en la astronómica cifra de 678 billones de pesos lo que, según Asofondos, hace que el sistema sea inviable y tremendamente costoso para las generaciones futuras.
A pesar de que esta es una reforma explosiva fiscalmente, el Ministerio de Hacienda le dio el aval, al señalar que “todas las consideraciones incluidas son fiscalmente factibles manteniendo la sostenibilidad del sistema de protección a la vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo”.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoce que, como en el 2070 (¡sí, 2070!) empezará a caer el ahorro pensional se necesitará una nueva reforma. Muy optimista teniendo en cuenta que este proyecto se queda corto porque no se mete con temas cruciales como el aumento de las cotizaciones ni la edad de jubilación, de 57 años para mujeres y 62 para hombres, una de las más bajas de América Latina. No sería de extrañar que un nuevo gobierno, después de 2026, tenga que volver a presentar otra reforma para arreglar lo que quedó mal.
Y falta la discusión en el Congreso de la reforma laboral, que como lo reconoce la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no es para crear nuevos puestos de trabajo sino para proteger los que existen, y para darles más beneficios a los sindicatos. El problema es que si no se crean nuevos empleos formales no va a disminuir la informalidad del 56%, que impide que más gente cotice al sistema pensional, y por ende de manera colateral tiene efectos perniciosos sobre las finanzas públicas.
El Congreso tiene una oportunidad de oro para mejorar los proyectos del gobierno e incluir algunas de las propuestas que vienen pidiendo desde diversos sectores, y el ejecutivo para escuchar las voces de quienes le piden ajustes para evitar un daño no solo a las finanzas públicas sino a todos los colombianos. Vamos a ver en los próximos debates si impera el pragmatismo o el populismo.