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Entre todas las revelaciones que hizo el alcalde Federico Gutiérrez de cómo se estarían robando la plata en la administración de Daniel Quintero hay una que llama la atención porque permite hacer un cálculo: se trata de la del presupuesto participativo. Gracias a testigos, que participaban en el negocio, se supo que no había un solo contrato al que no le cobraran entre 10% y 15% de comisión.
Si el presupuesto participativo, en cuatro años, es de $1,2 billones se podría extrapolar y decir que le quitaron al presupuesto (¿o le robaron a la gente?), a punta de mordidas, entre $120.000 y $180.000 millones. Solo en ese componente.
Y cualquiera podría hacer cuentas hipotéticas de servilleta para un presupuesto de inversión de unos 6 billones de pesos al año. Por no hablar de los contratos que se entregaron, incluso algunos con vigencias futuras: el de la cárcel en San Cristóbal, el del cargue lateral de camiones de basura, el del metro de la 80, la reparación de colegios, el del gasoducto que luego reversaron, en fin. ¿Será que en todos los contratos pedían mordida o solo en los pequeños?
Con toda razón, el alcalde Federico Gutiérrez se preguntaba “¿dónde está la plata?” cuando presentó esta semana los resultados preliminares de un balance hecho con técnicas de auditoría forense sobre el estado de los contratos, el manejo de los recursos públicos y toda clase de entuertos que dejó el gobierno de Daniel Quintero.
Las revelaciones confirman lo que medios de comunicación, ciudadanos, concejales, diputados y veedurías ciudadanas denunciaron a lo largo de los últimos cuatro años: que la corrupción se paseó sin prisa por los pasillos del piso 12 de la Alcaldía.
Lo valioso de este ejercicio es que la Alcaldía documentó con pruebas recogidas adentro lo que ocurrió, no solo con correos electrónicos que develan cómo se daban las instrucciones, sino también con testigos de primera mano, funcionarios y contratistas, que sufrieron toda clase de presiones para que se cumplieran las órdenes que llegaban desde el más alto nivel para favorecer a terceros.
La fotografía no podía ser más elocuente: el alcalde leía un comunicado cuidadosamente elaborado desde el punto de vista jurídico y en la pantalla se veía el texto de “501 hallazgos” y ocupando toda la tarima bloques de cajas con los expedientes que fueron entregados a la Procuraduría, la Personería, la Contraloría y la Fiscalía, para que determinen las responsabilidades. De esos 501 hallazgos, 83 son de tipo penal.
No deja de ser inquietante el entramado de corrupción que se pudo haber tejido en la administración de Quintero. Si se va al detalle se observa, incluso, que había un modus operandi para que fuera más fácil hacer, según lo denunciado, los torcidos. El caso del ya mencionado presupuesto participativo, en el cual la repartija se hacía usando códigos secretos, para beneficiar solo a ciertas corporaciones. Por ahí, se dice, se escurrió la plata para financiar parte de la campaña a la Alcaldía de Juan Carlos Upegui. Algo parecido sucedió con la plata del Inder. En el último trimestre del 2023 se entregaron $16.000 millones en implementos deportivos, pero hasta el sol de hoy no se sabe a dónde fueron a parar.
O el caso del lote de Aguas Vivas con el cual se querían ganar $45.000 millones simplemente con la firma de un documento de un secretario. O la asignación de contratos a dedo, a firmas que no tenían la menor idea de en lo que se estaban metiendo, tal como ocurrió con el mantenimiento del Parque de las Aguas que se le entregó a una empresa del sector textil, que no hizo más que “chambonadas”.
La pregunta no solo es dónde está la plata, sino también quién responderá por ella. La idea de que el distrito de Medellín se constituya en víctima de los casos tiene ese propósito: lograr que los que hicieron el daño sean los que respondan de su bolsillo y no con los recursos públicos.
También el Distrito tendrá que salir a pagar las demandas que vienen en cascada y que hasta el año pasado registraban ya un incremento del 140%. Ahí está el sonado caso del contrato de la chatarrización de los vehículos que reposan en los patios de la Secretaría de Movilidad. Un contrato que iba a ser entregado por $2.038 millones a razón de $98 el kilo de material ferroso, cuando en el mercado valía hasta $1.300, lo cual era un evidente detrimento de más de $30.000 millones. Cómo sería lo que pensaba ganar el contratista al que se le dañó el negocio, que ahora tiene demandado al Distrito por $35.000 millones. Ahí la Alcaldía quedó en el peor de los mundos: con la chatarra acumulada y con una demanda al cuello.
Y todo esto es solo la punta del iceberg, pues sigue pendiente el corte de cuentas en entidades como Emvarias, EPM, la EDU, Ruta N, el Hospital General y el Hospital Infantil Concejo de Medellín, donde también hubo muchas denuncias.
Al menos ahora, los organismos de investigación parecen estar más interesados en avanzar. Ya hay imputaciones en el caso de Buen Comienzo y en el de mantenimiento de zonas verdes. También avanza la indagación por el contrato que se firmó con la Universidad Nacional por $9.000 millones y en cuya evidencia se hallaron productos direccionados a campañas al Concejo y a la Alcaldía de los alfiles de Quintero.
Al final del día, lo que espera la ciudadanía de Medellín es que la justicia castigue a los responsables de este descalabro y que nunca más se permita que los particulares se coman el queso y se llenen los bolsillos con los recursos de todos..