Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
Pico y Placa Medellín
lunes
3 y 4
3 y 4
En manos de la Corte
La Corte Constitucional tiene la última palabra sobre la emergencia económica para La Guajira.
08 de agosto de 2023
bookmark
En medio del panorama político tan convulsionado se conocieron los decretos de la primera emergencia económica que declaró hace un mes el presidente Gustavo Petro para ayudar a los habitantes de La Guajira a afrontar el fenómeno de El Niño. Y hay de todo como en botica.
Son 11 decretos con los cuales el gobierno les quiere hacer frente a los graves problemas económicos y sociales que por décadas afronta uno de los departamentos más pobres del país, con una de las más bajas coberturas en servicios públicos y donde la corrupción y sobre todo la falta de institucionalidad está a la orden del día.
La Guajira, llamada a ser el epicentro de las energías renovables no convencionales, especialmente la eólica y solar, es uno de los departamentos que se puede ver más afectado por el fenómeno climatológico de El Niño, caracterizado por las altas temperaturas y sequías. La población Wayuú, en la alta Guajira, sería la más afectada teniendo en cuenta que el Ideam prevé que las lluvias podrían disminuir hasta en 60% a finales del año.
Tras la expedición de los decretos, la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la pertinencia de la declaratoria de este estado de excepción al que los gobiernos recurren en casos de situaciones imprevistas, como la atención de la pandemia del covid-19, hace tres años, durante la administración Duque. En los ocho años de gobierno del presidente Santos se decretaron tres emergencias por la fuerte ola invernal que causó estragos en la infraestructura del país, la crisis migratoria de venezolanos y la avalancha en Mocoa (Putumayo).
La Corte deberá estudiar si había hechos sobrevinientes que obligaran al gobierno a recurrir a la emergencia, o los efectos de El Niño se podrían prevenir con decretos ordinarios. El hecho, por ejemplo, de que Presidencia se haya podido tomar un mes para emitir los decretos puede ser un argumento en contra del sentido de urgencia de esta declaratoria de emergencia.
Así mismo, la Corte tendrá que pronunciarse sobre cada una de las medidas, que son muy variadas y que, si bien, unas tienen relación con la emergencia, otras lucen un poco forzadas.
Uno de los primeros decretos es el relacionado con la creación de un Instituto para la Gestión del Agua de La Guajira, con el fin de facilitar el acceso a este líquido vital a los habitantes de un departamento donde este servicio llega a menos del 40% de la población. Se faculta al Ministerio de Vivienda para realizar contrataciones directas para garantizar el acceso al agua y saneamiento básico.
Para incentivar el turismo se eliminará el cobro de la tarifa del IVA del 19% en los servicios hoteleros y alojamientos, hasta el 2030 y para aumentar la cobertura en el servicio de energía eléctrica, se cobrará a los usuarios de todo el país una sobretasa de 1.000 pesos para los estratos 4, 5 y 6, y de 5.000 pesos para comercio e industria.
Un decreto que ha causado polémica es el que establece que La Guajira es una zona de protección especial del agua, argumento bajo el cual el Gobierno prohíbe la prórroga de los contratos mineros actuales y el desarrollo de nuevas actividades de exploración o explotación de carbón que puedan amenazar los acuíferos de la región, lo cual deja un gran interrogante sobre el futuro del Cerrejón, la mina de carbón que más recursos le ha dejado al departamento y que representa casi la mitad de su producción de bienes y servicios.
Así mismo queda la duda en torno a cómo se van a reemplazar los millonarios recursos que ha girado el Cerrejón por la extracción de 23 millones de toneladas del mineral al año. En veinte años, la minera ha girado por regalías e impuesto de renta más de 20 billones de pesos, que no se sabe a dónde han ido a parar. Mientras tanto los famosos proyectos solares y eólicos de los que tanto se habla siguen varados.
La declaratoria de emergencia se puede ver como una gran oportunidad para que La Guajira por fin comience a superar su pobreza endémica y para que el país vuelva los ojos a una región olvidada por el Estado.
Pero por otro lado podríamos estar también ante una nueva frustración. No solo porque no parece estar lo suficientemente sustentada la emergencia para que la Corte la apruebe, entre otras cosas porque son problemas de siempre. Sin embargo, no sería extraño que los magistrados terminen dándole algún tipo de aval para evitar ser señalados por el mandatario como quienes impidieron el cambio en La Guajira.
También puede actuar en contra el contexto de corrupción de varios de sus dirigentes, entre ellos muchos mandatarios locales que hoy están tras las rejas. Y el hecho de que se trata de una región en la que se ha demostrado una inmensa dificultad de construir vías para el progreso o proyectos de energías limpias.
Por eso, mientras no se controle la voracidad de los corruptos o se creen condiciones para que los recursos se puedan invertir de manera eficiente, cualquier gestión que se haga podría quedar en el aire, con o sin emergencia económica..