Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
Amenos de un mes de que se terminen las sesiones del Congreso, la suerte de la reforma tributaria presentada por el Gobierno para financiar el faltante de 12 billones de pesos que tiene el presupuesto del 2025 es incierta.
A pesar de que fue radicada el 10 de septiembre, hasta ahora no ha surtido su primer debate y solo se realizó la primera audiencia pública el jueves. Esta no sería la primera vez que se cae una reforma tributaria. El caso más reciente fue el proyecto fracasado del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que era la tercera reforma tributaria del gobierno Duque.
No solo el tiempo juega en su contra, sino el mal ambiente entre los parlamentarios que dicen que no es el momento de poner más impuestos, así incluya la zanahoria de bajar el impuesto de renta del 35% al 27% a los microempresarios.
Pero más allá de si se pueden recoger o no nuevos gravámenes, el verdadero problema es la incapacidad que ha demostrado el gobierno de Gustavo Petro para gestionar y administrar de manera eficiente los recursos públicos.
Desde su llegada al poder, Petro ha fomentado un crecimiento insostenible del gasto público, sin respaldo en ingresos reales. El presupuesto nacional aumentó este año en un 20%, una cifra sin precedentes, mientras el recaudo tributario cayó un 6,7% en el mismo período.
El Gobierno atribuyó este incremento (a $502,6 billones, $80 billones más que en 2023) al mayor pago de la deuda, producto del incremento en los gastos por la pandemia, pero no dice que esta administración ha incurrido en nueva deuda y que todos los demás gastos siguen subiendo, como el caso de la burocracia.
Los gastos de funcionamiento, por ejemplo, aumentaron 50 billones de pesos en 2023 y otros 50 billones de pesos en 2024, de manera que en solo los dos primeros años de Petro, las erogaciones en burocracia aumentaron de $211 billones en 2022 a $308 billones en 2024.
Estos manejos de la plata pública no solo dejan mucho que desear sino que, aunque por ahora tal vez no muchos lo adviertan, ha sido demoledor para el Estado. Programas como Mi Casa Ya, que facilitaba el acceso a vivienda a las familias de menores ingresos, enfrentan recortes de hasta el 39%, dejando a miles de colombianos sin la posibilidad de tener casa propia. El Icetex, que ha sido clave para garantizar el acceso a la educación superior, tiene enredado el crédito a más de 180 mil estudiantes para el próximo semestre. El Gobierno ha fallado también en el pago de la matrícula cero, en universidades como la de Antioquia, en el giro de recursos completos para la salud y hasta el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, ya salió a advertir que no habrá plata para dar la mitad de los subsidios en 2025.
Es francamente absurdo que el Gobierno que se autodenomina el defensor de las causas de los más necesitados sea el que está dejando desfinanciadas todas las victorias sociales que había alcanzado Colombia a lo largo de las décadas.
Este gobierno, en lugar de eliminar entidades ineficientes o que duplican funciones, creó el Ministerio de la Igualdad, nuevas embajadas y consulados, y aumentó la nómina estatal. El gobierno del cambio quiere un Estado cada vez más grande, mientras desprecia al sector privado, desconociendo que los que más pagan impuestos son los empresarios.
Cabe recordar que esta administración, en cabeza del entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, presentó su primera reforma tributaria en 2022, que recaudó 20 billones de pesos el primer año, y que sigue siendo muy cuestionada por sus impactos negativos en varios sectores económicos.
El Gobierno tiene que expedir antes del 31 de diciembre de este año el decreto que le da vía libre al presupuesto del 2025, ante la negativa del Congreso de aprobarlo. Si se cae la Ley de Financiamiento será una buena oportunidad para que Gobierno y Congreso se sinceren con los presupuestos que tramitan. No será el acabose ni mucho menos. Por el contrario, será el momento de poner las finanzas en blanco y negro y entender que los gastos no pueden seguir creciendo si no están respaldados por los correspondientes ingresos, ni depender de reformas tributarias, que generan incertidumbre y que le restan competitividad al país frente a otras naciones que tienen tarifas muy inferiores.