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Pensábamos que en Colombia ya lo habíamos visto todo y que nada podría superar nuestra infinita capacidad de sorprendernos. Sin embargo, siempre aparece un nuevo episodio que nos ratifica una vez más que Macondo es el verdadero nombre del territorio que habitamos.
¿O cómo se puede explicar que el Presidente de la República haya decidido convocar una marcha contra las tarifas de los servicios públicos? ¿En qué país del mundo el jefe de Estado encabeza una protesta, cualquiera que ella sea? O peor aún, ¿qué tipo de mandatario decide que es buena idea alentar el malestar de los ciudadanos en contra de un servicio del cual es responsable en últimas su propio gobierno?
En otras palabras, el gobierno de Gustavo Petro sale a protestar en contra del gobierno de Gustavo Petro. Lo que para algunos puede parecer absurdo no es más que la más reciente estrategia del mandatario para hacer creer al país que los terribles daños que está sufriendo el sistema energético no son su culpa.
Y como si eso fuera poco, la marcha la convocan en Barranquilla, ciudad donde la empresa que brinda el servicio de energía (Air-e) hoy está en manos del gobierno Petro, luego de que la superintendencia de servicios públicos la intervino. Es decir, más razones para señalar que quien debe asumir la responsabilidad sobre el alza de las tarifas es el Gobierno.
Las cifras de la crisis que está viviendo el sector de la energía en Colombia asustan. El Estado le debe hoy a las empresas de energía cerca de $7,6 billones. La mayor parte ($3,3 billones) por la llamada opción tarifaria, que no es otra cosa que la deuda contraída por los usuarios durante la pandemia que el presidente Petro dijo que él iba a pagar. Otros $3,3 billones porque, aunque parezca insólito, el mismo gobierno que dice defender unas tarifas razonables para los más pobres no ha pagado los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 en energía y gas natural.
Petro dijo el año pasado que su gobierno iba a pagar la opción tarifaria, pero hasta el sol de hoy no se ha visto giro alguno. Por eso, una empresa como Air-e, que era de propiedad de un privado, no resistió. Otras empresas, como Afinia, que detrás tienen el músculo de EPM, están resistiendo pero no se sabe hasta cuándo.
Y para acabar de ajustar la siguiente joya: luego de que el gobierno de Petro se tomó Air-e, no solo libró a un empresario privado de ese chicharrón, sino que decidió que las demás empresas del sector sean las que la sostengan. Para ello hizo un cambio muy delicado en la norma y desde octubre está obligando a que todos le den al fiado a Air-e: las generadoras están obligadas a darle energía así no les paguen y las transportadoras también tienen que poner a su disposición las torres de transmisión. Hasta octubre, la norma decía que a quien no pagara no se le tenían que entregar energía, pero Petro de un plumazo está obligando al suministro so pena de intervenir a empresa que se niegue.
En apenas tres meses Air-e ya le debe cerca de $600.000 a EPM, ISA y GEB (todas ellas públicas) y sigue sumando cada mes como si fuera un taxímetro. ¿De dónde va a sacar esa empresa para pagar? Recordemos que el Gobierno la intervino porque la empresa de Alberto Ríos ya no tenía caja. Y si el Gobierno no ha pagado los subsidios ni la opción tarifaria, ¿alguien cree que se va a meter la mano al bolsillo para honrar las deudas de Air-e?
La situación es tan alarmante que expertos calculan que por este hueco de Air-e, y por la falta de pago del Gobierno, se pueden ir a la quiebra 45 empresas del sector. Este año, si no se componen las cosas, y sin exagerar, puede ser el de la debacle.
Si el presidente Petro sigue tratando al sector a los golpes, no sería extraño que termináramos sufriendo un apagón en cadena. Ya se dispararon dos alarmas: Air-e, que surte energía al 10% de los usuarios del país (Atlántico, Magdalena, Guajira y César), se desfondó como ya comentamos; y por otro lado, el 2 de enero, quedaron a oscuras los 45.000 habitantes de Puerto Carreño, Vichada. En ambos casos porque el gobierno de Gustavo Petro no les paga lo que debe.
Ya uno va entendiendo mejor por qué el presidente Petro hizo esa protesta en Barranquilla, que para algunos puede ser la marcha del absurdo, pero para él puede ser su boleto de salvación: con esa narrativa de “yo protesto por las tarifas”, va abonando el terreno para que cuando lleguen las crisis más profundas se pueda lavar las manos.
Petro ha decidido además lanzar culpas a diestra y siniestra y se hace la víctima diciendo que su gobierno no puede pagar porque no le aprobaron la reforma tributaria. Habrá que recordarle que esa reforma solo recogía $12 billones, monto que bien se lo podría haber ahorrado él al Estado si no hubiera inflado los gastos de funcionamiento y los contratos de prestación de servicio como lo ha hecho. El funcionamiento aumentó en más de 100 billones de pesos en los dos primeros años y los contratos de prestación de servicios se han casi duplicado: en 2020, eran 68.000 y con Petro, en 2024, se inflaron a 111.500.
El presidente Petro está armando una bomba atómica con el tema de la energía.