En la recta final está la consolidación de la propuesta del Gobierno Nacional para modificar las normas de prestación de servicios públicos domiciliarios en el país.
Desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se vienen adelantando seis ejes temáticos en los que girará la propuesta para la reforma de la Ley de Servicios Públicos. Se trata de justicia tarifaria; universalización en la prestación del servicio; el usuario como el centro de la regulación; el fortalecimiento institucional y gobernanza; la focalización de subsidios y la participación comunitaria en la prestación del servicio.
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“Han sido acciones concretas las que hemos llevado a cabo junto con el ministro de Minas, Andrés Camacho, para que en el Congreso sea discutida próximamente la reforma a los servicios públicos que hoy dejan por fuera de la cobertura a los sectores populares y más vulnerables del país”, afirmó Alexander López, director del DNP.
El funcionario argumentó que desde 1990 la infraestructura estatal de los servicios públicos se dispuso para la gestión privada como aporte para su arranque, “pero el Estado colombiano terminó asumiendo los riesgos y billonarias deudas que no fueron cumplidas por los privados para garantizar la prestación de los servicios públicos”.
¿Qué cambiaría con la reforma?
Si bien aún no está listo el texto final de la reforma que se presentará ante el Congreso de la República, Valora Analitik dio a conocer un documento de 68 páginas que consolidaría la versión final del borrador de proyecto.
En este se explica, entre otras cosas, la finalidad que tendrá la intervención del Estado en los servicios públicos.
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Por ejemplo, el Gobierno intervendría para garantizar el acceso universal de todos los habitantes del territorio al abastecimiento y al suministro. Y los servicios estarían sometidos a un régimen tarifario solidario y redistributivo.
Asimismo, pretende garantizar el acceso al mínimo vital, que corresponde a 50 litros de agua potable por persona al día y 103,8 kilovatios hora en energía, a los usuarios que no dispongan de capacidad para asumir el valor de las tarifas y que no estén conectados a la red, o que estándolo se encuentran en condiciones legales para la suspensión del servicio.
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En el documento se aclara que el mínimo vital no implica gratuidad del servicio a cargo de los prestadores, pero sí el reconocimiento de un subsidio excepcional para el pago total o parcial en forma temporal de la tarifa, el cual será reglamentado por el Gobierno Nacional. Las entidades territoriales podrán establecer políticas locales de mínimo vital con el fin de atender usuarios de su jurisdicción.
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También propone establecer un régimen tarifario solidario y equitativo en el que el valor de la factura no solo se determine por la tarifa y el nivel de los consumos, sino que se tengan en cuenta otros factores asociados a la información socioeconómica de los hogares.
El reconocimiento del subsidio especial de mínimo vital y su vigencia deberá evaluarse a la luz del caudal ambiental y la oferta hídrica, así como a la subsistencia de las circunstancias que le dieron origen. Y este será asumido total o parcialmente por el Estado o por los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos.
Por otra parte, se establece que las comunidades podrán organizarse para abastecerse. Y esto puede llevarse a cabo a través de redes e instalaciones de propiedad colectiva o de terceros o mediante los esquemas diferenciales o sistemas alternativos definidos por el Gobierno.
Para esto, la Contraloría General de la República deberá elaborar un manual de rendición y examen de cuentas especial para este tipo de organizaciones.
En el artículo 21 del borrador de reforma también se aborda a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
La propuesta del Gobierno es que esta se organice como Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía, sin personería jurídica, y a sus miembros actuales se les agregará un experto representante de la academia, elegido mediante concurso público; y un experto representante de los usuarios con dedicación exclusiva y elegido mediante concurso público.
Los reparos
Para la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) aún hay muchas dudas respecto a los alcances de dicho proyecto.
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Camilo Sánchez, presidente del gremio, recordó que el sector ha tenido más de tres décadas de transformaciones “con sustanciales aumentos en cobertura, calidad, continuidad y sin apagones”, por lo que consideró que no se necesita de una reestructuración total, sino de acuerdos consensuados.
En este sentido, añadió que están listos para el mejoramiento de las leyes actuales que rigen al sector, pero “sin destruir lo que existe, construyendo sobre lo construido (...) Los servicios públicos funcionan y necesitan tecnología, pero no un cambio desde cero”.
“Reiteramos que no hay temor frente a la actualización tecnológica y normativa del marco legal, aclarando que esta no puede ser simplemente producto de una narrativa ideológica, ni para resolver problemas coyunturales de precios o cambiar todo lo que está funcionando. La discusión deberá girar sobre argumentaciones técnicas, jurídicas y fiscales, estimando los impactos que se generarán para no poner en riesgo la suficiencia financiera de las empresas y la prestación del servicio”, señaló Sánchez.
Frente a las modificaciones que tendría la Creg, el dirigente gremial sostuvo que la participación de usuarios en esa entidad no es conveniente, ya que no aportarían el conocimiento técnico necesario para la toma de decisiones.
“No tiene sentido incluir a usuarios sin conocimientos técnicos en una comisión que toma decisiones cruciales para el sector”, subrayó.
También defendió la importancia de mantener el modelo de competencia entre empresas públicas, privadas y mixtas en la prestación de servicios públicos.
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¿Cómo está la prestación?
La radiografía que viene trabajando el DNP muestra que Colombia tiene 12,8 millones de personas sin acceso al servicio de acueducto con calidad, de las cuales 3,2 millones no cuentan con ninguna forma de acceso al agua potable.
En energía eléctrica, el sector reporta un aumento en la cobertura de más del 90%. Sin embargo, cerca de 818.000 viviendas (cerca de 4 millones de personas) no cuentan el servicio, principalmente en las regiones más vulnerables.
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“Si bien ha aumentado la cobertura, también ha sido determinante la brecha sobre la calidad del servicio. Al punto que, según cálculos de DNP, la calidad del servicio de energía es cinco veces mayor en Bogotá si se compara con un territorio como Caquetá. También en cobertura se presenta una inequidad y desigualdad al tener en Bogotá el 99,9% de los hogares con la prestación del servicio frente al 55% de los hogares en Vichada”, explicó López.
Por lo pronto, indicó que ya se definieron cronogramas de trabajo con usuarios, prestadores y sectores sociales a quienes impacta esta reforma.
